El Constitucional aplaza dos semanas su decisión sobre la ley de derechos del Mar Menor

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre en qué medida se adapta la ley de reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor a la Carta Magna se conocerá al final dentro de dos semanas. Este es el plazo que se ha dado el Pleno del órgano de garantías constitucionales para resolver el recurso de Vox contra la ley de derechos de la laguna, vigente desde el 30 de septiembre de 2022 y fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por más de 640.000 firmas. En la sesión de este miércoles, los miembros del Pleno del Constitucional deliberaron acerca de este asunto y decidieron aplazar la sentencia hasta su próxima reunión, informaron fuentes del TC.

Fuentes judiciales aseguraron que, como adelantó LA VERDAD este lunes, el Constitucional se inclina por rechazar el recurso de Vox, a través de la ponencia asumida por la magistrada María Luisa Segoviano. Estas fuentes señalaron, en todo caso, que debido a la complejidad jurídica del asunto, pues se trata de la primera ley que reconoce derechos a un ecosistema natural, el TC quiere afinar al máximo en su argumentación. Sobre el contenido del texto, no se descartaba una postura discrepante con la mayoría, parcial o totalmente, de algún magistrado conservador.

Uno de los aspectos clave de las deliberaciones, indicaron, es lo relativo a cómo encaja en la Constitución la clase de entidad jurídica con la que la ley identifica el Mar Menor. Precisamente, en febrero, el Consejo de Estado advirtió de un «vacío normativo» que podría «poner en peligro el principio de seguridad jurídica constitucionalmente consagrado y la propia eficacia de esta novedosa técnica de protección de la naturaleza». Se refirió, con ello, a la «indefinición de la naturaleza jurídica» de la laguna y «el régimen jurídico aplicable» a ella y a la cuenca, «en tanto que ente personificado». «La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, debería ser completada antes» en las Cortes para definir qué «clase de persona jurídica» es el Mar Menor, planteó, tras analizar el texto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica tras la aprobación de la ILP por el Congreso de los Diputados. Las firmas de los ciudadanos fueron llevadas ante esta Cámara por un grupo promotor liderado por la profesora Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente.

Asimismo, el Consejo de Estado detectó problemas en la llamada Tutoría de la laguna y el sistema de gobernanza, algo que, según las fuentes consultadas, también advirtió de la Abogacía del Estado al Ministerio. Aunque el Ministerio que dirige Teresa Ribera pretendía aprobar el reglamento de desarrollo de la ley tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, las dudas expuestas por la Abogacía del Estado y el recurso presentado por Vox le llevaron a esperar al pronunciamiento del Constitucional.

Competencias autonómicas y conductas

Presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario en el Congreso, el recurso de Vox fue admitido a trámite en febrero de 2023. El partido de Santiago Abascal alegó en su escrito que la norma podría vulnerar, entre otras cuestiones, las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente. También apuntó que la norma «no especifica qué conductas concretas infringen los ‘derechos del Mar Menor’ generando así una situación de incertidumbre».

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