Lunes, 8 de julio 2024, 12:04
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Un exarquitecto municipal del Ayuntamiento de Águilas afronta penas que suman diez años y medio de cárcel acusado de falsear las certificaciones de unas obras en la urbanización Calarreona en 2008. La Fiscalía reclama, además, que se le impongan hasta 16 años de inhabilitación a José E. que, junto a otro profesional también procesado, presuntamente dio el visto bueno a los trabajos, que contaban con un presupuesto de 518.252 euros, pese a que no se había llegado a ejecutar realmente lo reflejado en los documentos.
El Ministerio Público entiende que el exarquitecto municipal incurrió en un delito continuado de falsedad en documento público y otro de malversación que causaron a las arcas locales un detrimento de 153.777 euros, del que exige que el acusado responda civilmente junto a la empresa adjudicataria de las obras.
El juicio contra José E. y Andrés C., que actuó como técnico director de ejecución del Ayuntamiento en estas obras, debería haberse iniciado esta semana en la Audiencia Provincial ante un jurado. Según explicaron fuentes cercanas al caso, la incomparecencia de algunos de los miembros del tribunal popular ha obligado a aplazar la vista, no alcanzándose el número mínimo para comenzar la selección. Los miembros del jurado que no comparecieron serán contactados y, en el caso de no poder justificar su ausencia, podrían enfrentarse a una multa.
«Con conocimiento de su contenido falaz»
Los hechos que llevarán al exarquitecto municipal aguileño hasta la justicia se remontan al verano de 2008, cuando el Ayuntamiento de esta localidad aprobó un proyecto para la realización de diversas obras de pavimentación de calzadas y encintado de aceras en la urbanización Calarreona. El presupuesto se fijó en 598.999 euros y la ejecución de los trabajos se adjudicó a una UTE de empresas por 518.252 euros.
El fiscal sostiene en su escrito que José E., actuando como arquitecto técnico en la dirección de obra del Consistorio, y Andrés C,. como técnico director de ejecución del Ayuntamiento, «expidieron, obrando ambos concertadamente y con conocimiento de su carácter falaz» cuatro certificados de obra. Remarca que estos profesionales no podían desconocer el carácter irreal que esos escritos reflejaban respecto al aspecto contable. En la última de esas certificaciones se declaraba la recepción de obra, reconociéndose la cantidad de 510.903 de euros como la finalmente gastada.
El Ministerio Público remarca, sin embargo, que en febrero de este año todavía no procedía haber certificado el final de obra ni haber emitido el acta de recepción de obra pues restaba un 1,42% sin ejecutar. La acusación subraya que «no se había llegado a ejecutar realmente lo reflejado» y además «lo realizado materialmente lo fue con materiales de calidad distinta e inferior» a la que se fijaba en el proyecto.
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