Los alcaldes de Cartagena, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares aprovecharon su comparecencia ayer en la comisión de la Asamblea Regional que estudia la reforma de la ley del Mar Menor para reclamar actuaciones pendientes o paralizadas desde hace tiempo, y entre ellas se coló una que resuena mucho últimamente. Los regidores Noelia Arroyo, Pedro Javier Sánchez y Mario Pérez pidieron, con distintos niveles de urgencia, la intervención en el acuífero del Campo de Cartagena para rebajar el nivel freático, y frenar así la entrada de nutrientes por la rambla del Albujón y hasta la laguna.
La primera edil de Cartagena reclamó la reactivación «con urgencia» del plan Vertido Cero y la construcción del colector norte para reducir esa masa de agua subterránea. En este tema se ha centrado en varias ocasiones alegando que «nadie ha dado una solución mejor» hasta ahora para evitar la entrada de agua dulce con nitratos por la rambla del Albujón. «La solución existe, pero está guardada en un cajón», defiende, «es irresponsable no tener en cuenta que los riesgos serán los mismos si seguimos haciendo las mismas cosas». Ha pedido también el uso de los pozos para riego de la comarca para quitar presión de la masa de agua subterránea.
El alcalde de San Pedro hizo lo propio, en la misma línea que están siguiendo los consistorios del PP en la Asamblea. Sánchez pidió una actuación sobre el acuífero, aunque en su municipio no tiene incidencia, y la construcción de un emisario al sur de la laguna en caso de que salga adelante el colector para retener y desnitrificar los caudales subterráneos contaminados que afloran por el Albujón.
El primer edil alcazareño rechaza reformar la ley del Mar Menor hasta que no se cumpla la norma actual
El socialista Pérez Cervera no evitó el tema, y se mostró de acuerdo en drenar el acuífero Cuaternario y el empleo de los pozos para riego, como recoge la propia ley, pero recuerda que la prioridad, para él, es frenar la contaminación por nitratos y fosfatos de esta masa de agua. El regidor dejó claro desde el principio que se opone a una modificación de dicha norma «hasta que no se acabe con el problema de raíz». Es decir, el primer edil pide cumplir con el actual articulado de la ley, algo que no se está llevando a cabo, en su opinión. «Pueden intentar mejorarla, pero si no se acaba con el problema de raíz, de nada servirá ni esta ni sucesivas leyes. ¿Tanto cuesta cumplir la ley?», preguntó a los diputados.
«Es mejorable»
La alcaldesa de Cartagena reconoció ayer que la ley del Mar Menor funciona, pero que esta es «mejorable». Al departamento de la ministra Teresa Ribera también le ha criticado la falta de información sobre el coste de la conservación de los suelos restaurados en la zona del cinturón verde y la Sierra Minera. El Ministerio ha planteado la cesión municipal, entre otras opciones, algo a lo que han puesto pegas tanto La Unión como Cartagena: «No sé cuánto cuesta ese mantenimiento» para poder recibir esos suelos «de manera tranquila y sin incertidumbre». Valora «muy positivamente» esas actuaciones, pero sí le preocupa ese posible traspaso de titularidad «porque no tengo el dinero para mantener todo lo que se haga».
Cervera, por su parte, pidió culminar el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente para «ordenar los usos del suelo» y evitar que su municipio siga siendo «el gran sumidero» de la Región, con urbanizaciones o explotaciones agrarias que han movido ramblas o zonas de drenaje que terminan por perjudicar a la localidad alcazareña en momentos de fuertes lluvias e inundaciones. «Entiendo perfectamente que el sector agrícola, que cumple la ley, se sienta señalado: no se ha tratado por igual a todos los sectores, porque nunca se debió modificar una coma de la moratoria urbanística», explicó.

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