La Fiscalía desmonta la denuncia sobre el impacto de las depuradoras en el Mar Menor

La Fiscalía concluye que no existe delito medioambiental en la actividad de la depuradora de Torre Pacheco, y que los vertidos puntuales que se han producido durante los episodios de lluvias no han causado daños al dominio público hidráulico ni al Mar Menor. El Ministerio Público rechaza que las aguas residuales urbanas sean la causa de la contaminación de la laguna, por lo que ha archivado la investigación que se inició hace año y medio contra varios alcaldes y concejales de los municipios ribereños, la Confederación Hidrográfica del Segura, Esamur, la Comunidad Autónoma y la Dirección General de Costas, al considerar que los objetos de denuncia que se relatan en los atestados del Ucoma de la Guardia Civil no revisten carácter de delito.

Entre los denunciantes figura la Asociación Agroingenieros por el Mar Menor, cuyos argumentos han sido desmontados por la Fiscalía. Dicha denuncia, que se acumuló a unas diligencias abiertas por el Seprona, se presentó contra alcaldes, altos cargos y técnicos en relación con vertidos de aguas residuales al Mar Menor procedentes en gran medida de las estaciones de depuración de los municipios ribereños del Mar Menor, señalando que hubo una descarga reiterada y sistemática de aguas mal depuradas, nutrientes y otros contaminantes.

Para ello, los denunciantes aportaron como prueba un informe toxicológico que encargaron a la Universidad Rey Juan Carlos, que aludía al incumplimiento de los valores límites de emisión de la depuradora de Torre Pacheco y a sus efectos en la laguna costera. Este estudio no ha sido tenido en cuenta por el fiscal, que acepta, por el contrario, la explicación facilitada por la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de tal informe, que tachó de «falsedades». En este sentido, la Fiscalía menciona la la noticia publicada por LA VERDAD en la que la CHS refutó tal informe. Agroingenieros y la Fundación Ingenio sostienen que la contaminación del Mar Menor se debe principalmente a los vertidos urbanos y no tanto a los nitratos agrícolas del Campo de Cartagena, poniendo el foco en la depuradora de Torre Pacheco.

Las alcaldesas de Cartagena

Lo que se presentó como una causa general contra las administraciones públicas por un posible delito medioambiental, a raíz del impacto que podían tener en el Mar Menor los vertidos puntuales de dicha depuradora, ha quedado finalmente «desvanecida», en palabras del propio fiscal Miguel Eduardo de Mata Hervás. El decreto de archivo, con fecha del pasado día 19, especifica que tal decisión no es recurrible.

En el escrito dirigido a las partes, el fiscal justifica la actuación policial sobre las irregularidades detectadas entre los años 2019 y 2022 principalmente, y refiere que los hechos recogidos en diversos atestados sobre los posibles incumplimientos de dicha depuradora, «reclamaban cuanto menos una explicación de las personas con responsabilidad en los distintos ámbitos a los que afectaban los vertidos» de la depuradora. Concluye que esas explicaciones «se han dado satisfactoriamente por dichos responsables». «Basta con ver los extensos razonamientos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Segura en el informe de la Comisaría de Aguas, así como las declaraciones de sospechosos y documentación aportada por estos para, cuanto menos, dar una interpretación distinta y fundada en derecho, que hacen que no quepa hablar de delito ambiental ni de conductas arbitrarias o injustas acreedoras del delito de prevaricación ambiental», apunta el fiscal.

Durante el año y medio que ha durado la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma), han declarado en calidad de investigados el comisario de Aguas de la CHS, Francisco J. García Garay, y varios jefes de servicio de este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto los responsables de Calidad de Aguas, Vertidos, Régimen Sancionador y Régimen de Usuarios.

Asimismo, los agentes de la Ucoma tomaron declaración al entonces director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco de Asís Marín Arnaldos. También se prestaron a declarar las alcaldesas de Cartagena (Ana Belén Castejón y Noelia Arroyo) en relación a los años investigados de 2019 a 2022, al igual que el anterior concejal de Urbanismo de Torre Pacheco, Alberto Galindo. La toma de declaraciones incluyó igualmente al director técnico de Esamur, Pedro Simón Andreu, y a un técnico de Torre Pacheco.

Un problema «común»

En el curso de la investigación, el fiscal instructor tomó declaración como sospechosos a técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de Esamur, y dejó fuera de tal consideración a las alcaldesas de Cartagena. Todos ellos han quedado exonerados. La denuncia de Agroingenieros también se dirigió inicialmente contra el exalcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el actual regidor, José Ballesta, así como el presidente de la CHS, Mario Urrea, entre otros.

En sus conclusiones, el fiscal indica que la imagen de incumplimiento de la depuradora «no es correcta, pues se incurre en el error de dar el mismo tratamiento a vertidos que tienen un tratamiento técnico y jurídico distinto». Recalca que el fenómeno de desbordamiento de aguas residuales en episodios puntuales de lluvia «es una realidad común en todas las estaciones depuradoras».

Añade que el agua no tratada que se desvió a la rambla del Albujón durante el episodio de lluvias, al quedar desbordada la red de saneamiento, no comprometió los objetivos medioambientales, según la CHS.

El fiscal indica que, según los testimonios e informes de las administraciones implicadas, los incumplimientos de los límites contaminantes de los vertidos solo se producen cuando llueve, al entrar las lluvias y los arrastres de las aceras en la red de alcantarillado, desbordando la capacidad de la depuradora, por lo cual esas agua se conducen a un aliviadero sin poder ser tratadas. Ese vertido, con su carga contaminante, «es inevitable» porque no existe otra alternativa que construir unas infraestructuras que ya están previstas a partir del año 2023. En el caso de Torre Pacheco, el año pasado se puso en funcionamiento un gran tanque de tormentas que se ha anticipado a los plazos marcados, añade el decreto de archivo.

El fiscal indica que esos episodios de lluvia «solo representan el 0,12%» de cuatro años de funcionamiento de la depuradora. Recalca, asimismo, que la CHS «informa con rotundidad de que el funcionamiento de la misma es excelente», en referencia la estación de Torre Pacheco. Subraya la Fiscalía que la posibilidad de delito contra el medio ambiente «se desvanece» si la CHS, que es la entidad que controla y supervisa, «sostiene que el nivel de tratamiento es excelente y que solo presenta incumplimientos motivados por episodios de desbordamientos por lluvias, que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para la rambla del Albujón».

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