Martes, 30 de julio 2024, 00:34
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Molina dio ayer un paso decisivo para que la zona de bajas emisiones (ZBE), que junto a Murcia, Cartagena y Lorca debe aplicar por ley, sea una realidad en el municipio. El Pleno aprobó por unanimidad con 24 votos a favor de 24 emitidos la aprobación inicial de la creación y gestión de este espacio en el centro de la ciudad que conllevará restricciones al tráfico y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, una medida muy contestada en todo el país desde Vox, que ha rechazado públicamente la limitación del acceso del vehículo privado a las áreas urbanas por motivos medioambientales, y que forma parte del gobierno municipal, donde asume además las competencias de Movilidad.
El concejal de Movilidad, Antonio Martínez, del partido de Abascal, señaló a LA VERDAD que la aprobación responde a la necesidad del Consistorio de cumplir la ley. Eso sí, hizo hincapié en que el equipo de gobierno municipal trabajará para limitar «en lo posible» el efecto de estas restricciones en la población en la elaboración del reglamento que debe desarrollar la ordenanza y definir qué vehículos quedan sin acceso a las calles incluidas en la ZBE.
En concreto, la zona de bajas emisiones de Molina de Segura, que entrará en vigor «el próximo 14 de noviembre», según explicó el concejal de Movilidad, estará de limitada por la avenida de Granada (dirección oeste-este), avenida de Madrid, y las calles Mayor y Sancho Panza, excluyendo los accesos a los aparcamientos del centro comercial Vega Plaza, la plaza de la Compañía, La Molinera y La Muralla. Si bien, durante los primeros seis meses, el Ayuntamiento se limitará a informar a los conductores de las medidas que deben cumplir, sin que haya actividad sancionadora en esa primera fase.
Durante los primeros seis meses, el Ayuntamiento se limitará a informar a los conductores de las nuevas reglas y no sancionará
El concejal del Partido Socialista Juan Antonio Cantero se felicitó por la implantación de la ZBE en Molina y dio la enhorabuena al concejal de Movilidad por apoyar la creación de esta zona «a diferencia de sus compañeros en otras ciudades» como Fuenlabrada, Valencia o Santa Coloma de Gramanet.
«Bienvenido a la Agenda 2030»
«Sea usted bienvenido a trabajar de forma conjunta con países de todo el mundo para mejorar nuestro futuro tomando decisiones desde una base científica. Es decir, concejales de Vox de Molina de Segura, sean ustedes bienvenidos a la Agenda 2030», señaló el edil de PSOE.
Por su parte, el concejal de Movilidad señaló que el ejecutivo local trabaja «para mejorar la vida de los vecinos, y si trabajar por los vecinos quiere decir que se beneficien de proyectos o planes, lleven la coletilla que lleven, nosotros lo vamos a llevar a cabo», aunque insistió en que seguirá intentando «que todos los vecinos puedan entrar en la zona de bajas emisiones, porque lo que dice la legalidad es que los ayuntamientos deben poner planes para que no continúe la contaminación», y, en este sentido, Martínez destacó la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios, la plantación de árboles en la ZBE, y las actuaciones de calmado de tráfico y ensanchamiento de aceras que el Consistorio está llevando a cabo. «No solamente existe la posibilidad de multar, se pueden hacer muchas acciones», afirmó.
Rechazo a mociones del PSOE
Por otra parte, el PP votó en contra de la moción de apoyo a menores no acompañados y la retirada urgente del amianto en los colegios que presentó el Grupo Municipal Socialista. El edil del PSOE Antonio Sáez subrayó «la deshumanización» de los «niños que huyen de la miseria». «El PP, en su afán por gobernar, adopta medidas racistas y xenófobas propuestas por Vox, desatendiendo los derechos de los niños», expuso el edil.
Además, el Pleno aprobó la cuenta general de 2023, con un remanente de tesorería de 10.450.935 euros, depósitos bancarios de 42.322.991 euros y una deuda de 7.288.565 euros. Al respecto, el PSOE lamentó que el gobierno de PP y Vox «haya aumentado impuestos y tasas, como la de basura y agua, en un 69% y un 8%, respectivamente, y el IBI en un 10% en el caso de bienes urbanos y un 29% en los bienes rústicos». El PP, por su parte, acusó al PSOE de ser el causante de estas subidas por su gestión anterior en el Consistorio.
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