Las autonomías gobernadas por el PP no están dispuestas a asumir parte de la factura de la reforma universitaria LOSU, y este miércoles volvieron a negarse a financiar un porcentaje cercano al 30% del coste que supondrán las nuevas contrataciones docentes.
Como ya hizo hace unas semanas, el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, reclamó a la ministra Diana Morant que «el Gobierno central financie el cien por cien del coste de las plazas de profesor ayudante doctor durante los primeros seis años, ya que las comunidades autónomas lo haremos los 34 siguientes», que será, aproximadamente, la vida laboral de los nuevos ayudantes.
«Pedimos al Ministerio la misma responsabilidad que adquiere la Región de Murcia con sus universidades al comprometerse con la continuidad del 100% de las plazas de este programa. La financiación que le pedimos al Ministerio representa solo el 10% aproximadamente de lo que va a costar esta medida en el cómputo salarial total por la aplicación de una ley y, pese a ello, se niega a financiar al cien por cien en la fase inicial de profesor ayudante doctor», reclamó el consejero, quien añadió que «una vez más estamos ante el ‘yo legislo y tú financias’».
El Gobierno central está dispuesto a pagar durante seis años los sueldos de 3.400 profesores ayudantes doctores adicionales con una partida de 900 millones de euros. En el caso de la Región, el compromiso del Ministerio, que solo se hará efectivo si las comunidades colaboran, pasa por financiar unas 170 plazas de profesor ayudante doctor para las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT) durante seis años. Esos nuevos puestos, a los que pueden acceder doctores, vendrán a amortiguar la falta de profesores que se derivará de la rebaja de la carga horaria de los profesores asociados obligada por la ley universitaria LOSU. La ley establece que los profesores asociados bajarán de 180 horas lectivas a 120, lo que implica que por cada tres de esos docentes sería necesaria una nueva plaza de profesor para atender la misma carga lectiva.
Tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria este miércoles, las comunidades del PP reiteraron su negativa a cofinanciar el plan. Vázquez resaltó tras el encuentro que «la presión ejercida ha hecho que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ceda en algunas medidas para la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), si bien sigue siendo insuficiente para abordar con garantías la aplicación de la Ley».
El consejero reiteró que los plazos de implantación de la Ley eran «irreales e inasumibles», y valoró que el Ministerio finalmente «se haya dado cuenta de su error y haya aceptado un nuevo calendario de aplicación de la LOSU», que podrá aplicarse durante los próximos cuatro cursos académicos en vez de hacerlo el próximo curso 2024-2025. Vázquez pidió a Morant que se recupere el grupo de trabajo, creado por el propio Ministerio, para avanzar en la aplicación de la Ley. «No nos parece leal que el Ministerio se haya reunido con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y nos enteremos por los medios de comunicación», lamentó.
Morant: «Si no entran las comunidades, no entraremos»
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, avisó de que el Gobierno solo financiará el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas «si hay una corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Si no entran las comunidades autónomas no entraremos», zanjó la ministra tras presidir la Conferencia General de Política Universitaria. El Ministerio, que en un borrador inicial estimó en 4.200 las plazas de profesores necesarias para el desarrollo de la Ley de Universidades, exige la correspondiente participación de cada una de las comunidades autónomas, como administraciones competentes, que deberán sufragar el resto de las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan sus universidades públicas.
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