Sin tregua ante el crimen ecológico en la Región de Murcia

En aquel coto de Puerto Lumbreras «olía a muerto». Decenas de cadáveres de zorros, fallecidos de forma «agónica» por asfixia, iban apareciendo en distintas zonas de este municipio. Era «un gran crimen ecológico, una auténtica masacre», provocada por alguien que llegó a sembrar el campo con 328 «lazos», macabros collares de alambre empleados para la captura y muerte ilegal de estos mamíferos y de perros asilvestrados. Localizar al autor de aquella aberración se convirtió en una prioridad para los agentes de la Brigada de Delitos Ambientales (Brida) de la Comunidad Autónoma, recuerda a LA VERDAD Antonio, componente de esta unidad. La pericia y tenacidad de los funcionarios fueron claves, años atrás, para el desenlace de este episodio especialmente negro en la historia de los atentados contra el medio natural en la Región de Murcia: la identificación del individuo que colocó los dispositivos, quien fue detenido, juzgado y condenado por este delito contra la fauna, en una sentencia que incluyó una sanción económica por responsabilidad civil. El autor confesó los hechos y, gracias a las pesquisas realizadas, se conoció el móvil: «El hombre, natural de Almería, estaba obsesionado con la prevalencia de la perdiz, porque le gustaba la caza menor, y quería terminar con todos los zorros que pudieran molestarle».

Como en esa ocasión, el trabajo de la Brida, que colabora de forma estrecha con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región, fue determinante para esclarecer la muerte de zorros y de perros en Abarán, en este caso por el uso de veneno. «Identificamos a un señor que tenía animales domésticos en una finca y que, para protegerlos frente a posibles depredadores, colocó cebos con morcilla y salchicha con mucha carga tóxica. Utilizó una sustancia tóxica reina que está prohibida, pero que [como el carbofurano y la estricnina] sigue circulando en el mercado negro: el aldicarb», detalla Antonio en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, donde tiene la sede su grupo.

Y destaca que, si bien los agentes no sorprendieron a esta persona colocando los cebos, «la recogida de muestras permitió acreditar la trazabilidad del veneno», llegar hasta ella y arrojar indicios sólidos sobre la autoría del delito. Resultó esencial el uso de perros especializados en la búsqueda y detección de veneno, una trampa oculta para jabalíes, tejones, ginetas y aves rapaces, entre otros animales, en forma de suculenta comida, como morcillas y salchichas. Para culminar con éxito esta operación, la Brida se valió de la unidad canina, uno de los medios con lo que la Comunidad la ha dotado en sus 19 años de servicio a los murcianos, junto a vehículos todoterreno y drones. Para el análisis de las muestras biológicas, remiten el material al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, situado también en El Valle.

En el caso de la detección de veneno, disponen del apoyo del adiestrador Víctor Reverter, encargado del adiestramiento de las dos perras de la unidad cinológica o canina: ‘Fiona’, una pastor alemán de seis años, y ‘Tralla’, una pastor belga malinois de dos. Según su entrenador, «se juegan la vida en cada búsqueda de veneno, donde luchan contra su instinto para no comer la carne de los cebos, sino marcarlos; lo hacen sentándose o tumbándose, pero nunca tocándolos con la pata u otra parte del cuerpo, porque solo tocarlos con la lengua puede matarlas».

Sin espacio para la impunidad

Integrada en el cuerpo de Agentes Medioambientales, que forman 117 funcionarios distribuidos en dieciséis «comarcas medioambientales» y que comparten los recursos, la Brida dispone de cuatro agentes (Pedro, Adolfo, Miguel y el citado Antonio) y es una de las tres secciones de la Administración regional dedicadas a la defensa de la naturaleza, junto con la de Flora y Fauna (Brifa) y la de Caza y Pesca y Marítima.

Creada en mayo de 2005, con dos agentes forestales a tiempo parcial, la Brida es «la única de España que asume la investigación integral de toda la gama de delitos contra el medio ambiente, desde los incendios intencionados al uso de veneno contra la fauna, la contaminación del agua y los vertidos de residuos en los montes, entre otros». Lo explica Manuel Páez, jefe de servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural de la Consejería dirigida por Juan María Vázquez. Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, que incluye ese servicio y lidera María Cruz Ferreira, subrayan que «contar con profesionales especializados en la investigación de infracciones y delitos es fundamental para preservar nuestro medio natural y trasladar a la sociedad el mensaje de que delinquir contra la naturaleza no sale gratis, que no hay espacio para la impunidad».

