El acusado, un agricultor, acuerda con la Fiscalía un año de prisión y el pago de 17.000 euros por el derrame de nitratos de una desaladora ilegal
Martes, 17 de septiembre 2024
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La Justicia vivió este martes un día señalado en la Región de Murcia en el ámbito del medio ambiente y, en concreto, del Mar Menor con el primer juicio derivado del ‘caso Topillo’. La vista oral contra un empresario agrícola por la contaminación de la laguna derivada del vertido de nitratos desde desaladoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena se saldó con una condena de un año de prisión por un delito contra el medio ambiente, cometido por imprudencia grave. En el Juzgado de lo Penal 3 de Cartagena, el acusado, Francisco Roca León, propietario de una finca en la diputación cartagenera de La Puebla -y presidente de la Comunidad de Regantes Isidoro García Ráez-, asumió la autoría de los hechos que le imputó la Fiscalía.
Lo hizo tras un acuerdo con esta para la rebaja en once meses de la pena solicitada de forma provisional para él. En el juicio, a la vista del testimonio del acusado y de los argumentos de la defensa, el Ministerio Público podría haberla variado al alza o a la baja. Roca, que evitó así la celebración de la vista oral, se declaró culpable de los daños causados por el vertido, entre los años 2015 y 2017, de 68.061 metros cúbicos de aguas con nitratos y salmuera, que acabaron en la laguna. Y aceptó, además, seis meses de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de agricultor o de administrador o gerente de empresas agrícolas y el pago de una multa de 1.500 euros y de una indemnización de 17.252,08 euros al Estado.
La Comunidad calcula su multa
Al carecer el acusado de antecedentes penales y ser la pena privativa de libertad inferior a dos años, la misma quedará suspendida, con los requisitos de que no cometa ningún otro delito en el plazo de dos años y abone la multa en diez días. En cuanto al abono de la indemnización, podrá hacerlo a plazos. Además, en un procedimiento aparte, Roca deberá afrontar una sanción económica de la Comunidad Autónoma, que aún debe calcular los costes de restauración ecológica ocasionados por los vertidos. Así lo explicó la letrada de la Administración regional, que participó en la vista oral como actor civil.
Según el escrito del fiscal, «el acusado causó un daño sustancial a los sistemas naturales, para el funcionamiento y vertido de sus sistemas de desalobración». Miguel de Mata expone que «como consecuencia de la explotación de la finca, en atención a su ubicación, volumen de agua desalada en el tiempo, destino del vertido, conductividad y concentración de nitratos del agua desalada, según informe pericial del ecotoxicólogo señor Burillo, se ha provocado un daño sustancial a la calidad de las aguas». Además, «a través de estas», se provocó un perjuicio «a los animales y las plantas, con especial incidencia en el equilibrio natural constituido por los diversos hábitats que conforman el Mar menor, siendo una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del mar Menor».
Vista de la parcela agrícola de La Puebla desde la que se realizaron los vertidos al Mar Menor.
Antonio Gil / AGM
El titular de la parcela, de 131,37 hectáreas y ubicada en el paraje La Rocha, a poca distancia del núcleo urbano de La Puebla y a tres kilómetros del Mar Menor, «instaló durante los años 2015 a 2017 una desaladora carente de autorización para su funcionamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura». Se la instaló «la mercantil Hidrotec para la desalobración del agua extraída de dos pozos», sondeos que tampoco estaban inscritos en el registro de la Confederación. «El acusado, con posterioridad a los hechos relatados en este escrito, constituyó la mercantil Agroforca SL el 14 de diciembre de 2018 para la explotación de la finca», detalló la Fiscalía.
Un pacto «beneficioso»
«Sí», respondió el acusado a la titular del juzgado, Teresa Álvarez, cuando la magistrada le preguntó si estaba «conforme» con el acuerdo alcanzado minutos antes por los abogados de la defensa, Mario García Galindo y Juan Diego Mena, y el fiscal responsable de Medio Ambiente y Urbanismo en la Región de Murcia, Miguel de Mata. El fiscal explicó a LA VERDAD que tuvo en cuenta el «arrepentimiento» del agricultor y el hecho de que la pena mantiene el tipo penal de la imprudencia grave. Y añadió que el Ministerio Público disponía de pruebas de cargo «sólidas», como un informe del ecotoxicólogo forense Luis Burillo y los atestados del Seprona de la Guardia Civil sobre la «ocultación» de la desaladora por parte del agricultor, pero todo juicio implica «un riesgo de absolución».
El letrado García se refirió, por el contrario, al «riesgo de condena» que entrañaba la vista oral y a que, si bien «las pruebas de cargo eran débiles» y su defendido estaba dispuesto a sostener su inocencia y consideró un «acuerdo tan beneficioso como el planteado por la Fiscalía, que supone una responsabilidad bajísima». Francisco Roca declinó hacer comentarios para este periódico y su letrado sí comentó que el acuerdo para que la indemnización se pueda abonar a plazos permitirá a su defendido «planificar» el impacto en su negocio de autónomo, dado que «tiene trabajadores».
