Francisco Cabezas propone sacar de la Ley del Mar Menor los reglamentos y pide que se aclaren las competencias

La Asamblea Regional sigue este lunes escuchando voces y puntos de vista para tener en cuenta a la hora de una posible reforma de la Ley 3/2020 de Protección del Mar Menor. Invitados por Vox, ha sido el turno del director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, y de Pedro Fernández, en representación del colectivo Agroingenieros del Mar Menor.

Cabezas sostiene que es el momento adecuado de abordar algunos cambios en una ley que considera «desde el punto de vista jurídico-normativo heterogénea» y un texto «largo y prolijo». Dice que «pasada la urgencia y necesidad que recoge el propio preámbulo, creo que sería bueno que se llevara a cabo una reordenación».

Ha propuesto una reforma de reorganización del texto de la Ley «en distintas piezas normativas: una ley propiamente dicha, mucho más reducida y centrada en los aspectos y objetivos esenciales; un reglamento de desarrollo con detalles de procedimiento y contenidos; y un plan de actuación, que sería un programa de medidas para ejecutar, con previsiones y compromisos de agentes ejecutores, responsabilidades y valoraciones económicas».

«Ése es un trabajo rápido, es un aspecto formal», apunta Cabezas y «le daría mayor rigor y mayor facilidad a su aplicación». Por el contrario, «unirlo todo en un texto único, lo que hace es equiparar lo principal y lo secundario. Esto difumina el conjunto y lo empobrece».

Sobre el Mar Menor, recuerda que «encontramos infinidad de trabajos, de planes, propuestas, estrategias, hojas de ruta… un océano de papel. Y es necesario unificarlo, aunque no se acaba de hacer». Antes, sobre esta indefinición, señalaba que «las competencias no están definidas, son concurrentes, están la una sobre la otra».

Lo definía como «una trama de responsabilidades y obligaciones que hace que sea dudoso que todas las interdependencias se puedan resolver mediante la aplicación de una ley». Sin esa tarea de unificación y aclaración competencial, opina que las administraciones se encuentran ante «una fuente de discrepancia inagotable» por lo que pide «un ejercicio de voluntad común» para solucionarlo.

También propone cambiar otra cuestión «de naturaleza formal» de la Ley 3/2020, el régimen económico y financiero, del que asegura que carece el texto. «No dice nada de quién la financia y quién paga», según Cabezas, «parece razonable que todo el mundo que vaya a ver afectado tenga algún tipo de participación económica», en referencia no sólo a la Comunidad Autónoma, sino también al Estado, los ayuntamientos y los particulares.

Cabezas pide «ampliar la lupa»

El director del Instituto Euromediterráneo del Agua también ha apostado por este momento como el más adecuado para acometer otro tipo de actuaciones o trabajos legislativos. «Quizá sea una buena oportunidad para unificar y dar un tratamiento más regionalizado. Se puede levantar la lupa del Mar Menor y ver que hay problemas que son iguales. Se puede buscar una misma exigencia de protección», dice Cabezas.

Ha puesto como ejemplo la situación del acuífero del Campo de Cartagena, comparándola con la del que existe en el Valle del Guadalentín. Por eso, pide «que se apliquen las mismas soluciones a casos que son muy similares».

En ese trabajo más amplio también incluye otras legislaciones, como las relativas al ciclo urbano del agua o a la ordenación de regadíos, que considera «esencial» y que «tiene relación clara» con el problema del Mar Menor. «Podemos aprovechar el marco legislativo para solucionar otros problemas que tienen que ver», según Cabezas.

Agroingenieros desvía la responsabilidad del nitrato y la agricultura

Antes de Cabezas, el primer compareciente ha sido Pedro Fernández, de Agroingenieros del Mar Menor, una asociación que asegura que representa al 90% de los ingenieros agrónomos del Campo de Cartagena y cuyos puntos de vista sobre las causas de la degradación de la laguna han sido esgrimidos por organizaciones como la Fundación Ingenio.

Fernández considera «simplista» asociar la presencia de fertilizantes a la actividad agraria. Sobre la posible reforma, apunta que «la futura ley será explicada, supervisada y asesorada por ingenieros agrónomos» y por eso pide «que las normas sean fáciles de aplicar, que no admitan múltiples explicaciones y que sean claras».

Sobre la actual ley en vigor desde 2020, ha enumerado algunos de los puntos que a su juicio influyen de forma negativa en la actividad agraria. Por ejemplo, señala que «no existe ningún motivo objetivo, medible y cuantificable» para la prohibición del uso de fertilizantes, estiércol o abono a menos de 500 metros de la laguna, que supone que «se está prohibiendo de facto la agricultura».

Para Pedro Fernández, «encontrar el equilibrio entre suelo desnudo y ocupación es la clave de equilibro entre el sector agrícola y el Mar Menor». En este sentido ha criticado que se hable de parcelas donde se llevan a cabo entre cuatro o cinco rotaciones de cultivos por hectárea al año, cuando en 2023 esa cifra llegó a 1,5, según sus estimaciones.

También cuestiona otros aspectos como la creación de la figura del «operador agroambiental». Lo ve como positivo, pero opina que no se ha abordado por parte de la Comunidad Autónoma de forma adecuada. Dice Fernández que «ha generado una brigada de policías que tiene que denunciar a los agricultores». Y sobre el régimen sancionador, añade que no existe proporcionalidad entre la infracción y la sanción.

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