Esta brigada es «el único cuerpo armado de la Comunidad [usan armas largas] y tiene funciones de policía judicial genérica en auxilio de jueces y fiscales en 550.000 hectáreas forestales y otras de áreas agrícolas y rurales».

Además, su personal se turna para garantizar su movilización durante las 24 horas del día y todos los días del año, indican en el Gobierno regional. Y resaltan que en 2023 la Brida remitió a la Fiscalía 42 expedientes de investigación de incendios forestales, en un año con 175 partes sobre fuegos redactados por los agentes medioambientales (que efectuaron 23.208 actuaciones de toda clase). Estas comunicaciones se sumaron al envío de 122 fichas relativas a la peligrosidad potencial de incendio en vertederos, áreas recreativas, líneas eléctricas y líneas de ferrocarril.

«La Brida investiga una media de entre veinticinco y treinta casos al año y, entre sus tareas más importantes, están las averiguaciones sobre posibles vertidos de aguas residuales y otros contaminantes en cauces y en el mar, tanto en el Mar Menor, como en calas y playas del Mediterráneo, en calas y playas; y el uso ilícito e indiscriminado de venenos, que acaban de forma cruel con ejemplares de especies silvestres protegidas», comenta Luis Cavero, coordinador operativo de los agentes medioambientales.

«Gran trascendencia social»

Con la experiencia que le dan sus 42 años de servicio en los Pirineos y en la Región de Murcia, este geógrafo, natural de Huesca, asegura que el balance sobre la Brida es más que positivo, y no solo por el esclarecimiento de cientos de asuntos. «Indudablemente, que se investiguen de manera profesional y a fondo delitos contra el medio ambiente, de gran trascendencia social, contribuye a que se reduzca de una manera muy importante el número de delitos. Con el paso de los años, se ve que cada vez son menos, sobre todo en el uso de cebos envenenados en el monte. El efecto preventivo de la Brida, y del cuerpo de agentes medioambientales en su conjunto, es muy importante».

El consejero Vázquez menciona como hitos la detención en septiembre de 2023 del individuo que mató de un tiro al lince ‘Tejo’, uno de los cuatro felinos reintroducidos seis meses antes en las Tierras Altas de Lorca por la Comunidad. «La alta cualificación, formación y especialización de los agentes ha sido determinante para alcanzar la máxima eficiencia. Sus pesquisas han sido determinantes para esclarecer delitos complejos contra la naturaleza, como la localización de residuos peligrosos y el análisis de aguas en el Mar Menor ante la sospecha de algún tipo de vertido y de las causas de los incendios forestales que asolan nuestros bosques. Son pesquisas que ponen rápidamente en conocimiento de otros cuerpos, como el Seprona y la Fiscalía, con los que colaboran estrechamente, lo que multiplica su eficacia», comenta el consejero.

En un trabajo coordinado, en el que comparten información con el Seprona, los uniformados de la Brida afrontan ahora el caso de ‘Ulea’. Se trata de la hembra de lince que un cazador liquidó, en mayo, con varios disparos de perdigones a bocajarro. Ambos cuerpos se reúnen de forma periódica y siguen estrechando el cerco sobre el sospechoso de acabar con la vida de este animal y ocultar sus restos en un paraje rural ubicado entre la pedanía lorquina de La Parroquia y el límite con la provincia de Almería.

Luis Cavero confía en que, antes o después, las autoridades darán con el responsable de esta fechoría y lanza un aviso a navegantes: «Nosotros no dejamos nunca de investigar, y podría decirse que el lince es un casi un animal sagrado. Es el único en España, junto al urogallo, que ha estado al límite de la extinción. El compromiso de la Comunidad con su recuperación es total y quien mate a un lince debe saber que hoy está en libertad y mañana puede estar delante de un juez y en prisión».

