Martes, 5 de noviembre 2024, 13:03
La Fiscalía ya ha puesto en negro sobre blanco la pena que considera que debe afrontar el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, por el caso de la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra. El Ministerio Público ha dictado un escrito de conclusiones provisionales, al que LA VERDAD ha tenido acceso, en el que exige hasta ocho años y medio de prisión y 18 de inhabilitación para el ejercicio de la política para el líder socialista, por su presunta participación en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante la organización de los festejos de la Feria Taurina del Arroz de esa localidad.
La acusación también se dirige contra los concejales socialistas en el Consistorio calasparreño Antonio José Merino y Jordi Arce (exgerente del PSRM-PSOE); y el representante de Chipé Producciones S.L. En el caso de Merino la Fiscalía reclama la misma pena que para Vélez. Arce afronta, por su parte, una petición de pena de cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación política.
El fiscal ya dejó clara su postura a mediados de julio cuando remitió un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz en el que solicitaba que, una vez concluida la instrucción del caso, dictase el auto de procesamiento –auto de continuación por procedimiento abreviado– contra Vélez y el resto de investigados.
El Ministerio Público ya desgranó entonces un relato que plasma ahora en su escrito de conclusiones provisionales. En él explica que en los convenios de colaboración suscritos entre el Consistorio y Chipé Producciones S.L. en 2017 y 2018 se fijó un precio como contraprestación que el Ayuntamiento debía satisfacer sin que existiese un informe técnico que justificase ese montante. El fiscal hace hincapié en que los propios investigados reconocieron que el precio se fijó preguntando de forma verbal a personas entendidas en la materia y a profesionales.
Subraya, además, que el incremento de precio que se produjo de un convenio a otro tampoco encuentra apoyo técnico o documental, aunque el importe de las ganaderías hubiera ascendido en ese periodo. Ese aumento, incide el fiscal, «debió contar con la necesaria justificación al tratarse de dinero público sobre cuya administración debe existir el máximo rigor».
Una vez finalizada la relación que Chipé mantenía con la mercantil La Caverina, propietaria del coso, se firmó por parte del Ayuntamiento un nuevo contrato de arrendamiento con la dueña de la plaza en julio de 2009. En una cláusula de ese contrato, explica el fiscal, se indicaban los festejos que el Consistorio estaba obligado a celebrar, y que coincidían con los que anteriormente llevaba a cabo Chipé.
El Ministerio Público sostiene, sin embargo, que cuando se firmó ese contrato «se conocía por todas las partes que la gestión de la plaza y organización de los festejos iba a seguir realizándola Chipé, al carecer, presumiblemente el Ayuntamiento de medios para hacerlo». Esta circunstancia, explica el fiscal en su escrito, se produjo sin que que se tramitara expediente administrativo alguno sobre lo que vino a suponer una aparente cesión del arrendamiento por parte del Consistorio a la empresa».
Vélez, que está siendo defendido por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, ha defendido reiteradamente que actuó «siempre guiado por el interés general».
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Enlace de origen : El fiscal pide 8 años y medio de cárcel para Vélez por el caso de la plaza de toros de Calasparra
