La coalición IU-Podemos-AV se opone a la «legalización exprés» de 30 granjas porcinas irregulares repartidas por el municipio. Su portavoz, Pedro Sosa, se hizo eco de la información publicada por el diario LA VERDAD sobre el proceso de regularización que afecta a esas explotaciones, que están fuera de la ordenación urbanística, y que está tramitando de manera conjunta el Ayuntamiento con la Comunidad Autónoma.
Según Sosa, ese «intento de legalización de lo ilegal por la puerta de atrás» causará perjuicios a muchos vecinos de Lorca, afectará al medio ambiente, a la calidad del aire que se respira, a la calidad del agua y del suelo que se puede estar contaminando por nitratos, a la correcta ordenación del territorio, a la buena armonización de los usos del suelo y a la «indeseable normalización de una competencia desleal con los ganaderos que hacen bien las cosas».
Para el edil esta legalización «pisotea» la Ley del Suelo y la Ley de Protcción Ambiental Integrada. Aseguró que «no se pueden puentear las leyes que afectan a todos», a los órganos consultivos de la administración, al Consejo Jurídico de la Región, al Consejo Económico y Social y a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Sosa reclamó a los gobiernos municipal y regional, ambos de coalición entre PP y Vox, que expliquen a los lorquinos qué granjas se van a beneficiar de esta medida, dónde se ubican y a qué pedanías «condenarán a soportar malos olores y nubes de moscas» y qué acuíferos y suelos «seguirán contaminando».
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