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El acuerdo de conformidad zanjó en apenas quince minutos una vista oral que iba a constar de dos sesiones, una este martes y otra el jueves. En consecuencia, no tuvieron que declarar ni agentes del Seprona ni peritos ni testigos. Citados para la primera jornada, en el Palacio de Justicia de Cartagena estaban el científico titular del Instituto Geológico y Minero de España José Luis García Aróstegui, convocado por petición de la Fiscalía, y el ex comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Carlos González.
Para este jueves estaba prevista la comparecencia de Burillo, quien en distintos informes periciales ha calculado daños al dominio público por un importe de al menos 39 millones de euros por parte de 40 autónomos y empresas. Ello, dentro de distintos procedimientos judicial repartidos en el ‘caso Topillo I’, cuya investigación recayó en los juzgados de Murcia por afectar a cargos de la CHS y de la Comunidad Autónoma, y ‘caso Topillo II’, del que se ocupan juzgados de Cartagena y San Javier.
Según descubrieron el Seprona y agentes medioambientales adscritos a la CHS, el uso de la citada máquina generó un «rechazo, cargado de salmuera y nutrientes, que era vertido al salmueroconducto [construido por la Confederación y luego desmantelado por ella misma] y, de ahí, al Mar Menor». «Para el funcionamiento de la máquina desaladora, el acusado adquirió de la mercantil Hidrotec, desde junio de 2015 hasta marzo de 2017, 987 kilos del desincrustante de Hidroperm, 470 kilos de RPI 3000, 94 kilos de RPI 4000 y 21 cartuchos de microfiltración, que fueron usados para la desalación», detalló la Fiscalía.
A añadió que, «como consecuencia de esta actividad de desalación, el uso de Hidroperm produjo un rechazo de 44.863 metros cúbicos; el de RPI 3000, 19.583 metros cúbicos; y el de RPI 4000, 3.615 metros cúbicos, por lo que entre los años 2015 y 2017 se produjo un vertido total de aguas de rechazo de 68.061 metros cúbicos».
Respecto a la carga química de estas aguas, el perito calculó que «los componentes en nitratos eran de 162 y menos de 4,40 mg/l, y la conductividad de agua de 7170 y 4190 uS/cm para los pozos 2 y 1, respectivamente».
Un uso «consciente»
Fue el 15 de febrero de 2021 cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la CHS, organismo del Ministerio para la Transición Ecológica, «llevaron a cabo la inspección de la finca explotada por el acusado». Entonces, señaló la Fiscalía, «la desalobradora ya no se encontraba», pues había sido «trasladada por el acusado a otra finca de su propiedad». En este segundo lugar, que según fuentes de la investigación era una finca del paraje Los Santos, la desaladora estaba «desmontada y sin uso».
Asimismo, según el expediente de la CHS, en su visita del año 2017 «ya no se encontró la desalobradora» en La Rocha. «La utilización de estas instalaciones de desalobración se realizó con plena consciencia de que su uso, y el vertido de rechazo que generaban, requerían la previa autorización administrativa por parte de la Confederación hidrográfica del Segura, tal y como dispone el artículo 13 de la Ley de Aguas y los artículos 83 y 93 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico», señala la Fiscalía. Y concreta que «el disponer de instalaciones de desalobración sin autorización» vulnera la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico; y que «se calcula que la actividad de desalación genera un 75% de agua aprovechable y un 25% de rechazo».
Decenas de vistas con empresarios, Cerdá y un excomisario de Aguas
A la vista oral de este martes le seguirán decenas de juicios en los próximo años en Cartagena y en Murcia. En la ciudad portuaria se ventilarán más de una treintena de causas instruidas en once órganos judiciales de Cartagena y San Javier, de los 39 en que fue troceada la segunda fase del ‘Caso Topillo’. Como adelantó LA VERDAD, la Fiscalía ha ido presentando escritos de acusación contra distintas empresas agrícolas y sus titulares, para su enjuiciamiento por parte de juzgados de Lo Penal o de la Audiencia Provincial. A modo de ejemplo, ha solicitado 4 años de prisión para el dueño de una explotación de San Javier por los vertidos de nitratos y salmuera al Mar Menor desde una desaladora ilegal. En Murcia está pendiente que se fije la fecha del juicio a 37 empresas agrícolas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de la vista oral contra el exconsejero de Agricultura de la Comunidad Antonio Cerdá, del PP, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura Manuel Aldeguer, por presunta prevaricación.
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Enlace de origen : El primer juicio por vertidos al Mar Menor acaba con una pena pactada
