La economía sumergida mueve cifras que triplican el presupuesto sanitario regional

El montante económico que mueve la economía sumergida en la Región puede alcanzar hasta los 6.900 millones de euros al año, una cifra superior al Presupuesto con el que ha contado la Comunidad Autónoma en el presente ejercicio 2024 (6.526 millones de euros) y cerca del triple de la inversión destinada a financiar el sistema sanitario (unos 2.300 millones de euros).

Así lo señala el estudio ‘Economía sumergida e irregularidades laborales en la Región de Murcia’, elaborado gracias a la colaboración de la Universidad de Murcia (UMU), el Consejo Económico y Social (CES) y el Gobierno regional, que fue presentado este viernes y que servirá de base para el plan estratégico de lucha contra las actividades económicas irregulares en el que está trabajando la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

El informe estima que este fraude fiscal y laboral supone el 17,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, una tasa que, no obstante, es inferior a la media europea (17,7%) pero superior a la española (15,8%). Asimismo, la tasa ha experimentado un descenso de 4,5 puntos con respecto a 2004, cuando el CES realizó otro estudio similar sobre economía sumergida y la situó en el 21,9% del PIB autonómico.

El catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la UMU José Colino, coordinador del informe junto al también profesor universitario Federico Martínez-Carrasco, señala que este porcentaje del 17,4% se ha calculado aplicando el modelo de estimación Mimic (múltiples indicadores y causas) que suele utilizar el economista Friedrich Schneider, que fue quien fijó las tasas del 17,7% para la Unión Europea y del 15,8% para España.

No obstante, los investigadores han establecido un margen de error «generoso» de 10 puntos, admitiendo que la tasa regional podría oscilar entre 15,7 y el 19,1% del PIB. «Esto significa que, hablando en cifras absolutas, la actividad económica no declarada puede suponer un mínimo de 5.600 millones de euros, lo que equivaldría a si una mafia nos quitara 8.500 euros al año a cada una de las 670.000 personas ocupadas en la Región, y un máximo de 6.900 millones de euros, más del total del Presupuesto de la Comunidad para este año, tres veces más el gasto destinado a sanidad», destacó Colino.

Según la estimación que hacen los profesores de la UMU, las comunidades autónomas con mayor tasa de economía sumergida serían Canarias y Andalucía (17,9%), seguidas de Extremadura (17,8). Murcia ocuparía la cuarta posición. La menor incidencia se registraría en Madrid (13,8).

Percepción social

El informe incluye un estudio demoscópico basado en 680 encuestas realizadas a ciudadanos mayores de 16 años de la Región, con el objetivo de conocer la percepción social que existe sobre la economía sumergida.

Así, una mayoría de ciudadanos ubican este fraude en la agricultura, los servicios domésticos, la hostelería y las reparaciones domésticas. De igual modo, consideran que los principales colectivos afectados por las actividades no declaradas serían los inmigrantes, los parados que no cobran ninguna prestación por desempleo, las personas que realizan labores del hogar y los jóvenes que dejan los estudios.

Además, la mayoría cree que la economía sumergida tiene mayor implantación en la Región que en el conjunto de España, y señala como causas de la misma el deseo de algunos empresarios de aumentar sus beneficios por encima de los derechos laborales de los trabajadores, el desempleo y la insuficiencia de sanciones sobre las personas o empresas que realizan estas prácticas fraudulentas. Entre los efectos que implica el fraude, los encuestados apuntan a la competencia desleal entre empresas y una mayor carga fiscal para los contribuyentes que sí cumplen con la normativa fiscal.

Por otro lado, el informe ofrece algunos datos sobre la realidad del fraude laboral en la Región, extraídos del análisis de las estadísticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De este modo, la Región ocupa el primer puesto en el ‘ranking’ autonómico en cuanto a proporción de infracciones en función del número de actuaciones con un 15,7%, triplicando el porcentaje de Castilla y León (5,1). También es la segunda comunidad, solo por detrás de Cataluña, en porcentaje de trabajadores afectados por infracciones con respecto al total de activos (empleados y parados).

Las áreas que concentran la mayor parte de las actuaciones de la Inspección de Trabajo serían ‘Seguridad Social’, ‘Prevención de riesgos laborales’ y ‘Relaciones laborales’, mientras que ‘Empleo y colocación’ y ‘Extranjería’ serían residuales.

Otro capítulo está dedicado a analizar la tipología de irregularidades laborales que se cometen en la Región, actualizando datos obtenidos en 2005. Aquí se basan los investigadores en otra encuesta con una muestra mucho mayor (1.850 entrevistas).

Irregularidades laborales

Es en este apartado donde sale la conclusión que los autores del estudio señalan como la más relevante de todo el informe, que es la caída de la irregularidad denominada ‘Ausencia de afiliación/alta a la Seguridad Social’. Del 28,4% de ocupados en el sector privado que decían sufrir esta situación en 1995, se ha pasado al 10,7% en 2023. También se ha producido una mejora manifiesta en otras tres irregularidades, como son las ‘Vacaciones inferiores a las legales’, ‘Salario parcial fuera de nómina’ y ‘Horas extraordinarias no compensadas’. Se mantienen persistentes, en cambio, las irregularidades calificadas ‘Falsos autónomos’ y ‘Jornada superior a la pactada’.

En cuanto a los colectivos que todavía se ven afectados por las ilegalidades laborales, estarían los extranjeros, los jóvenes de entre 16 y 24 años, los que realizan trabajos temporales de entre 1 y 3 meses y las personas con escasos estudios. Los sectores de actividad más afectados serían la hostelería y el servicio doméstico. En lo que respecta a los territorios, las comarcas con mayor grado de cumplimiento en materia laboral son las más pobladas, es decir, la Huerta de Murcia y Campo de Cartagena-Mar Menor. Las vegas Media y Alta y la comarca Oriental se sitúan en torno a la media regional, mientras que Noroeste-Río Mula y Guadalentín son las dos zonas con mayor incidencia de las irregularidades laborales, según indica el informe elaborado por la Universidad de Murcia, el CES y el Gobierno regional.

Coordinación y prevención

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó el compromiso del Ejecutivo autónomo con la erradicación de la economía sumergida en la Región, pues esta «provoca una pérdida de ingresos fiscales esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos, reduce la competitividad de las empresas y fomenta la precariedad laboral».

López Aragón -quien presentó el informe junto al rector José Luján y el presidente del CES, José Antonio Cobacho- avanzó que el nuevo plan estratégico contra la economía sumergida que prepara el Ejecutivo regional, de la mano de la patronal empresarial y los sindicatos, se basará en tres ejes, que son «la coordinación interadministrativa, el enfoque multisectorial y las medidas correctoras y preventivas».

Además, resaltó la consejera que «la concienciación ciudadana y la simplificación administrativa» serán otras herramientas para acabar con el fraude, aunque recordó que la Administración autonómica no tiene todas las competencias para actuar en áreas como los tributos estatales o la Seguridad Social.

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