Miércoles, 10 de julio 2024, 13:51
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José Vélez, líder del PSRM-PSOE y exalcalde de Calasparra, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo por el caso de la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra. El fiscal ha remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz en el que solicita que, una vez concluida la instrucción del caso, el magistrado dicte un auto de continuación por procedimiento abreviado -que viene a equivaler al procesamiento- contra Vélez, los concejales socialistas en el Consistorio calasparreño Antonio José Merino y Jordi Arce (exgerente del PSRM-PSOE); y el representante de Chipé Producciones S.L.
El Ministerio Público considera que la instrucción ha puesto de relieve indicios de la presunta comisión de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en la gestión de la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra desde 2017 a 2019.
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Los promotores de esta denuncia fueron los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, que ya en ocasiones precedentes habían impulsado actuaciones judiciales contra Vélez y Arce. Los hechos aparentemente delictivos se centran en los años 2017, 2018 y 2019, y están relacionados con la organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de Calasparra.
El fiscal, en su escrito, explica que en los convenios de colaboración suscritos entre el Consistorio y Chipé Producciones S.L. en 2017 y 2018 se fijó un precio como contraprestación que el Consistorio debía satisfacer sin que existiese un informe técnico que justificase ese montante. El Ministerio Público hace hincapié en que los propios investigados reconocieron que el precio se fijó preguntando de forma verbal a personas entendidas en la materia y a profesionales.
El aumento de dotación de los convenios, remarca el fiscal, «debió contar con la necesaria justificación al tratarse de dinero público»
Subraya, además, que el incremento de precio que se produjo de un convenio a otro tampoco encuentra apoyo técnico o documental, aunque el importe de las ganaderías hubiera ascendido en ese periodo. Ese aumento, incide el fiscal, «debió contar con la necesaria justificación al tratarse de dinero público sobre cuya administración debe existir el máximo rigor».
Una vez finalizada la relación que Chipé mantenía con la mercantil La Caverina, propietaria del coso, se firmó por parte del Ayuntamiento un nuevo contrato de arrendamiento con la dueña de la plaza en julio de 2009. En una cláusula de ese contrato, explica el fiscal, se indicaban los festejos que el Consistorio estaba obligado a celebrar, y que coincidían con los que anteriormente llevaba a cabo Chipé.
El Ministerio Público sostiene, sin embargo, que cuando se firmó ese contrato «se conocía por todas las partes que la gestión de la plaza y organización de los festejos iba a seguir realizándola Chipé, al carecer, presumiblemente el Ayuntamiento de medios para hacerlo». Esta circunstancia, explica el fiscal en su escrito, se produjo sin que que se tramitara expediente administrativo alguno sobre lo que vino a suponer una aparente cesión del arrendamiento por parte del Consistorio a la empresa».
Vélez, que está siendo defendido por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, ha defendido reiteradamente que actuó «siempre guiado por el interés general».
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Enlace de origen : El fiscal pide que se siente a Vélez en el banquillo por el caso de la plaza de toros de Calasparra
