Viernes, 20 de septiembre 2024, 22:37
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«Una justicia lenta no es justicia, pero también tenemos la convicción de que una justicia arrebatada e irreflexiva en su respuesta lo sería aún menos». El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, recordó este viernes en su intervención durante la apertura del año judicial que lleva nueve años exigiendo las mismas demandas en estos discursos, pero también en los encuentros institucionales que tiene con el Ministerio de Justicia. «Urgen respuestas que no llegan. Y resultan incomprensibles, si no insultantes, las que recibimos año tras año», protestó en referencia al departamento que dirige Félix Bolaños, a la vez que anunció que la falta de dinero impedirá este año crear nuevas plazas judiciales en España. En 2023 sólo se incorporó un magistrado a la Audiencia Provincial de 70 unidades judiciales que se crearon en toda España.
La falta de medios personales en el sistema judicial murciano y la alta litigiosidad que intentan absorber los juzgados han disparado un 20% en un año los asuntos pendientes. «Hemos cerrado el primer semestre de 2024 con 192.000 asuntos en trámite. Son casi 13.000 más que los que teníamos a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace un año», explicó Del Riquelme. En la recta final de su mandato, el presidente del TSJ apuntó que Murcia tiene una ratio de jueces de 10,82 por cada 100.000 habitantes (168 en total), muy inferior a otras provincias con el mismo número de población, como Baleares (12,09) o Aragón (11,41).
«Algunos invocan la defensa de la independencia judicial y el Estado de derecho al tiempo que arrasan con sus hechos a una y a otro»
Efectos en la economía
«Nuestra región necesitaría entre 15 y 25 jueces» para alcanzar a esos territorios, pero esta cifra se tendría que incrementar hasta en 75 profesionales si se compara la plantilla con la de Asturias, que además cubre un 35% menos de asuntos con menos población. El «paisaje desolador» que presentan estos datos se completa con un índice de resolución de casos «sensiblemente mayor» en la Región que esos otros dos territorios con los que ha ejemplificado el problema Pasqual del Riquelme: 179.161 asuntos resueltos en Murcia frente a los 168.494 en Baleares y los 164.192 en Aragón.
La infradotación de medios a los juzgados regionales acaba pasando factura a los ciudadanos, con «efectos negativos, reales y directos» que origina el atasco judicial sobre la economía. «Un mal funcionamiento de la justicia hace menos competitivo el tejido productivo y comercial al ser mayor el tiempo necesario para obtener una respuesta definitiva a un litigio», y en concreto se refirió a operaciones como el cobro de las deudas impagadas o al comprometer el retorno de las inversiones realizadas. «Un mal funcionamiento de la Justicia disminuye también el atractivo de un territorio para nuevas inversiones», llegó a apuntar.
Del Riquelme finalizó su discurso recordando que los juzgados regionales y sus profesionales «cumplen diariamente con su función constitucional con absoluta imparcialidad y neutralidad». Se mantienen, continuó, «ajenos a cualquier clase de influencia indebida», y remarcó que las respuestas judiciales que se dan cada día son «con arreglo a Derecho y con todas las garantías».
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Criticado en alguna ocasión desde distintos sectores civiles o políticos, como es el caso de Podemos (partido que ha protestado por varias resoluciones judiciales vinculadas a delitos de violencia de género o agresiones sexuales), el presidente del TSJ mencionó que «mientras miles de servidores públicos bregan con escasos medios con una litigiosidad galopante, otros –aquellos de los que menos cabría esperarlo– invocan la defensa de la independencia judicial y el Estado de derecho al tiempo que arrasan con sus hechos a una y a otro».
Fin a una «grave anomalía» con el desbloqueo del CGPJ
Pasqual del Riquelme comenzó su discurso recordando el acuerdo alcanzando entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha puesto fin «a una grave anomalía institucional de la que deberíamos tomar nota para que no ocurra de nuevo», al tiempo que pidió que este órgano se renueve «puntualmente». Ese pacto, que ya ha permitido nombrar a Isabel Perelló como presidenta del CGPJ, también permitirá renovar el cargo de otras instancias judiciales como la del propio dirigente del TSJ en Murcia o la presidencia de la Audiencia Provincial, cuyos actuales cargos ya han doblado el tiempo para el que fueron designados, así como la del magistrado autonómico del TSJ, un puesto que lleva vacante desde hace tres años, recordó.
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Enlace de origen : El atasco en los juzgados regionales se dispara un 20%
