El grupo armado acusado de extorsión también siguió a la hija de una escritora

Apenas faltan diez minutos para las nueve de la mañana del pasado 9 de mayo cuando suena el teléfono de la mujer de un empresario de la Región. En la pantalla un número desconocido pero de nueve dígitos y nada sospechoso. Descuelga.

–Diga.

–Buenos días, señora X –se omite el apellido para proteger la identidad de las víctimas–.

–Diga.

–Sí, nos escucha usted.

–Diga.

–Buenos días, señora X –se omite el apellido para proteger la identidad de las víctimas–.

–Diga (…)

–Usted es la señora X.

–Sí, ¿quién es usted?

–Ya sabe usted quién soy.

–No sé quién es.

–Pues yo me llamo Chay (…)

–¿Cómo?

–Me llamo Chay.

–Cay.

–Chay, chay.

–¿Y qué quiere?

–Vale. Quería hablar con usted para informarle de dos cosas muy importantes. Una, yo soy el intermediario. Otra, este número de teléfono es el que voy a utilizar con usted.

Esta conversación, captada por los investigadores de la brigada provincial de Información de la Policía Nacional, demuestra el modo de actuar del grupo armado de ultraizquierdas que la Policía Nacional ha desmantelado en la Región y que se dedicaba a extorsionar a empresarios. A esta llamada precedieron varios meses en los que el principal investigado, Juan Antonio Carrillo, sometió a la familia a vigilancias con la ayuda de balizas que colocaba en sus coches, tal y como él mismo reconoció. Y una carta. Una misiva, acompañada de una bala, en la que alguien que firmaba Grupo de Acción Ciudadana (GAC) le reclamaba 100.000 euros al empresario. El remitente camuflaba esa petición en una especie de «expropiación económica» por los beneficios de las arcas públicas que, a su entender, había obtenido el afectado «de forma ilícita o de dudosa moralidad».

Cerca de un mes después, Juan Antonio Carrillo –que está siendo defendido por el abogado Jorge Novella– destapó la caja de Pandora ante los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía. Explicó que había fundado un partido político en el año 2017 llamado Acción Murcia, del que era secretario general. Una formación que se definía «ni de derecha, ni de izquierda, del sentido común» y que se presentó a las elecciones municipales de 2019 en Cieza y Totana con escaso éxito. Carrillo también afirmó estar tras la asociación Plataforma Ciudadana de Resistencia (PCR) con la idea de «señalar a políticos y empresarios corruptos».

A lo largo de su testimonio, el sospechoso asumió, además, que él era el único administrador de las redes sociales de esta plataforma, cuyos gastos costeaba por completo de su bolsillo. Reconoció, asimismo, ser él la persona que, cubierto con pasamontañas y guantes y pertrechado con un distorsionador de voz, aparecía en un vídeo colgado en el perfil de Facebook de PCR. En esas imágenes, bajo el título Licitaciones a dedo, señalaba supuestos contratos adjudicados a dedo y sin control durante los meses en que la covid golpeó con más virulencia.

En esa supuesta tarea de lucha contra la corruptela, el cabecilla del grupo reconoció que había sometido a vigilancia a la familia de este empresario de la Región, incluidas sus dos hijas adolescentes –una de ellas menor de edad– y lo justificó en unas pesquisas que, según su versión, realizó tras cotejar subvenciones y descubrir que la mercantil del afectado había vendido mascarillas «por un altísimo coste». Remarcó a los agentes que la víctima había realizado unas ventas al Servicio Murciano de Salud (SMS) con unas «comisiones excesivas» en el periodo del Estado de Emergencia derivado de la pandemia «sin control alguno».

A lo largo de su declaración, el principal investigado en este caso desveló, además, que había estado haciendo seguimientos a otra víctima, la hija de una profesional del mundo de la cultura. El sospechoso explicó que, aunque había valorado la posibilidad de extorsionar a la familiar de esta escritora, afincada en la Región, finalmente lo descartó y se centró en el empresario denunciante y sus allegados.

Otros supuestos compinches

En sus actividades, el sospechoso sostuvo siempre que actuó solo. La Policía Nacional detuvo, no obstante, a otros tres hombres. Se trata de un trabajador de Carrillo que supuestamente le ayudó a realizar esas vigilancias a una de las hijas del empresario. Entre los investigados aparecen además otros dos sospechosos que figuraban en el equipo de la citada plataforma. Ellos sostienen que solo pusieron su firma ante la petición de su conocido.

La Policía encontró en su vivienda, de la pedanía murciana de Sangonera la Seca, dos artefactos explosivos con sendas garrafas de gasolina, cuatro tarros con mechas, material pirotécnico, dos armas de fuego y gran cantidad de munición y cartuchería. Preguntado por los motivos para almacenar tal cantidad de explosivos y munición, remarcó que su padre era pirotécnico y que desde pequeño siempre le había acompañado esa afición.

Juan Antonio Carrillo llamaba «expropiación económica» al pago de 100.000 euros que exigió supuestamente a un empresario a través de una carta que iba acompañada de una bala y fotografías de su familia. Lo que el principal acusado de montar un grupo armado llamaba «expropiación» realmente era una extorsión. Para los investigadores de la brigada provincial de Información de la Policía Nacional, el empleo de este eufemismo es similar al que utilizaban bandas como ETA y Grapo cuando exigía un impuesto revolucionario. Además, señalan que, «al igual que es habitual en grupos de naturaleza terrorista», desde 2020, Carrillo intentó generar, a través de la Plataforma Ciudadana de Resistencia (PCR), un movimiento social acorde a su ideología para crear un caldo de cultivo con discursos sobre la legitimación y comprensión de la violencia, cuando se trataba de combatir la injusticia y la corrupción política. «La totalidad de la actividad de PCR, desde su constitución en septiembre del año 2021, ha estado enfocada en dar visibilidad a una presunta corrupción sistemática por parte del PP de la Región y de cierta parte del empresariado, señalando como la Justicia está al servicio de la clase política». El objetivo era, apuntan los policías, «generar apatía y desconfianza en los ciudadanos en el actual sistema democrático». Así, estableció un objetivo «idóneo»: empresas que se beneficiaran de licitaciones o contratos públicos.

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