Martes, 30 de julio 2024, 08:23
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El que estaba llamado a ser un interrogatorio histórico se quedó en nada. Dos minutos exactos de burocrático trámite procesal. Pedro Sánchez prefirió este martes no hacer correr el más mínimo riesgo judicial extra a su esposa y se acogió a su derecho a no testificar en el proceso contra Begoña Gómez, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los testigos de declarar en procesos en los que estén investigados «parientes en líneas directas ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga».
Detrás del silencio este martes del presidente ante el juez que acusa a su mujer de corrupción en los negocios y tráfico de influencias -según todas las fuentes consultadas- estuvo el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, quien ha dirigido la estrategia de Sánchez en este caso. El letrado fue el que recomendó desde un principio al jefe del Ejecutivo pedir declarar por escrito. Cuando esta opción fue rechazada por el instructor Juan Carlos Peinado, al entender que no cabía acogerse a esta prerrogativa porque iba a Sánchez por cuestiones ajenas a su cargo, Camacho ha apostado por no arriesgarse a un interrogatorio «espontáneo», que se esperaba «muy virulento» por parte de Peinado y de Vox.
Un cara a cara «sin guion» – según el análisis de los asesores de Pedro Sánchez- en el que el testigo podría haberse explicado y haberlo negado todo ante la opinión pública, pero en el que, a cambio podría haber pagado un alto precio: desde incurrir en contradicciones que complicaran la defensa de Gómez a hacer afirmaciones que -tal y como temen en Moncloa- dieran una «coartada» al titular de Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pedir la imputación de Sánchez ante el Supremo por uno de los delitos en los que ya está encausada su esposa: tráfico de influencias.
Con estas prevenciones -y a pesar de que el presidente la pasada semana en una carta al instructor había recalcado su «voluntad, como no puede ser de otro modo, de colaborar con la Administración de Justicia»- la comparecencia de Sánchez apenas duró 120 segundos. Lo indispensable para que el juez, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le preguntara si tenía alguna relación con la investigada y que, acto seguido, le advirtiera que «no tenía obligación de declarar en contra del procesado». El presidente verbalizó que iba a hacer uso de esa prerrogativa. Todas las partes firmaron el acta. Y eso fue todo.
El escenario del brevísimo encuentro con el juez y el resto de la comitiva fue el edificio del Ministerio de Presidencia, y no dependencias de la parte residencial de la Moncloa. Ese marco espacial no fue un hecho baladí. El presidente había venido sosteniendo, sin éxito, que tenía derecho a declarar por escrito en du despacho oficial (tal y como también recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal) porque le iban a preguntar por cuestiones relacionadas con su cargo (supuesto tráfico de influencias) y no como marido de Begoña Gómez, una cuestión personal por la que no podría hacer uso del privilegio de responder a un cuestionario.
«Impávido» y «altanero»
Así las cosas, no preguntó Peinado pero tampoco la acusación popular de Vox, que tenía preparada medio centenar de preguntas, ni el resto de las partes convocadas (Fiscalía y defensas de los tres imputados ya en este procedimiento: la propia Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector Joaquín Goyache). Obviamente tampoco las otras cuatro acusaciones populares de este proceso (Iustitia Europa, Hazteoir.org, Movimiento por la Regeneración Política de España y Manos Limpias), que presentaron un recurso por su exclusión en este interrogatorio a favor del partido de Santiago Abascal, pidiendo la repetición de esta diligencia que no se llegó a celebrar.
Marta Castro, la abogada de Vox presente en el fallido interrogatorio, afirmó que el presidente, durante el escasísimo tiempo en el que le vio, se mostró «impávido y altanero» ante el juez. En las antípodas estuvo la descripción del testigo que hizo Camacho: «absolutamente tranquilo, como tiene que estar un presidente del Gobierno».
Un fuerte dispositivo de seguridad blindó desde primera hora de la mañana de este martes los alrededores de la Moncloa para una jornada judicial que se pensaba que no iba a tener precedentes en la democracia española. La comitiva del juez Juan Carlos Peinado, escoltada por la Policía, llegó antes de las 10:30 horas de la mañana al control de acceso principal de Moncloa, donde han accedido sin ningún tipo de problema. En el exterior del complejo, a varios centenares de metros de los edificios que albergan la sede de la Presidencia del Ejecutivo, solo se concentró un puñado de manifestantes convocados por ‘Hazte Oír’.
La brevísima comparecencia judicial ante Peinado, que tuvo lugar después de que Sánchez presidiera el Consejo de Ministros, no interfirió ni siquiera en el resto de cargadísima agenda oficial del jefe del Ejecutivo con una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal a las 13 horas y un vuelo a Mallorca a partir de las 17:30 horas para asistir a varios actos y celebrar una audiencia con Felipe VI.
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Sánchez, a pesar de no llegar a ser interrogado, sí que se convirtió este martes en el primer presidente del Gobierno citado a declarar como testigo en una causa que afecta a un familiar directo. Un procedimiento por tráfico de influencias y corrupción en los negocios que los socialistas consideran construida específicamente para desgastarlos y a la que esperan que acabe poniendo fin la Audiencia Provincial de Madrid. Su problema es que esta instancia ya advirtió la semana pasada de que no analizará los recursos planteados tanto por la defensa de Gómez como por la Fiscalía hasta el 30 de septiembre y, entretanto, Peinado puede seguir tomando decisiones que los sitúen en una posición comprometida.
En el núcleo duro del Ejecutivo evitan especular sobre cuál será el siguiente paso del juez, al que acusan de llevar a cabo una investigación prospectiva prohibida expresamente por la ley. «Ni idea de lo que tiene en mente», dicen. Sin embargo, tampoco descartan que decida elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar la imputación del presidente.
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Enlace de origen : Sánchez se acoge a su derecho a no declarar sobre su mujer y guarda silencio ante el juez
