Funcionarios de prisiones denuncian una agresión «brutal» a un profesional en la cárcel de Campos del Río

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denunció públicamente que un interno del centro penitenciario Murcia II, situado en el municipio de Campos del Río, agredió «brutalmente» este jueves a un funcionario de prisiones de servicio en el Departamento de Jóvenes, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado. En este sentido, la Asociación precisó que en la prisión se considera jóvenes a los internos mayores de 18 y menores de 21 años y, excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los 25 años de edad, según artículo 173 del Reglamento Penitenciario.

El interno en cuestión, tras haber protagonizado un conato de pelea en el patio del módulo y presentar una actitud «muy violenta y agresiva», fue separado del resto para intentar que se tranquilizara y depusiera su actitud. Ya en la zona de seguridad, mientras se intentaba «desescalar» la situación y sin que nadie lo esperase, el individuo «se abalanzó sobre uno de los funcionarios de prisiones presentes, golpeándole violentamente en la cara en repetidas ocasiones», según las mismas fuentes.

Como consecuencia de los golpes, el funcionario de prisiones sufrió heridas en el labio y pómulo, teniendo que abandonar su puesto de trabajo para ser atendido por personal sanitario que procederá a valorar la gravedad de sus lesiones. Gracias a la intervención de los funcionarios de prisiones que acudieron en su ayuda, «no hubo que lamentar males mayores», según la APFP.

Tras la agresión, el interno fue trasladado al Departamento de Régimen Cerrado, manteniendo en todo momento la misma actitud «violenta y agresiva», intentando zafarse continuamente con reiteradas tentativas de agresión a los funcionarios encargados de su traslado, «siendo necesario utilizar la fuerza física mínima imprescindible para contenerle y evitar que pudiese agredir a más personal», tal y como precisó la Asociación.

La APFP manifestó en primer lugar su «más enérgica repulsa» a esta «injustificada agresión», a la vez que mostró todo su apoyo al compañero agredido y al resto del personal involucrado. Del mismo modo, la Asociación solicitó a la administración penitenciaria «una actuación ejemplar y decidida ante este tipo de situaciones ordenando, con carácter inmediato, el traslado del interno a otro centro penitenciario lo antes posible».

«Aprovechamos para recordar que estas situaciones se dan, por desgracia, cada vez más a menudo», según la Asociación, que arremetió contra «las políticas ‘buenistas’ que insisten en la relajación de medidas regimentales y el detrimento de la autoridad de los profesionales penitenciarios frente a los internos». A su juicio, estas políticas «están generando un caldo de cultivo cuyas consecuencias siempre sufren los mismos, los profesionales penitenciarios en contacto directo con los internos».

APFP aseguró que seguirá exigiendo al Ministerio del Interior un estatuto propio como marco normativo para los profesionales penitenciarios, el Grupo B para los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, el reconocimiento de profesión de riesgo, la adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña.

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