Ecologistas en Acción denuncia extracciones «ilegales» de agua en una finca de Archivel

En medio de la preocupación y las protestas de vecinos, regantes, entidades de defensa de la naturaleza y Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz por el ‘boom’ de la agricultura intensiva y su presunta vinculación con la desecación y contaminación por nitratos de acuíferos, fuentes, manantiales y ríos en la comarca del Noroeste, Ecologistas en Acción ha presentado una querella criminal contra una empresa a la que acusa de generar este tipo de daños. Achaca a la mercantil Juan Jiménez SA, una de las principales empresas de ganadería de la Región, presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio relacionados con actividades agrícolas en la pedanía de Archivel: la Finca Garrofina, propiedad de la empresa, y suelos públicos.

El abogado José Manuel Muñoz Ortín, de Ecologistas, ha registrado esta semana en los juzgados de Caravaca un escrito donde pide investigar «la extracción ilegal de agua, por encima del volumen concedido por la Confederación Hidrográfica del Segura; la disminución en un 60% de los caudales de las fuentes Loma Ancha y La Muralla; y la contaminación del río Argos con nitratos». La querella añade «la construcción de un embalse sin las autorizaciones pertinentes, en Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental y con daños a la fauna silvestre en El Bebedor; movimientos de tierra y la roturación de 160 hectáreas para convertir parcelas de secano en regadío intensivo para el cultivo de hortícolas; la ocupación y destrucción de las ramblas de Calderones y Parriel; y la destrucción de caminos públicos».

Caminos, ramblas y río Argos

Según Ecologistas, «la mercantil prepara extensas parcelas con derecho a agua, mediante roturaciones y movimientos de tierra, y las cede a grandes empresas para el desarrollo de la agricultura intensiva». Y afirma que «además del daño directo por la destrucción de caminos y ramblas, la actividad agrícola intensiva afecta al acuífero y a las fuentes de la zona».

Ecologistas indica que la superficie ocupada ha pasado de 64 hectáreas de regadío en 1994 a más de 300 hectáreas en este 2024 y que midió 61 miligramos de nitratos por litro de agua en el Argos, más del doble del tope legal de 25 fijado en el Real Decreto de protección de las aguas frente a esta contaminación difusa. Asimismo, solicita que el juzgado recabe datos a través del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación.

Fuentes de la mercantil indicaron que «una vez que la empresa conozca el contenido íntegro de la querella, se reservará acciones legales si los hechos denunciados no son acordes con la realidad».

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