Miércoles, 11 de septiembre 2024, 12:10
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La Asamblea Regional ha retomado este miércoles las comparecencias programadas para estudiar una posible reforma de la Ley 3/2020 del Mar Menor. El primero en pasar esta semana por la Comisión de Asuntos Generales ha sido el catedrático de la UPCT, Alejandro Pérez Pastor, que ha recordado que ya participó en la elaboración del texto durante su tramitación en la cámara autonómica, aunque no en su conjunto.
Según Pérez Pastor, la exigencia de sostenibilidad a la práctica agrícola, además de contemplar criterios ambiental y social, también tiene que ser económica. «Si una explotación no es viable, no puede ser sostenible en la vida. El principal preocupado es el propio agricultor», sostiene el catedrático, que cree que algunos de los puntos del texto legal van en una dirección contraria: «Si no queremos que haya sector agrícola ahí, digámoslo, pero no pongamos más piedras en el camino de los agricultores».
En concreto, ha matizado aspectos como los referentes a la limitación de los ciclos de cultivo, la aplicación de abonos orgánicos procedentes de la actividad ganadera (purines) o las mediciones de fósforo y nutrientes en el suelo que tienen que llevar a cabo los agricultores.
El catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPCT considera que la limitación del ciclo anual de cultivos «provoca que el suelo esté más tiempo desnudo y en barbecho». Apunta que el coeficiente de mineralización es más elevado «y sucede que estamos teniendo problemas a la hora de que ese suelo sea capaz de retener agua y nutrientes».
La limitación de cultivos ha explicado que impide también que la parte de esas recolecciones que quedan en la parcela (raíces, pellas que no se cosechan o descartes) puedan servir como aporte orgánico para el suelo. «Sumado a la reducción de las enmiendas orgánicas, estamos promoviendo una reducción importante de la capacidad de fertilidad del suelo agrícola del Campo de Cartagena», concluye y añade además que, en caso de lluvias torrenciales, esto facilita que se produzcan arrastres de nitratos hasta el Mar Menor.
Ha señalado también que hay empresas que, tras la aprobación de esta ley y la obligación de medir los nutrientes que se aplican al suelo, están «vendiendo humo a los agricultores» con los sensores de fósforo y nitrato. «Crea un problema añadido al agricultor, porque se les obliga a comprar ciertos sensores que no tienen ninguna función y esto crea aún más rechazo», detalla Pérez Pastor. Este experto opina que esos sistemas «no son robustos ni rigurosos» y además «carísimos», aunque matiza que sí funcionan los que se aplican para mediciones en el agua.
Sobre el uso de estas enmiendas orgánicas, procedentes de la actividad ganadera sobre todo, cuestiona la limitación impuesta por el artículo 47 de la ley, establecido en 170 kilos de nitrato por hectárea. En este punto es tajante y considera que «es un error»: «Todas las limitaciones vienen de una directiva europea promovida por países del norte de Europa con unas condiciones edafoclimáticas distintas a las que tenemos aquí, en el Sureste español, con la costa, el calor y poca agua». Esos países, según Pérez Pastor, tampoco cuentan con la tecnología que se aplica en el Campo de Cartagena: «Nosotros sí la tenemos y le estamos poniendo pegas al sector».
El catedrático universitario ha explicado que «la severa escasez hídrica en la que se encuentra sometida la cuenca hidrográfica del Segura podría paliarse si se permitiera la extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización».
Soluciones digitales de fertirrigación
El catedrático de la UPCT ha hecho hincapié en los avances realizados en los últimos años para la implantación de sistemas de fertirrigación en los que asegura que España tiene una capacidad superior a la de muchos países que se consideran referentes en esa materia, como Israel: «Un excesivo aporte de agua y nutrientes puede producir una lixiviación en profundidad y un impacto en el medio ambiente, pero eso hoy en día no sucede porque la digitalización nos ha ayudado a controlarlos».
Preguntado por el informe de la Politécnica de Valencia publicado por LA VERDAD que demostraba que la limitación de fertilizantes reduce más de un tercio el arrastre de nitratos al Mar Menor, lo que demostraría la eficacia de las medidas de la Ley tras cuatro años en vigor, Pérez Pastor asevera que no lo conoce pero que, en todo caso, «la Politécnica de Valencia no puede darnos lecciones agronómicas a la UPCT».
Más allá de eso, considera que «si la Ley nos obliga a aplicar menos nitratos, habrá menos, claro», pero recuerda que «la reducción de nitratos ya se venía produciendo desde antes de la aplicación de la Ley en 2020, incluso en 2018».
Ha sido el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Manuel Sevilla quien preguntaba al compareciente por este punto. «Esto supone que la Ley está funcionando, ¿por qué deberíamos reformarla o derogarla?», según el diputado socialista Manuel Sevilla.
Pascual Salvador, de Vox, recordaba que estas comparecencias y el trabajo sobre la Ley del Mar Menor que se está realizando en el marco de la Comisión Asuntos Generales no tienen carácter legislativo. «Es un entretenimiento para tenernos hablando de esta ley», según Salvador.
Pérez Pastor ha comparecido este miércoles a petición del Grupo Parlamentario Popular. Su diputado Jesús Cano ha defendido la eficacia de la norma al cabo de cuatro años pero que «hay que estudiar la introducción de una serie de mejoras y cambios para que sea todavía más eficaz y para que normativas de diferente rango no colisionen con la Ley del Mar Menor».
Las comparecencias continuarán el próximo viernes 13 de septiembre, con el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, y el empresario e ingeniero Luís del Rivero. Los últimos en pasar por esta comisión de la Asamblea serán el ingeniero agrónomo Pedro Fernández y Francisco Cabezas, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. Estas últimas cuatro intervenciones han sido solicitadas por Vox.
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Enlace de origen : Pérez Pastor cuestiona la efectividad de la limitación de los ciclos de cultivo en el entorno del Mar Menor
