Acusan al Gobierno regional de desprecio por el medio ambiente, así como de reírse de los vecinos
Los vecinos de la plataforma de suelos contaminados volverán a movilizarse contra la «inacción» de las administraciones si no cumplen los plazos legales en la orden notificada por el juez de sellar de «inmediato» las balsas con metales pesados de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa), así como de fijar las medidas necesarias para adoptar las otras dos medidas cautelares que exige este colectivo.
Así lo explicaron este jueves en una rueda de prensa sus portavoces Fulgencio Sánchez y Pedro Gálvez, en compañía de su abogado, José Manuel Muñoz, en la asociación vecinal de Torreciega. «Estamos medio satisfechos porque ya en 2019 anunciaron que iban a descontaminar. Llevan años riéndose de los vecinos», dijo Sánchez, en presencia del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, la edil de MC, Chiru Braña, y las diputadas regionales Carmina Fernández (PSOE) y María Marín (Podemos).
Este martes LA VERDAD desveló que el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, que investiga la demora de dieciséis años en clausurar el vertedero, aceptó la petición de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que representa el abogado José Manuel Muñoz, apoyada por la Fiscalía, y ordenó «que se proceda al sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos». Esto después de años de lucha vecinal, tras el cierre de la factoría en 2008 y el incumplimiento de la clausura del vertedero exigida por la Comunidad en la declaración de impacto ambiental.
Los vecinos prevén que la empresa Cartagena Parque recurrirá la decisión del juez y volverá a interrumpir el proceso, mientras que los residentes y trabajadores del barrio de Torreciega siguen conviviendo con los metales pesados y sufriendo las consecuencias en su salud, al igual que el entorno natural. Al respecto, su abogado destacó «el desprecio que tiene la Comunidad Autónoma por el Medio Ambiente» y recordó que las medidas cautelares ya se impusieron en 2008 y 2009. «En aquella época ya éramos plenamente conscientes del peligro que suponían los metales pesados. No nos vengan diciendo que fue a partir de 2018 cuando se dieron cuenta de que los metales pesados se transferían al organismo humano, que generaban un peligro y un riesgo. Desde 2008 ya existía constancia del riesgo y peligro que suponía la existencia de esos metales. Y por eso se adoptaron unas medidas cautelares que fueron incumplidas reiteradamente, y se volvieron a pedir para aparentar que se estaba haciendo algo, pero en el fondo, no había una voluntad política de resolver el problema».

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Enlace de origen : Anuncian movilizaciones contra la «inacción» de la Comunidad en el sellado de las balsas de Zinsa
