La Región se suma a las autonomías del PP contrarias a intervenir los precios de los alquileres

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reúne este jueves con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de vivienda, después de que la pasada semana insinuara que aquellas que actuaran como «insumisas» a la aplicación de la Ley de Vivienda podrían recibir menos fondos en esta materia. Desde ejecutivos autonómicos como el de la Región de Murcia este aviso fue calificado como un «chantaje» y en esa línea línea se ha vuelto a pronunciar antes de esa reunión.

En un comunicado conjunto que han firmado las comunidades autónomas del PP y al que se han sumado también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se han dirigido a la ministra diciendo que no tolerarán «la amenaza y el chantaje» de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda.

Los gobiernos del PP consideran que esta ley incluye medidas «fracasadas e inoperantes» y que el procedimiento anunciado para el reparto de fondos «es desigual».

En este sentido, defienden que es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas. Asimismo, las comunidades del PP recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. «No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios», avisan.

Por ello, rechazan «el procedimiento anunciado» por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de vetar de los fondos estatales a aquellas comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda, pues ello conllevará, denuncian, «un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta». «No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos», subrayan.

Asimismo, piden al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para lograr acuerdos que solucionen un problema «que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular».

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