Un año más, la situación de degradación ambiental en el Mar Menor y de la bahía de Portmán y la Sierra Minera de La Unión ha vuelto a merecer en la Región de Murcia el tirón de orejas que Ecologistas en Acción realiza con la concesión de sus banderas negras, una distintivo que señala los enclaves más deteriorados de la costa española.
La organización ambientalista presentó este miércoles su estudio de 2024 donde recoge las afecciones ambientales más graves en el litoral, que incluye otros 46 puntos en el país y que este año ha destacado la turistificación y urbanización del litoral, especialmente en las Islas Canarias.
Ecologistas vuelve a señalar a la bahía de Portmán y la Sierra Minera por su contaminación y a la maltrecha laguna salada por la «mala gestión». Respecto a la primera, Ecologistas recuerda que el Ministerio se comprometió a elaborar un nuevo proyecto y coordinar la ejecución de la regeneración con la recuperación del puerto. La zona, que sigue guardando miles de toneladas de estériles contaminantes procedentes de la minería desde la paralización hace ya 34 de los vertidos de la empresa Peñarroya, ha sido objeto del anuncio de varios proyectos de descontaminación que nunca se han llevado a término.
La organización lamenta que la propuesta de alternativas presentadas en otoño de 2023 por la empresa contratada para ello fue, según valora la organización, «de nuevo decepcionante». La considera carente «de rigor y claramente dirigida a justificar el sellado». Además, según apunta, no contaba «con una sola propuesta que recogiera las demandas de los colectivos sociales y ambientales, que de nuevo han tenido que recordar los acuerdos alcanzados en la Comisión de Seguimiento, en la que están representados, y que ha tenido un funcionamiento con muchos altibajos desde su creación en 2006».
Ecologistas en Acción considera «urgente», también, que el Gobierno regional ejecute las actuaciones contempladas en el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM), «que lleva años aprobado en un cajón», y que las coordine con los trabajos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está ejecutando en la vertiente al Mar Menor.
En lo referente a la laguna salada, la organización denuncian que los «nutrientes de origen agrícola» que siguen llegando al mar «no se han limitado suficientemente», y sanciona la intención del Gobierno regional de rebajar la ley de protección del ecosistema, «ya de por sí poco ambiciosa». Además, acusa a la Comunidad de llevar «años evitando la planificación y permitiendo el incumplimiento de diversas normas y leyes» en un espacio donde cuenta con «la mayor parte de las competencias para resolver el problema». Al Gobierno central, al que reconoce una respuesta «más decidida», le afea el «retraso» a la hora de tomar partido en la crisis ambiental. Por otra parte, apunta que pese a la mejora en la coordinación interadministrativa, esta sigue siendo «escasa». «El Gobierno regional se empeña en evitar las medidas en origen, protegiendo los intereses del sector agrícola y ganadero», concluye el informe.
De las banderas negras repartidas por Ecologistas en Acción este año, 16 se deban a vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración; seis tiene su origen en la contaminación química, lumínica y/o acústica; una se otorga por daños al patrimonio histórico y cultural; tres por acumulación de basuras marinas; tres por dragados y ampliaciones portuarias sin justificación; y cuatro por afecciones a la biodiversidad.

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