Otro desafío para la Brida, al igual que para el Seprona, es dar con la persona o las personas que prendieron fuego al monte el 1 de agosto en el Parque Regional El Valle y Carrascoy, cerca de las instalaciones del Centro Regional de Agentes Medioambientales. Ese día, en el que el calor fue extremo, ardieron trece hectáreas en ocho incendios en la zona del paraje de Sequén, en la pedanía murciana de La Alberca. Para evitar que las llamas se propagaran al resto del espacio protegido, fue necesaria la intervención de más de 140 efectivos, entre bomberos y otros equipos de emergencias. Ya en agosto del año pasado, otro fuego iniciado adrede arrasó cerca de 20 hectáreas de bosque en ese mismo entorno.

Como en el asunto de la lince ‘Ulea’, la Brida no descansa. Y la hemeroteca da cuenta de que el año pasado, el esfuerzo conjunto con la Benemérita y con la Policía Local de Murcia desembocó en la detención e imputación de dos jóvenes por el incendio de media hectárea en el Barranco del Lobo, en el Monte Miravete. Para que las averiguaciones lleguen a buen puerto, los agentes autonómicos disponen de información de gran relevancia, como las evidencias visuales y físicas que obtienen sobre el terreno, cuando acotan los focos donde arranca el fuego causado por un incendiario o un pirómano, y las imágenes de las cámaras de vigilancia del tráfico.

Mientras intentan arrojar luz sobre lo ocurrido y atrapar a los responsables de destruir la flora, la fauna y el paisaje –cuyo valor es aún mayor por la sequía y el cambio climático–, en la Brida siguen atentos a otros muchos frentes.

Colaboración ciudadana

En la comarca del Campo de Cartagena, los agentes medioambientales «participan en el seguimiento del cumplimiento de las normas de protección de la laguna y su cuenca», indica Manuel Páez. Y apunta que «han sido determinantes en el control de la instalación de pantallas vegetales (setos) y del arado de los cultivos, para que no se haga en pendiente y se eviten las escorrentías; y en la toma de muestras en la rambla del Albujón, para clarificar si hay contaminación distinta al consabido vertido de nitratos y su origen. Y han formulado denuncias por distintas irregularidades».

En los 45 municipios de la Región, los agentes se valen de la colaboración ciudadana, las denuncias de las organizaciones ecologistas y la información de ayuntamientos, empresas, agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores. Y, como sus intervenciones pueden suponer riesgos, los efectivos de la Brida y el resto del cuerpo medioambiental realizan un curso especial sobre técnicas de defensa verbal e intervención operativa en el ámbito forestal, impartido por un experto en actuación policial y criminalística. Mejorarán, así, su seguridad en situaciones como la parada y el control de personas y vehículos.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, afirma que «la investigación de delitos ambientales es parte de la espina dorsal del trabajo del Gobierno regional para la protección y conservación de la naturaleza y la biodiversidad». Y añade que el trabajo de la Brida «ha merecido el reconocimiento de diferentes instituciones». «Aunque, en ocasiones, pase desapercibido, debemos conocer que la Región de Murcia cuenta con un equipo único en España, que trabaja sin descanso por la protección de nuestro patrimonio natural y actúa contra los autores de posibles delitos», añade.

Para el fiscal especial de Medio Ambiente en la Región, Miguel de Mata, «el balance en los casi veinte años de trabajo de la Brida es claramente positivo. Su creación, dentro de los Agentes medioambientales, se revela como un acierto y una necesidad para mejorar la lucha contra los delitos con incidencia ambiental: incendios forestales, contra la flora y la fauna, maltrato animal, vertidos…».

Aves y tendidos

«Existe una comunicación directa y frecuente con sus integrantes. Y su trabajo es bien aceptado por los tribunales. Lo demuestra el alto índice de condenas en asuntos en los que han intervenido, principalmente incendios forestales y delitos contra flora y fauna», indica.

«Especial mención merece el esfuerzo en delitos contra la avifauna, sobre todo por electrocución, recogiendo cadáveres para su necropsia, reflejando el estado de las líneas eléctricas y su adaptación a la normativa y denunciando administrativamente y en la Fiscalía los hechos», dice De Mata. Y apunta que las denuncias de los agentes han impulsado «la corrección de numerosos apoyos» por parte de las empresas eléctricas, «algo estacable a nivel nacional».

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