El juicio por la pieza murciana del ‘caso Púnica’, una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas, tendrá que esperar. La Audiencia Nacional, que tenía previsto arrancar esta vista a partir del 6 de mayo, ha anunciado que el calendario tendrá que alterarse porque el magistrado ponente se encuentra de baja y no se sabe aún cuando se reincorporará a su puesto.
El juez que debería sustituirle no puede hacerlo porque participó en parte de la instrucción de la causa y el resto de magistradas que conforman el tribunal ya están esos días celebrando otros casos. La Audiencia Nacional, por tanto, deja en el aire el momento en el que deba sentarse en el banquillo Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo en los gobiernos del popular Ramón Luis Valcárcel, junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.
La Fiscalía atribuye un papel principal en esta causa al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, un presunto «conseguidor» quien, junto a su socio, el también imputado Alejandro de Pedro, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como ‘networking management’ y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.
En concreto, lo que presuntamente se ofertaba a destacados políticos a través de la empresa Eico, controlada por Alonso y De Pedro, consistía en impulsar campañas personales de imagen que construyeran una reputación positiva en internet y que, a la vez, permitiera neutralizar las noticias negativas vertidas contra estos cargos públicos.
Estas ofertas de lavado de la reputación las habría recibido en 2014 el entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, en quien en ese momento se daba la circunstancia de que se disputaba con otro consejero, Pedro Antonio Sánchez, la posibilidad de reemplazar a Valcárcel como líder del PP regional y futuro candidato a la Comunidad.
Esa labor de mejora de la reputación personal de Ruiz, según sostiene el fiscal en su escrito, iba a ser camuflada presuntamente bajo un contrato con el Instituto de Turismo denominado Plan de Comunicación Digital del Instituto, por importe de 20.040 euros. También a través del Info, encubriendo los pagos bajo la denominación Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento, que importaba 50.000 euros, siempre según las acusaciones de la Fiscalía.
En ese presunto acuerdo ilícito con la firma Eico, por el que las arcas públicas iban a asumir el coste de unos trabajos de carácter personal, habrían intervenido presuntamente quien era el jefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz, Fidel Saura Guerrero; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz.
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Enlace de origen : El juicio por la rama murciana de la Púnica se aplaza 'sine die'
