Lunes, 28 de octubre 2024, 17:36
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Las cartas han comenzado a destaparse en el procedimiento judicial que compromete al secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, por el caso de la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra. La acusación particular -que ejerce el letrado Juan Rigabert en representación de los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva- presentó un escrito de acusación, al que LA VERDAD ha tenido acceso, en el que exige hasta ocho años de prisión para el líder socialista, por su presunta participación en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante la organización de los festejos de la Feria Taurina del Arroz de esa localidad. Esta parte también solicita 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos décadas de inhabilitación absoluta.
La acusación se dirige, asimismo, contra los concejales socialistas en el Consistorio calasparreño Antonio José Merino y Jordi Arce (exgerente del PSRM-PSOE); y el representante de Chipé Producciones S.L, para los que la acusación particular exige las mismas penas. Rigabert reclama, además, en su escrito que los procesados indemnicen al Ayuntamiento de Calasparra, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad de 377.096 euros, más los intereses legales. Para asegurar el pago de este montante en el caso de una condena, esta parte reclama al juez instructor que ordene a los acusados que presten una fianza de 500.000 euros o que, en caso de impago, ordene el embargo de sus bienes.
Reclaman al juez que exija a los acusados una fianza de 500.000 euros u ordene el embargo de sus bienes
Los hechos aparentemente delictivos que se relatan en el escrito de acusación de esta parte se centran en los años 2017, 2018 y 2019, y están relacionados con la organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de Calasparra. Esta parte sostiene que, hasta la llegada de Chipé Producciones a la localidad, la cesión de los novillos al Ayuntamiento para los encierros siempre fue gratuita. Es a la aparición de esta mercantil, remarca la acusación particular, cuando se empiezan a firmar con el Consistorio unos convenios de colaboración que tenían por objeto la cesión de los novillos a cambio de un precio.
La elección de esa figura jurídica -la de los convenios-, incide esta parte, «obedeció a un acto absolutamente arbitrario e irregular, careciendo los expedientes administrativos de informes previos que la justificasen». Rigabert subraya que «igualmente arbitraria la fijación de los precios -30.000 euros al principio y posteriormente 37.000 euros- lo cual se hizo por parte de Vélez sin que conste la emisión de ningún tipo de informe técnico que determinara la adecuación del importe convenido a precios de mercado para el servicio prestado».
La acusación particular hace hincapié, además, en su escrito en que «tampoco constan en los expedientes administrativos las facturas abonadas por Chipé para la adquisición de las ganaderías (…) que hubiera permitido, al menos, tener una referencia sobre la fijación del precio». Todo ello, remarcan los denunciantes, con «la finalidad de eludir los rigurosos procedimientos y controles que exige la contratación pública».
Vélez, que está aún pendiente de la suerte que jugará en la Audiencia el recurso presentado por su defensa contra su auto de procesamiento, ha remarcado reiteradamente que los hechos que se investigan no son constitutivos de delito. Denuncia que la acusación particular actúa «por motivos partidistas».
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Enlace de origen : La acusación particular pide ocho años de cárcel para Vélez por el caso de la plaza de toros de Calasparra
