Los sindicatos claman por el «maltrato institucional» a los mayores en la Región

Los sindicatos CC OO y UGT reclaman al Gobierno regional que impulse la construcción de nuevas residencias públicas para cubrir la demanda de cerca de 1.500 mayores de 65 años que esperan para acceder a una plaza, así como que apruebe con urgencia el nuevo decreto de condiciones mínimas para estos centros, una promesa que viene dilatándose ya tres años.

Este documento debe fijar la ratio de profesionales, así como los metros con que deben contar los centros según el número de residentes y las medidas de seguridad. «Hace tres años que iban a hacerlo en un mes», denunció este viernes José Cánovas Martínez, secretario de Prestaciones Sociales de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, durante la celebración de la rueda de prensa con motivo de la celebración el próximo día 1 de octubre del día internacional de las personas mayores.

«Ya dijimos el año pasado que la consejera –Conchita Ruiz– nos había comunicado que no van a invertir en residencias públicas, sino en concertadas, y así ha vuelto a hacerlo», señaló el representante sindical, que lamentó que más del 80% de las cerca de 4.700 plazas residenciales en la Región sean de titularidad privada. Cánovas recordó que una residencia «tiene un precio medio de 2.000 euros» mientras que la pensión media en la Región se situó el pasado mes de septiembre en 1.116 euros, 142 euros por debajo de la media estatal. «El resto lo pagan familiares que además tienen hipotecas, que en muchos casos tienen un contrato precario y dificultades para poder pagar la residencia».

Por este motivo, los sindicatos anunciaron que el próximo martes llevarán a cabo una concentración frente a la Delegación del Gobierno para reclamar mejoras para el colectivo que se siente «maltratado institucionalmente» por las administraciones.

Cánovas achacó la reducida pensión media en la Región, la tercera más baja del país, «a la alta precariedad laboral en la Comunidad y, sobre todo, a su gran porcentaje de economía sumergida». «Mientras que se están cobrando sobres fuera de la nómina, se están garantizando pensiones por debajo de la media nacional para toda la vida. Y esto no solo afecta a los pensionistas actuales, sino también a los del futuro», señaló.

Brecha de género

En total, la Región cuenta con cerca de 260.000 pensionistas, de los que casi 8.500 reciben pensiones no contributivas de 485 euros, «mayoritariamente mujeres», resaltó Cánovas, que apuntó la gravedad de la brecha de género n las pensiones en la Región, lastradas por su mayor dedicación a los cuidados familiares. En Región de Murcia hay 50.965 personas recibiendo algún tipo de las ayudas a la dependencia, unas ayudas que «tal como está diseñadas, van directamente a las familias, y ¿quién cuida al mayor? La mujer, que con esa ayuda que da pasa a estar ocupada en el cuidado al mayor y no tiene la posibilidad de cotizar y es una candidata a una pensión no contributiva». Así, CCOO y UGT apuestan por incrementar la cuantía de las ayudas, para que se destinen a la contratación de profesionales en el hogar que permitan a la mujer continuar su carrera laboral.

Por otra parte, Pura Rodríguez Ruiz, secretaria de Organización y Política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, destacó que las solicitudes para la dependencia han ido aumentando desde 2018 a 2023 a un ritmo del 5,3% mientras la evolución de las resoluciones ha crecido únicamente un 3,4% en el mismo periodo. «Es decir, que cada vez hay más resoluciones que no se resuelven adecuadamente».

La integrante de UGT destacó además que los mayores de la Región cuentan con una de las peores situaciones de salud de España, con una menor esperanza de vida, a la cola en años de vida saludable a partir de los 65. «Cabría esperar que hubiera una cobertura más alta que la media, pero no es así. Es de las peores de España».

Los sindicatos reclaman además mejoras en la sanidad pública para garantizar una atención en un plazo de 24 horas, el fortalecimiento de la asistencia a domicilio, la apuesta por otros modelos residenciales como las viviendas compartidas atendidas por profesionales del IMAS y mayor participación del colectivo en todos los estamentos sociales.

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