Los votos del PP facilitan que una exasesora de Vox sea la comisionada de Transparencia

La sintonía política del Partido Popular y Vox en la Región de Murcia, tras romper su pacto de gobierno hace dos meses, sigue siendo buena a tenor del acuerdo alcanzado por ambas formaciones para elegir ayer a la abogada Natalia Sánchez López como primera comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia por un plazo de cuatro años no renovable. La candidata propuesta por el partido de Santiago Abascal fue designada ayer para ese cargo por el Pleno de la Asamblea Regional con la mayoría cualificada de los votos de los treinta diputados conservadores. Los del PSOE y los de Podemos votaron en blanco en disconformidad con la creación de este cargo que sustituye al desaparecido Consejo de Transparencia. Y dijeron que se trata de un «chiringuito» hecho a medida de «la ultraderecha».

Natalia Sánchez ni es especialista ni tiene gran experiencia en materia de transparencia, cuando la ley autonómica exige que el cargo lo ocupe alguien de «reconocido prestigio y competencia profesional». Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, fue hasta julio asesora jurídica del gabinete del exvicepresidente regional y líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, en la desaparecida Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. El partido que la contrató ya la propuso en julio para el cargo. Pero entonces, en plena crisis de gobierno, no hubo acuerdo con el PP, cuyos votos eran esenciales para conformar la necesaria mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea para su designación. Así que retiró la candidatura antes de votarla. Previamente, PP y Vox habían alcanzado un acuerdo, después roto, para nombrar al presidente de los regantes de Librilla, Francisco Provencio.

La figura del Comisionado sustituye al Pleno de 18 miembros que hasta el pasado julio componía el Consejo. Se trata de la consecuencia de la reforma de la ley de Transparencia impulsada por Vox dentro del ya roto acuerdo de Gobierno con el PP.

El nombramiento de Natalia Sánchez llega tras días de negociación de Vox con los populares para colocar a una persona de su gusto al frente del órgano encargado de la fiscalización pública y el control del buen gobierno de la Administración regional. Hasta ahora, el PP había sido reacio a ello. Pero, según su portavoz, Joaquín Segado, decidió no presentar candidato propio y apoyar a sus antiguos socios en un ejercicio de transparencia: «Defendemos que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos, no de los intereses del presidente o gobierno de turno». Y añadió que, al no haber alternativas, votar en contra hubiera supuesto un bloqueo institucional.

Las cuentas, en el horizonte

Segado negó que el sentido del voto popular obedezca a un pacto. Pero en los ámbitos políticos a nadie se le escapa que en pocas semanas el equipo de Fernando López Miras abrirá negociaciones para que el proyecto de ley de Presupuestos regionales de 2025 pueda ser aprobado antes del 31 de diciembre. El Ejecutivo está en minoría parlamentaria y necesita los votos de Vox. Así que la predisposición al diálogo de los populares es máxima con quienes tienen afinidad ideológica.

Así lo cree también el diputado de Podemos Víctor Egío, quien dijo no tener «ninguna duda de que esta votación es solo el primer paso para un acuerdo de cara a los próximos Presupuestos». Y que es «una prueba más de que la ruptura de PP y Vox fue una estrategia de ‘marketing’».

El Grupo Socialista planteó recuperar el Consejo de Transparencia, «independiente» y dotado de medios para que pueda realizar sus funciones con garantías. El diputado Juan Andrés Torres habló del Comisionado como «paripé» y «chiringuito a la medida de la ultraderecha»: «Estamos en contra de este atropello democrático porque, entre otras cosas, incumple la propia Ley de Transparencia, ya que la candidata de Vox fue asesora de Antelo».

El PP niega que vaya a pasar factura por los votos de la comisionada. El viceportavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, le recordó que ellos ya apoyaron en marzo el nombramiento del director de la radio televisión autonómica propuesto por los populares.

De asesorar jurídicamente a un alto responsable de un gobierno, que la designó a dedo, a garantizar la transparencia, el acceso del ciudadano a la información pública y el buen gobierno de la administración que le pagaba hasta hace dos meses. Ese es el cambio de rumbo profesional que da la abogada y politóloga Natalia Sánchez, nueva comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia, tras su designación por parte de la Asamblea.

Aun así, el viceportavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, no ve que suscite dudas el nombramiento de una persona vinculada a su partido y que asesoró a José Ángel Antelo. Habló de sus dos licenciaturas, de sus «años de experiencia» laboral en el ámbito privado y público, así como de la representación legal de «colectivos muy importantes, obteniendo resultados muy positivos en alguna contienda judicial que ha tenido por ahí» como aval de Sánchez, que no es afiliada.

Mejorar en los ‘rankings’

«Que haya sido asesora en la vicepresidencia de Antelo no es ni más ni menos que la confirmación de que en Vox están los mejores. Para poder ayudar a los ciudadanos de la Región de Murcia, tenemos que contratar a los mejores», dijo.

Sobre la falta de experiencia en materia de transparencia de la comisionada, Alpañez aseguró que quienes no la tenían eran los miembros de sindicatos y partidos políticos que formaban parte del desaparecido Consejo. Y asimiló a Sánchez con los funcionarios de la Comunidad que ocupan puestos de confianza, pese a que ella no lo es. Lo importante para él es que «la Región suspendía en materia de transparencia, precisamente porque el Consejo no estaba cumpliendo con sus responsabilidades». A partir de ahora, «mejorará significativamente en todos los ‘rankings’ y los ciudadanos tendrán acceso a la información pública en tiempo y forma».

La nueva comisionada dispondrá de una estructura administrativa de la propia Comunidad, a la que debe controlar, y percibirá un sueldo anual que rondará los 80.000 euros.

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