Los ministros de Agricultura apremian a la UE para flexibilizar la PAC antes de mayo

La Comisión difundió el pasado 15 de marzo un paquete de medidas para flexibilizar ciertas exigencias de la PAC tras recibir las propuestas de los Estados miembros. El ministro Luis Planas ha confirmado recientemente que el paquete de medidas que ha presentado la Comisión «recoge buena parte de las demandas planteadas por el Gobierno, en nombre de los agricultores y ganaderos españoles».

La cumbre agraria viene precedida por una reunión en Brujas de los Veintisiete, donde abordaron cuestiones como la protección de la industria pesquera y medidas para hacer más atractivo el sector a las nuevas generaciones.

Bloqueo de Hungría

Otro tema polémico en el seno de la Unión Europea al que se han opuesto los agricultores españoles es la Ley de Restauración de la Naturaleza. El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, apremió ayer a los países a «llevar a la meta» la ley -que busca recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030- para evitar socavar la credibilidad de las instituciones europeas y de su proceso de toma de decisiones, ya que depende ahora de la adopción final por parte de los Estados miembro después de que el pleno del Parlamento Europeo la aprobase en febrero en una ajustada votación.

La tramitación del expediente está en manos de la presidencia belga del Consejo, que ha pospuesto sin nueva fecha la votación de la ley después de que el pasado 22 de marzo constatase que esta no contaba con la mayoría necesaria ya que Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia expresaron reparos, a los que se unió además Hungría, en principio defensora del «sí», en un giro que desequilibró la balanza a favor de la minoría de bloqueo y amenaza con encallar el reglamento.

Sinkevicius ha lamentado que este lunes no se haya puesto el «broche de oro» al acuerdo que se alcanzó en noviembre con el Parlamento Europeo. « A la luz de este bloqueo, la UE y los Estados miembro ponen en juego su reputación a nivel internacional», ha incidido.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denuncia que el nuevo texto de las normas de la Unión Europea (UE) sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales afectará negativamente a más granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño, es decir, a las explotaciones familiares. En la actualidad, la normativa de emisiones afecta unas 6.500 de las 82.000 granjas de porcino existentes en España. Se trata de granjas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo (a partir de 30 kg).

Sin embargo, la reducción de límites de tamaño de granjas de porcino propuesto por Bruselas para incluirlas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones «va a afectar a las granjas de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo (a partir de 30 kg), en el caso de porcino», explica la organización agraria. Por otro lado, para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, lo que afectará 313 operadores. El sector porcino y el avícola son los dos únicos sectores ganaderos obligados a aplicar las medidas de reducción de emisiones derivadas de la Directiva Europea. Esta «presión normativa» tendrá un gran impacto, según UPA, sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán necesitar una autorización ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de 3.000 euros, calculan desde la agrupación agraria.

La UE plantea también en su nuevo texto que cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta pública. Para el sector es una oportunidad para que «grupos contrarios a la ganadería impidan esas autorizaciones calificándolas como macrogranjas».