El tiempo medio de las legalizaciones se recorta de doce a cinco meses

A raíz del incendio en Teatre y Fonda Milagros, en la zona de ocio de Atalayas, el Ayuntamiento de Murcia puso en marcha «una inspección extraordinaria» en los locales de la zona y en el entorno de la calle Mariano Rojas, otro de los lugares donde se concentran este tipo de negocios. Durante los primeros quince días, la revisión se centró sobre 39 locales de ocio nocturno de gran aforo que tenían órdenes de cierre en vigor y precintó 10 de ellos porque las estaban incumpliendo.

De estos, cuatro locales se encontraban en la zona de Atalayas, donde se produjo el incendio, y otros cuatro en la avenida Mariano de Rojas. El resto estaban en la zona centro de la ciudad y otro en la pedanía de Gea y Truyols.

Desde entonces, la inspección en estas zonas de ocio «es continua», para ver si se ajustan a las condiciones de la licencia, apunta el concejal Antonio Navarro. «Son las que concentran al mayor número de personas, y, por lo tanto, tienen mayores riesgos en la seguridad».

En cualquier caso, reconoce que el mayor impulso lo ha supuesto la ampliación de personal y la creación del Servicio Técnico de Disciplina de Actividades e Instalaciones. «Se ha notado mucho» a la hora de sacar adelante los expedientes, indica, y junto al refuerzo del Servicio de Prevención de Incendios, el aumento de las tramitaciones y resoluciones «ha sido exponencial».

De hecho, subraya, los procedimientos para la legalización de las actividades que ya están en marcha, se han reducido en el tiempo a menos de la mitad, al pasar de más de un año anteriormente a los cinco meses actuales.

Tramitaciones, en números

Aparte de esa inspección extraordinaria en estas dos zonas y una vez que el nuevo servicio diseñó un plan de inspección anual, se está llevando a cabo «un control específico» de los locales destinados a discotecas o locales con gran afluencia de personas, en todo el municipio, y se revisan «sus condiciones de funcionamiento».

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en 2023 se decretaron once órdenes de suspensión inmediata de actividad en locales abiertos y que necesitan licencia. De estos, tres siguen cerrados. Este año y hasta el 31 de agosto, son 18 los que tienen orden de suspensión inmediata y siguen cerrados cinco, al no haber subsanado las deficiencias detectadas. En estos casos, el Consistorio declinó dar los nombres de los locales afectados.

Por lo que respecta a las licencias, en 2023 se solicitaron 61 y se resolvieron 36; mientras que este año se solicitaron 36 –hasta el 31 de agosto– y se han resuelto 21. En cuanto a las legalizaciones de las actividades operativas, el año pasado entraron 81 solicitudes y se resolvieron 65. Este ejercicio la relación es de 38/43, «ya que algunos de los expedientes procedían de años anteriores», explica Navarro.

En referencia a los procedimientos por los que se restablece la legalidad de las actividades, en 2023 se dio luz verde a 406 tras ser inspeccionados los negocios, mientras que este año la cifra «ya es de 265». El año pasado se abrieron 722 procedimientos sancionadores y en los primeros ocho meses de este son ya 368.

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