Martes, 9 de julio 2024, 13:18
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Ejemplares de atún rojo a los que presuntamente se les inyectaban aditivos para avivar el característico color rojo de la carne de este pescado; instalaciones «que funcionaban al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables»; y jugosos beneficios que no aparecían en ningún papel. Han sido cerca de seis años de investigaciones, pero la Audiencia Nacional ya parece haber desenmarañado el complejo modo de actuar de la presunta trama ilegal de comercio de atún rojo que supuestamente salpica de lleno a la empresa cartagenera Ricardo Fuentes.
En un contundente auto el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid encamina a juicio a ocho personas y doce empresas, entre ellas el Grupo Ricardo Fuentes, por la presunta comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos con ese negocio. Entre los procesados, según especifica el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, se encuentran los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García, responsables de la firma cartagenera, principal grupo exportador de atún a nivel mundial.
Junto a ellos se encuentran también a un paso de sentarse en el banquillo los dirigentes del Grupo Pescnortmar -Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim- y un guardia civil destinado en Torre Pacheco que, presuntamente, daba cobertura a la trama facilitando información a los responsables de Ricardo Fuentes sobre los seguimientos de los que era objeto.
En su auto de pase a procedimiento abreviado, la jueza da ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
La investigación, según sostiene la juez de la Audiencia Nacional María Tardón en su auto, ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes. La magistrada asegura que inyectaban aditivos a los ejemplares para darles una apariencia de frescura, «poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores».
En su auto de pase a procedimiento abreviado, la magistrada considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de presuntos delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
Aditivos para dar una apariencia de frescura
El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente. Otra parte se realizaba supuestamente de manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano. Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue supuestamente ideado por la organización para dificultar la detección del fraude.
Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde recurrían a falsedades documentales de diversa índole, explica el escrito. La juez señala que la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban los investigados en su actuación. A esto se suma el hecho, sostiene, de que durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene como el aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido.
La magistrada añade que la constante adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impedía la trazabilidad de los alimentos. Esta es una cuestión básica para la salud pública, dado que el almacenamiento y posterior venta amparada bajo esta documentación producía la consecuencia de que, finalmente, no podía conocerse de dónde procedía el atún, cuándo se había sacrificado, cuánto tiempo llevaba en expedición…
En el contexto de esta distribución en el mercado de consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores, indica.
Para la instructora, han quedado también indiciariamente acreditadas las condiciones en las que funcionaban las instalaciones de los investigados, especialmente una «nave B» que utilizaban sin permiso administrativo de funcionamiento y que operaba al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables, según remarca la Audiencia Nacional en su auto.
El grupo de empresas Ricardo Fuentes, al que la juez envía a juicio junto con otras once mercantiles, indica la resolución, es el mayor exportador de atún rojo y tiene su sede central en Cartagena. Posee diferentes granjas de engorde en la Región de Murcia, así como en Malta y Túnez y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
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Enlace de origen : La Audiencia Nacional encamina a juicio a la empresa Ricardo Fuentes por la presunta trama ilegal del atún rojo
