El fiscal superior propone «limitar» los pactos de conformidad y las rebajas de penas en los delitos más graves

«Tenemos posiblemente el país del mundo más proteccionista de los derechos fundamentales, pero esto puede acarrear en algunos casos decisiones difíciles de entender». El reciente acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los abogados de la defensa en el caso de los empresarios que prostituyeron a menores en Murcia ha cogido especial protagonismo en el acto de apertura del año judicial, un asunto del que no se ha olvidado el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera ni tampoco el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme. «Es inaceptable», avisa el fiscal jefe, que la víctima de un delito pueda «sufrir abusos» durante «media vida», y pase otra media reviviéndolos ante distintos procesos judiciales para, al final, encontrarse con una sentencia que «pueda parecer que juega a favor de sus agresores». Esto, «tristemente», según lo califica, puede verse como un sistema proteccionista que logra «una victimización vitalicia» de las personas afectadas.

Díaz Manzanera ha pedido por ello una reforma de la ley que regula el estatuto de la víctima de un delito para que «proteja mejor a los más vulnerables, que limite en estos casos las conformidades y rebajas de penas, y que obligue a dar audiencia a las víctimas». El fiscal jefe de la Región de Murcia cree que la justicia «sigue siendo una gran asignatura pendiente», e hila esta afirmación con los «retrasos inadmisibles que alargan endémicamente los procedimientos» y que provocan la aplicación de atenuantes en las causas como las dilaciones indebidas, tal y como ha ocurrido en el caso de los siete empresarios. «Esto puede generar una idea de la que hay que huir, la de la impunidad, porque eso es tanto como reconocer algo muy triste, el fracaso derivado de la ineficacia de la Administración de Justicia», ha advertido el representante del Ministerio Público.

Del Riquelme, por su parte, ha focalizado el problema en la «carencia de medios» de los que dispone la justicia y que en algunos casos «se pone en evidencia que el déficit estructural acaba causando una más que justificada inquietud en la ciudadanía». El tiempo en la instrucción del caso de las menores explotadas sexualmente, destapado en 2014, junto con el retraso en la celebración del juicio, ha generado una diligencias indebidas que han favorecido a los acusados en sus condenas. «Cuando los procesos se dilatan de forma injustificada, las diligencias indebidas forman parte de nuestro sistema de garantía, por más frustración que nos produzca», ha explicado el presidente del TSJ, que ve como única solución «actuar» para lograr tramitar los asuntos judiciales «en un tiempo razonable y sin dilaciones».

El representante del Ministerio Fiscal ha reclamado, por su parte, «huir» de la comodidad y la complacencia para actuar con «mayor rigor» y evitar así prácticas dilatorias. «No podemos resignarnos a que todos los procedimientos mínimamente complejos estén condenados a alargarse en el tiempo finalizando con penas ridículas». Ha insistido en este punto en el principal problema del sistema judicial: la falta de medios personales. Por ejemplo, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España con una ‘ratio’ funcionario por fiscal de 0,45, cuando hay otras que tienen uno por cada representante del Ministerio público. Además, este departamento en la Región sigue siendo, de las 77 fiscalías a nivel nacional, la primera en carga de trabajo y la décima en número de fiscales. Manzanera ha recordado que faltan al menos once profesionales más para equiparar la media estatal.

El dirigente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha recordado que lleva nueve años, y en cada acto de apertura del año judicial, recordando que el sistema judicial en la Región «no se despliega en igualdad de condiciones» con respectos a otras autonomías, «la nuestra es la que peor parte se lleva». En la recta final de su mandato, del Riquelme que la Comunidad tiene una ratio de jueces de 10,82 por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la otras provincias con el mismo número de población, como Baleares o Aragón. «Nuestra región necesitaría entre 15 y 25 jueces para colocarnos en la media» necesaria, pero esta cifra se tendría que incrementar hasta en 75 profesionales si comparamos la plantilla con la de Asturias, que además cubre un 25% menos de asuntos.

“Urgen respuestas que no llegan”, ha sentenciado del Riquelme, que ve “incomprensibles, si no insultantes”, esas respuestas que recibe desde el Ministerio de Justicia “año tras año”. En 2023, de las 70 nuevas unidades judiciales creadas en todo el territorio nacional, solo una correspondió a la Región. “Y ni siquiera fue de un juzgado completo, sino de un solo magistrado para la Audiencia Provincial”, ha incidido. Este año tampoco está prevista la creación de nuevas plazas judiciales en la Región.

Toda esta situación deriva en los acuerdos de conformidad «a diario» que, aunque asegura Díaz Manzanera que «se ajustan a la legalidad», piensa que son necesarios al «agilizar» la justicia, «siempre que no se abuse si llevan aparejadas rebajas punitivas excesivas, ya que puede que no baste con que sea legal, sino además, debe ser justo». La Junta de Fiscales se reunirá la semana que viene para bordar una posible suspensión o no de la condena en prisión de los acusados en el caso de la red de prostitución de menores. La sentencia en esta causa, que libraría de la cárcel a los condenados, ha provocado las primeras manifestaciones.

Del Riquelme ve en el acuerdo por el CGPJ el fin de “una grave anomalía”

Pasqual del Riquelme comenzó su discurso recordando ese acuerdo alcanzando entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha puesto fin “a una grave anomalía institucional de la que deberíamos tomar nota para que no ocurra de nuevo”, al tiempo que ha pedido que este órgano se renueve “puntualmente”. Ese pacto, que ya ha permitido nombrar a Isabel Perelló como presidenta del CGPJ, también permitirá renovar el cargo de otras instancias judiciales como la del propio dirigente del TSJ en Murcia o la presidencia de la Audiencia Provincial, cuyos actuales cargos ya han doblado el tiempo para el que fueron designado, así como la del magistrado autonómico del TSJ, un puesto que lleva vacante desde hace tres años, ha recordado del Riquelme.

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