Una joven de Águilas recibe 180.000 euros por una mala praxis médica

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a la Consejería de Salud a indemnizar con hasta 180.708 euros, más intereses, a una vecina de Águilas por las secuelas sufridas como consecuencia de una mala praxis médica. La Sala de lo Contencioso Administrativo acepta la reclamación de responsabilidad patrimonial de esta paciente, que tenía 26 años en el momento de la intervención, y que sufre desde entonces una mielopatía compresiva que condiciona su día a día.

Los hechos se remontan a marzo de 2019 cuando J. J. fue operada en el hospital Viamed San José, en Alcantarilla, al que había sido derivada por el Servicio Murciano de Salud (SMS). La joven -que ha estado representada por el letrado Eduardo Forte Berrier- sufría una hernia discal detectada en las vértebras cervicales C-5 y C-6 y el objetivo de la intervención era colocarle una prótesis cervical. Según se plasmó en la demanda, el facultativo recomendó a la joven que se operase y le aseguró que la prótesis no supondría limitación alguna para su vida diaria y profesión de profesora, cantante y bailarina.

En el transcurso de la intervención surgió una complicación -la prótesis era demasiado grande para sus vértebras- y el cirujano tuvo que realizar otra intervención distinta a la que estaba programada, concretamente colocar un injerto óseo obtenido de la cadera de la joven. La sentencia recoge que la colocación de ese injerto, para la que no se recabó el consentimiento informado de la mujer, se hizo sin una placa de sujeción y que a los pocos días el injerto del hueso se salió, causando la citada mielopatía compresiva. La paciente tuvo entonces que ser sometida a una segunda intervención.

El letrado de la Comunidad se opuso a la reclamación de la paciente y alegó que la joven fue intervenida «por un especialista del servicio con amplia experiencia en este tipo de cirugías». Remarcó que, «a pesar de haber sido su actuación correcta se materializó un riesgo grave, posible y excepcional». La Sala concluye, sin embargo, que «por imprevisión o incorrecta praxis se produjo una complicación que obligó a la paciente a someterse a una segunda intervención de más gravedad y riesgo que la primera» y que la Administración debe indemnizarla por ello en esos 180.708 euros.

Una leve satisfacción

«Tengo la satisfacción de que se ha reconocido que hubo una injusticia, pero no hay dinero en el mundo que compense lo que he pasado». J.J. solo tenía 26 años cuando entró en quirófano para tratar de paliar los dolores que le generaba una hernia. Por aquel entonces esta vecina de Águilas estudiaba una oposición y compaginaba esa actividad con sus trabajos de bailarina y de cantante en una orquesta. «Me dijeron que iba a ser algo sencillo y confié». Ya en la primera intervención, explica, J.J. se dio cuenta de que algo no marchaba. «Desperté en el quirófano y ya sabía que algo iba mal», explica. «Fue una película de terror». Tras el injerto óseo que sorpresivamente le habían realizado esta paciente se marchó a casa, pero pronto tuvo que regresar al hospital. «La recuperación era horrorosa», relata. «Tenía muchos más dolores». El injerto se había movido y había dañado a la joven en la médula. «Estaba destrozada», repite. J.J. tuvo que hacer frente entonces a una segunda intervención bastante más complicada. «No me daban ninguna fiabilidad de que iba a salir bien», explica. «Nadie está preparado para eso». Esa segunda operación tuvo final feliz, pero la joven sufrió numerosas secuelas fruto de ese daño medular y tuvo que atravesar una dolorosa recuperación. «He estado casi dos años y medio en cama para recuperarme», explica emocionada. «Y he tenido que hacerme a la idea de que ya no iba a ser la persona que era antes».

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