Lunes, 4 de noviembre 2024, 12:41
El propio interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez Vicente, advirtió esta lunes de que nadie debería sorprenderse por lo que iba a contar en la Asamblea Regional sobre las cuentas públicas regionales: «Voy a hacer un ‘spoiler’, aunque no suponga destriparle la película a nadie: la situación financiera de la Comunidad reflejada por el Tribunal de Cuentas es muy delicada».
Desde 2013 llevaba sin presentarse en esta Cámara la cuenta general autonómica y, tras acordarse en Junta de Portavoces el 18 de octubre, David Rodríguez Vicente comparecía este lunes ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, para detallar lo correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.
Según Rodríguez, en ninguno de esos dos años se cumplió el objetivo de déficit marcado para la Región de Murcia: en 2018 llegó al 1,34 del PIB y en 2019 al 1,7%. En esos dos ejercicios también creció la deuda, de 9.200 millones a 9.562. Los datos, dice el interventor general, junto a los informes del Tribunal de Cuentas, «reflejan una tendencia al incremento de gasto y deuda y las dificultades para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria».
De hecho, tanto en 2018 como en 2019, la Comunidad tuvo que recurrir a modificaciones de crédito sobre los comprometidos inicialmente para cubrir sus necesidades. El primer año acabó con 5.700 millones en créditos y algo más de 6.000 el segundo.
Este balance se realiza con los informes anuales de fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas, el órgano autónomo que tiene la competencia exclusiva de esa tarea en lo que afecta al Ejecutivo regional, así como la actuación de la propia Intervención.
Sobre el trabajo realizado por este área en lo referente al control interno, circunscrito a la fiscalización del gasto, David Rodríguez detalló que en 2018 se emitieron 25 reparos por 5 millones de euros y en 2019 se quedaron en 14, por 2,3 millones. En esos dos años, destaca el interventor que sólo se abrieran 7 expedientes en la parte que afecta al control financiero, ya que se tramitan 100.000 expedientes contables al año. Corre que esta cifra «explica que el trabajo de control previo está funcionando».
«Insostenibilidad financiera a largo plazo» en el SMS
En este punto, el interventor general hizo un inciso sobre la situación económica del Servicio Murciano de Salud (SMS), del que el Tribunal de Cuentas advierte de que con sus ingresos generados sólo se puede sufragar el 1% de los gastos en los que incurre, lo que evidencia que precisa de la cobertura de la Comunidad: en 2018 recibió 1.700 millones, arrojando pérdidas de 400 millones y un déficit acumulado de 1.500.
El Tribunal reconoce que existe «una enorme rigidez del gasto sanitario a pesar de las medidas de contención», y que buena parte de ello también tiene tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida, el número de intervenciones quirúrgicas en personas de avanzada edad, las demandas de reducción de listas de espera y la mayor concienciación sobre el estado de bienestar.
Rodríguez pidió que se realice una intervención «paulatina pero constante» que no merme la prestación de estos servicios, puesto que se está provocando «una situación financieramente insostenible a largo plazo». Recordó que desde su creación en 2002, la evolución del gasto en el SMS ha mantenido una tendencia constante, aumentando hasta el 231% en 2018.
Cinco expedientes archivados por el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas, aclaró Rodríguez, «realiza una valoración puramente técnica sobre la cuenta general, valoración circunscrita a la actividad financiera, no a la actuación política».
También quiso dejar claro que «cuando se hace un informe de auditoría, todo lo que se pone de manifiesto son defectos, errores, desajustes e incorreciones, pero eso nos hace tener un sesgo negativo sobre cuál es la gestión que se está realizando, y debemos procurar evitarlo. Lo que se está haciendo bien rara vez aparece reflejado en estos informes, porque se dan por supuestos, es lo que dice la normativa».
Sí que detalló que, desde la fiscalía con la que cuenta este órgano, en 2018 se abrieron cinco expedientes y fueron archivados, mientras que en 2019 se abrió uno -relacionado con los colegios concertados- que no ha avanzado.
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