«¡Murcia tiene un problema de la leche!»

La decisión hizo retemblar de maldiciones las colas de señoras en las plazas y mercados, los afiliados a las barras de los bares y la salida del personal de las misas de la tarde de aquél día. Cómo sería la cosa que incluso el diario de la Dictadura franquista ‘Línea’ llegó a publicar en su portada: «Ha sorprendido al vecindario muy desagradablemente la noticia […] del aumento del precio de la leche».

El alcalde lavaba sus manos tras toquetear las ubres de las vacas advirtiendo de que tomó la decisión tras «unas reuniones con los ganaderos que abastecen la ciudad». Sin embargo, ‘Línea’ insistía en que el acuerdo fue recibido «con disgusto y mal humor, por lo inesperado y considerable, pues rebasa un 35 por 100 la subida».

Consecuencia inmediata: las economías familiares más modestas, que en aquella época no serían pocas, sintieron semejante abuso. El redactor de ‘Línea’ tampoco buscaba convertirse en un mártir, claro. Por ello apuntó a renglón seguido que la nueva norma se debía acatar «por justa y procedente». Échenme ustedes cartas.

A pesar de claudicar al tercer párrafo, que ya fue meritorio, el plumilla dejó caer una frase que incrementaría la polémica poco después. «Si hay que dar por buena y razonada la subida», contaba ‘Línea’, habría que exigir a los ganaderos lo que muchos murcianos pedían: calidad en la leche. En otras palabras: «si pagamos leche pura, que no nos la den con agua».

Deténgase el lector un instante para poner en contexto el escándalo que pronto iba a zarandear la ciudad. Solo una semana antes, el 9 de octubre, el Boletín Oficial del Estado anunció que liberalizaba los precios de la leche fresca en producción y consumo.

El Consistorio anunció la subida el día 15 y destapó la caja de los truenos. Una jornada después, ‘Línea’ arremetía contra la decisión del alcalde. El primer edil aguantó una semana. Hasta que presentó una moción donde establecía que el Ayuntamiento acataba la norma ministerial. Primer balón fuera.

El alcalde que renunció

Por otro lado, aseguró que daría cuantas licencias le solicitaran para abrir nuevas lecherías, sin duda en el intento de fomentar la competencia y la bajada de precios. Mejor no escribir lo que respondieron los lecheros que ya operaban en la urbe. Por último, el alcalde amenazó con cerrar aquellas expendedurías que no cumplieran la ley. Huelga anotar que la moción fue aprobada por la Comisión Permanente, reconociendo en su decisión que existía un «problema de abastecimiento de leche». ¿Seguro?

Aquel primer edil, por cierto, apenas había estrenado el cargo en junio. Se llamaba José Coy Cerezo y era un exitoso comerciante que en política impulsó, entre otras cosas, el flamante barrio de Vistabella. También municipalizó el servicio de transportes y aprobó un plan urbanístico, aunque esas son otras historias. Incluso renunció a su cargo, algo tan sorprendente entonces como ahora.

El empeño de Coy para garantizar la calidad de la leche iba en serio. En los meses siguientes se realizaron inspecciones en las lecherías y, además, se estableció una relación sobre su número y ubicación.

Esos datos, que se atesoran en diferentes documentos del Archivo Almudí, evidencian que Murcia atesoraba en 1949 hasta 36 lecherías, sin contar otras tres en las pedanías de Espinardo, La Alberca y Algezares.

La Cooperativa Ganadera de Productores de Leches y Derivados era el organismo encargado de realizar análisis diarios. Entre ellos, por citar un ejemplo, el que obligó a incautarse la leche de Antonio García Lax, por «estar adulterada con agua en la proporción de un 12 por ciento», según reza un documento fechado el 30 de noviembre.

En apenas un mes, otros cuatro ganaderos serían multados por similares prácticas. El mayor porcentaje de agua detectada alcanzó el 15%. Los inspectores siguieron presionando durante los meses siguientes e imponiendo no pocas sanciones que, de tanto en vez, aparecían en los diarios.

Una ‘lista negra’

Eso le ocurrió a Dolores Anguita Casanova, dueña de una lechería en la calle de San Carlos, de la capital. A Dolores le impusieron 200 pesetas por vender «leche calificada de no apta». A la pena se sumó otra peor: la suspensión durante una semana de su licencia de venta. Si es que acaso la cumplió.

En la práctica, los lecheros seguían ofreciendo el género, unas veces a puerta cerrada y otras con la cara más dura que la rodilla de una cabra. Por ejemplo, tras ordenarse el cierre de una lechería en la calle López Puigcerver, el dueño la mantuvo abierta. Pero con un cartel en su puerta que rezaba: «Se vende leche más apta». Con un par.

De la cuestión del agua se pasaría, ya entrado 1950, a la del estado de las expendedurías. La prensa denunció entonces, como hizo ‘Línea’, que «se vende la leche en bajos que se aproximan mucho a la calificación de inmundos».

Estas cosas contaba el periódico en una curiosa sección titulada ‘La lista negra’. Sección que, por cierto, estaba dedicada de forma exclusiva a pregonar las multas e infractores lecheros. Aunque desde ‘Línea’ llegaron a anunciar que «después incluiremos a los panaderos que persistan en dar el pan mal cocido y peor pesado». Otra que te pego.