La justicia murciana afronta estos días la despedida de otra de sus grandes figuras –tras la marcha de Ascensión Martín–. La magistrada Pilar Alonso firmó este lunes su acta de cese al cumplir los 72 años –el máximo que marca la ley– y tras hasta 42 años de carrera en los tribunales. Lo hizo, rodeada de un gran número de compañeros, ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pascual del Riquelme, y de Miguel Ángel Larrosa, presidente de la Audiencia Provincial, órgano en el que ha prestado servicio los últimos 29 años.
Nacida en Elche, Alonso ha forjado durante décadas una reconocida carrera que arrancó en 1976 como juez de distrito. Su inquietud profesional la llevó por los juzgados de Lorca (1984-86), Albacete (1987-89) y Murcia, donde en 1989 asumió el Juzgado de Primera Instancia número 3, hasta que dos años más tarde fue designada magistrada de la Audiencia.
En 2010 optó a presidir la Audiencia Provincial –se impuso su compañero Andrés Pacheco– y en 2015 hizo lo propio con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.
La designación para ese cargo de Miguel Pasqual del Riquelme, compañero suyo en la Asociación Francisco de Vitoria, encendió el debate –aunque ella nunca llegó a pronunciarse al respecto–. Un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciaron que había existido «una discriminación por razón de sexo» y hasta una «desviación de poder», recordando que Pilar Alonso se encontraba 1.160 puestos por encima de Pasqual del Riquelme en el escalafón y que sus méritos eran difícilmente rebatibles. Alonso interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo que llegó a descabezar el TSJ al anular, por falta de motivación, el nombramiento del presidente del TSJ.
La justicia, sin embargo, acabó confirmando la elección del actual presidente de la justicia regional. Un mes después, el Pleno del CGPJ volvió a votar la presidencia del TSJ y salió de nuevo elegido Pasqual del Riquelme, esta vez con dos votos más que en la anterior ocasión. El Supremo desestimó un segundo recurso de la magistrada Alonso contra el nuevo nombramiento, indicando que no se produjo desviación de poder, ni arbitrariedad, ni discriminación de la mujer.
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