Aprueban en Murcia el Plan de Saneamiento Financiero que subirá el IBI, el ‘sello’ del coche y el IAE en 2025

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, se convirtió ayer en la tercera mujer en ocupar el puesto de presidenta del Pleno ordinario que celebra cada último jueves de mes la corporación municipal. Un cargo que asumió debido a la ausencia por motivos de salud del alcalde, José Ballesta, que se recupera de una intervención quirúrgica a la que se sometió la semana pasada.

A pesar de que el regidor murciano no pudo estar presente, no dejó de ser protagonista, ya que todos los grupos políticos aprovecharon sus intervenciones para dedicarle palabras de ánimo y desearle «una pronta y buena recuperación» para que pueda volver pronto a La Glorieta. Por su parte, Rebeca Pérez arrancó la sesión plenaria trasladando el agradecimiento que el primer edil le encomendó para responder a todas las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

Fue un Pleno denso, en el que se pusieron sobre la mesa más de veinte mociones, lo que hizo que la sesión se alargara hasta primera hora de la tarde. Aunque predominó la cordialidad, hubo algunos desencuentros entre el Gobierno municipal y la oposición, que comenzaron con la aprobación del Plan de Saneamiento Financiero del Ayuntamiento de Murcia para los próximos cuatro años, que contempla una subida del 3,4% en 2025 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el sello del coche y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

La iniciativa recibió el visto bueno en segunda votación, ya que la falta del apoyo de Ballesta hizo que el Grupo Municipal Popular no tuviera ayer la mayoría absoluta, lo que motivó el empate a 14 votos del PP con la misma cantidad que suma la oposición entre los 8 que tiene el PSOE y los 6 de Vox. Aunque la medida no contara con el visto bueno de la oposición, salió finalmente adelante por el voto de calidad de la presidenta del Pleno, con el que se resolvió el empate. Una fórmula que la vicealcaldesa tuvo que usar en varias ocasiones para dar salida a algunos de los asuntos que se debatieron.

Sobre el incremento que experimentarán los tributos municipales el próximo año, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, denunció que «consiste en eliminar las inversiones y subir los impuestos a los ciudadanos». Medida que también criticó el edil de Vox José Mariano Orenes por considerarla «un ataque directo a los murcianos por los problemas financieros» que atraviesa el Consistorio. A lo que el concejal de Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, respondió que se trata de «una medida necesaria para arreglar el agujero de 76 millones de euros que hizo el partido socialista en dos años de gobierno», que responde a la «responsabilidad de sanear y equilibrar las cuentas» mediante una subida tributaria basada en la actualización del IPC.

En este sentido, Muñoz se refirió a una «redistribución y ordenación de los recursos y solicitó la aprobación del Presupuesto estatal y el techo de gasto para que llegue la financiación autonómica y la Comunidad pueda asignar partidas a los municipios «para poder cubrir los servicios que se prestan al ciudadano y evitar la quiebra, ya que también suben los contratos, que renegociaremos para reducirlos un 10%».

Por otro lado, el edil anunció en su contacto previo al Pleno con los medios de comunicación que la inversión municipal prevista para las cuentas de 2025 ascenderá a 40 millones de euros y pidió a los grupos de la oposición que aparquen el «batiburrillo de cuentas con el que pretenden confundir a los ciudadanos».

Aunque la subida de impuestos prevista por el Ejecutivo local fue el tema que ocasionó mayores discrepancias, hubo otros asuntos que avivaron la polémica. Las ediles Belén López (PP) y Esther Nevado (PSOE) se enzarzaron en reproches por la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la situación de los colegios públicos del municipio, que no salió adelante al ser rechazada por la bancada popular. Una iniciativa que instaba al Ayuntamiento a «realizar una auditoría exhaustiva y participativa sobre el estado de las instalaciones de los colegios públicos».

Otro de los rifirrafes lo protagonizaron el popular José Guillén y la socialista Ainhoa Sánchez cuando llegó el momento de debatir la iniciativa presentada por la edil socialista sobre la resolución de procesos selectivos con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público, que finalmente se convirtió en una moción alternativa del Grupo Municipal Popular que salió adelante con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox. El concejal Guillén se refirió a la falta de dignidad al dirigirse a Sánchez, a quien le pidió que se metiera «debajo de la cama».

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, anunció ayer antes del inicio del Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre que el Ayuntamiento exonerará a los ciudadanos de la tasa de extinción de incendios y salvamento.

Una medida que supondrá un ahorro a los ciudadanos de 1,6 millones de euros, según aseguró el edil, y que evitará que quienes se ven obligados a llamar al Servicio de Bomberos ante una emergencia tengan que abonar esta tasa tras la intervención.

En este sentido, Muñoz destacó que «esta cuota cero acabará con el efecto disuasorio que se generaba en numerosas ocasiones ante el temor de tener que hacer frente a la misma, lo que permitirá una intervención más rápida por parte de los servicios de Emergencias, facilitando de esta forma una actuación más rápida y eficaz que disminuirá los efectos y estragos del siniestro». Se trata de una tasa que abarcaba situaciones que van desde el incendio al salvamento de personas, animales o bienes a las actuaciones motivadas por hundimientos, saneamiento de cornisas o instalaciones de gas.

Además, el Plan de Saneamiento Financiero 2024-2028 aprobado ayer en sesión plenaria contempla la congelación del resto de tasas y precios públicos, así como una actualización de los impuestos en 2025 un 40% inferior a la inflación registrada desde la última actualización.

Por otro lado, Muñoz aseguró que «se ha incrementado el número de bonificaciones fiscales, que ascenderán a los 18 millones de euros para proteger a los colectivos más vulnerables, incluyendo a las familias numerosas». Bonificaciones que también afectarán al patrimonio histórico, al incrementarse hasta el 75% en el caso de inmuebles singulares en la Huerta de Murcia y el 50% en los declarados BIC.

El lanzamiento de plásticos en fiestas y eventos municipales fue uno de los temas debatidos ayer durante el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia del mes de septiembre, que puso sobre la mesa el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá. El edil criticó el uso de oropel, confeti plastificado que fue mezclado con pétalos de rosa para protagonizar el tradicional lanzamiento a la Virgen de la Fuensanta.

Una acción que el Ayuntamiento llevó a cabo en la calle Arenal con cañones instalados en las ventanas del despacho del alcalde, tanto en la bajada de la imagen de la Patrona de su santuario con motivo de la Feria de Murcia como en la multitudinaria subida al monte del pasado 17 de septiembre.

Los grupos de la oposición mostraron su total rechazo a esta práctica por «su alta capacidad de contaminación y la dificultad de su limpieza», según el portavoz socialista, que incidió en que «nunca ha sido tradición tirarle plásticos a la Virgen». A lo que el edil David Barquero, del Grupo Municipal de Vox, añadió que «fue una marranada tirar plástico a la Morenica» y apeló a seguir con la tradición original «sin tanta parafernalia».

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, acusó a Ruiz Maciá de «querer crear polémica» y se refirió a varios festejos de provincias vecinas donde se usa este tipo de confeti. Finalmente, resaltó que prefería «quedarse con lo positivo» de la iniciativa y se aprobó una moción alternativa de su partido en la que el equipo de gobierno se comprometió a usar oropel biodegradable, tanto en próximas romerías como en otro tipo de eventos.

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