Nueva protesta en las calles de Murcia contra las penas a los empresarios de la red de prostitución de menores

Una nueva protesta por las calles de Murcia volvió a expresar este martes el rechazo social contra el acuerdo que permite evitar la cárcel a los empresarios que prostituían a menores. La concentración, que se convocó junto al Palacio de Justicia, emprendió la marcha y se extendió por la Gran Vía. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como ‘No es justicia, sentencias machistas’ o ‘No son todos los hombres, pero siempre es un hombre’.

La Junta de Fiscales tuvo precisamente este martes una primera reunión para analizar la posibilidad de que ingresen en prisión algunos o todos los condenados por la trama de prostitución con menores de edad. El caso de la trama de proxenetas, con siete empresarios acusados de pagar por mantener relaciones sexuales con menores de entre 15 y 17 años, afrontaban inicialmente penas que sumaban en conjunto hasta 25 años de prisión por cabeza -cuatro años por cada contacto-.

Sus defensas negociaron con la Fiscalía una salida que les permite conservar la libertad gracias a un acuerdo que reduce sus penas a cinco meses de cárcel por cada uno de esos delitos. El acuerdo contempla que las condenas queden en suspenso, al no superar ninguna de ellas los dos años.

Sin embargo, las críticas de varios movimientos sociales y la polémica surgida tras conocerse la sentencia, hizo replantear la resolución de este caso. La semana siguiente al juicio, el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, anunció una reunión de la Junta para abordar la suspensión de la condena y el cumplimiento de la pena en prisión.

«Por supuesto, la decisión última la tienen los magistrados», destacó Díaz Manzanera. Además, los fiscales han puesto sobre la mesa asuntos relacionados con las conformidades y la posibilidad de suspender o no las condenas en función de las circunstancias que se den. Está previsto que lleguen a un acuerdo antes del 7 de octubre, fecha fijada para una vista en la que el juez decidirá finalmente si suspende las penas o no.

«Contra la sentencia»

Las condenas por las condenas de los acusados de la red de proxenetas ha provocado numerosas movilizaciones y protestas en la Región desde distintos colectivos sociales. Este martes, se convocó la última hasta la fecha, y decenas de personas se concentraron en la Puerta del Palacio de Justicia de Murcia bajo la organización de la Asamblea Feminista de la Región.

La protestas de los asistentes fueron contra «la sentencia de los empresarios y abogados, puteros y proxenetas pederastas, condenados por pertenecer a una red de prostitución de menores», tal y como rezaba en algunas pancartas de la convocatoria.

Podemos ha anunciado que exigirá que se cumpla la ley de Libertad Sexual para «evitar sentencias como la de los empresarios pederastas» en Murcia, según informaron fuentes de la formación morada.

La diputada regional de Podemos, María Marín, aseguró que la sentencia de los empresarios – cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos con el fin de evitar la prisión- es «solo la punta del iceberg» y que no espera «nada» del sistema judicial de la Región, por lo que plantearán «la batalla» en Madrid. «Lamentablemente, las mujeres de esta Región no esperamos nada de estos fiscales», aseveró, a propósito de la primera reunión mantenida ayer por la Junta de Fiscales. Asimismo, indicó que «no se trata solo de este acuerdo», sino que «son decenas y la sentencia de la red de empresarios es solo la punta del iceberg». Frente a esto, Podemos planteará «la batalla en Madrid», llevando al Congreso una Proposición No de Ley «para que casos como este no se produzcan nunca más».

Según la portavoz morada, «lo peor de todo es que ya hay medidas para evitar este horror», en referencia a las medidas recogidas en la Ley de Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por Irene Montero y aprobada en 2022. «Si no se están cumpliendo es simplemente por la falta de voluntad política por parte del Gobierno y por la reacción del poder judicial a los avances feministas», aseveró.

La primera de estas medidas es la «derivación de estos casos de violencias sexuales a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde sirvan jueces, juezas y fiscales especializados en violencia sexual», tal y como apuntó.

La segunda medida consiste en «garantizar la asistencia letrada especializada a las víctimas», algo que también garantiza el artículo 33 de la ley de Garantía de la libertad sexual «y que evidentemente no se ha cumplido en este caso, dando la espalda a las víctimas».

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