Inquietud entre los juristas por las dudas sobre la aplicación de la amnistía

La ley de amnistía entra en una nueva y más problemática fase, tras su polémica aprobación por parte de las Cortes Generales: la de su aplicación por parte de jueces y tribunales, a los que plantea numerosas «dudas» y aboca a una complicada «interpretación» caso por caso, y la de la simultánea revisión de su legalidad por parte del Tribunal Constitucional (TC) y, en su caso, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En todo ello, así como en la inconstitucionalidad de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para dejar sin efecto la mayor parte de los delitos relacionados con el ‘procés’ para la independencia de Cataluña, coincidieron este jueves en Murcia destacados juristas.

Lo hicieron durante una mesa redonda organizada por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia en la Facultad de Derecho de la UMU, bajo el título de ‘La ley de amnistía, una encrucijada jurídica’. «Esta ley tiene una naturaleza política, a la que se pretende dotar de naturaleza jurídica. Estamos ante un planteamiento absolutamente político, en cuanto a su concepción y ejecución, que se quiere valer del instrumento jurídico pero no de los principios jurídicos», advirtió el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y abogado Jaime Miguel Peris. Y, tras señalar que el legislador «de nuevo pasa la pelota a quien tiene que tomar la decisión final» en cada procedimiento judicial, hizo un augurio: «Igual que dije que pagaría el pato la judicatura con la ‘ley del sí es sí’, veremos cómo en un mes se dirá que el problema con la ley de amnistía es su aplicación por parte de los jueces».

Peris calificó de «gravísimo» y «una locura» que solo días después de la publicación en el BOE de llamada Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se hayan dictado ya sentencias. Citó la del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad que deja sin efecto la condena al exconseller de Interior de la Generalitat Miguel Buch por malversación de fondos públicos. También planteó los problemas relativos al tratamiento de ese delito, respecto a la consideración del ánimo de lucro como enriquecimiento personal; del delito de terrorismo, al limitar el castigo a los actos que se consideren graves violaciones de derechos humanos; y de otras cuestiones «absolutamente cuestionables» desde el Derecho penal.

El letrado de las Cortes Generales y abogado Manuel Fernández-Fontecha alertó de que «se abre un abismo» para jueces y magistrados en cuanto a su responsabilidad en la interpretación de una ley marcada por la indefinición. Y calificó de «abismo» la propia ley, pues vulnera la Carta Magna de 1978 y fija una discriminación sobre la base de un «atentado al derecho a la libertad ideológica». Sobre lo primero, afirmó que «es imposible encajar la ley» en el texto constitucional, pues choca con el artículo 9, relativo a la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la propia Carta Magna. Sucede, explicó, que la amnistía, a diferencia del indulto, que no borra el delito, no está recogida de forma «explícita» en la Constitución.

Ironía sobre Puigdemont

Fernando Castillo, profesor de Derecho Procesal de la UMU, avisó: «La amnistía no es una ley de aplicación automática. Esto no es, como ha dicho algún político, algo que está muy claro». E ironizó, en una crítica con la que aludió al fugado expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al Ejecutivo de PSOE y Sumar y que arrancó risas entre el público: «La ley pone el alzamiento de las medidas de carácter personal lo primero, como si alguien tuviera que volver rápidamente al territorio nacional».

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