Martes, 5 de noviembre 2024, 01:24
Han tenido que pasar casi diecisiete años desde que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional tomaron el Ayuntamiento de Los Alcázares, ante el presunto saqueo millonario de las arcas municipales, para que el juzgado que investiga los hechos dé por concluida la investigación y envíe el sumario a la Audiencia Provincial. Este tendrá ahora que buscar hueco en su saturada agenda y poner fecha a la vista en la que las quince personas acusadas, entre ellas el exalcalde del PSOE Juan Escudero (detenido el 16 de enero de 2008) y el cerebro de la trama ‘Malaya’ de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, y los representantes de tres empresas también procesadas, se sentarán en el banquillo.
El Juzgado de Instrucción 2 de San Javier acordó ayer la apertura de juicio oral por el llamado ‘caso Ninette‘, una de las primeras y más grandes tramas de corrupción urbanística destapadas en la Región de Murcia en los primeros años de este siglo y cuya investigación arrancó en 2005. En un auto contra el que no cabe presentar recurso, y al que ha accedido LA VERDAD, el magistrado Javier Ponte López acuerda remitir el sumario a la sección quinta de la Audiencia, cuya sede está en Cartagena. Y da por formulada la acusación de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Los Alcázares, que ejerce la acusación particular (tras una querella impulsada por los concejales del Partido Popular en el municipio), contra el antiguo regidor, el exarquitecto municipal Mariano Ayuso (arrestado el mismo día que Escudero), conocidos empresarios de la zona del Mar Menor, Monserrat Corulla (la mano derecha del antiguo promotor inmobiliario y exgerente municipal de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca) y las compañías Ilka Baley SL, Dorma Golf SL y Garcerán Construcciones SL.
El juez de San Javier recoge los delitos y las penas que el Ministerio Público –que en julio pasado pidió al juzgado el enésimo impulso a esta causa– solicitó en 2017 para cada investigado. En total, reclamó cerca de 67 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, contra la hacienda pública, cohecho, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Asimismo, la Fiscalía instó a imponer a los investigados 29 años de inhabilitación para desempeñar cargos en instituciones y empresas públicas; así como el pago de fianzas, para cubrir las eventuales indemnizaciones por responsabilidad civil, por un importe superior a los 6,5 millones de euros.
PARA TENERLO CLARO
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Acusados
Mariano Ayuso Fernández (exarquitecto municipal de Los Alcázares), Juan Ignacio Ayuso Fernández, Juan Escudero Sánchez (exalcalde), Valero Garcerán Ros, Francisco Javier Garcerán, García, Carmen Pérez García, Florentina Sánchez Marín, Inmaculada Camacho Escudero, Aurora Martínez Zapata, Enrique Mateo Soler, Julián Fuentes Ortusto, José Antonio Valverde Belmonte, Miguel Ángel García Izquierdo, Monserrat Corulla Castro y Juan Antonio Roca Nicolás. Y las mercantiles Ilka Baley SL, Dorma Golf SL y Garcerán Construcciones SL. -
Indemnizaciones
El Ayuntamiento pide 4 millones de euros por el dinero malversado. -
Fianzas
6,5 millones.
En concreto, los empresarios Valero Garcerán Ros y Francisco Javier Garcerán García y la mercantil Garcerán Construcciones SL deberán depositar 4,95 millones de euros; y la posible responsabilidad pecuniaria es «extensible, de forma solidaria», a Mariano Ayuso, Juan Escudero y Aurora Martínez Zapata, estos dos últimos por importe de 246.495 euros. Además, Juan Ignacio Ayuso, hermano de Mariano (quien según fuentes del Consistorio alcazareño sigue siendo funcionario local pero no ejerce como arquitecto), Inmaculada Camacho Escudero y las entidades Dorma Golf e Ilka Baley deben ingresar 1.358.775 euros.
El arquitecto y los promotores
En su resolución de este lunes, el juzgado también alza las medidas cautelares civiles adoptadas respecto al resto de acusados, para los que no solicita responsabilidad civil. Y mantiene la libertad, con comparecencia ante el juzgado el día 1 de los meses impares, para Mariano Ayuso, Escudero –quien fue expulsado del PSOE–, Juan Ignacio Ayuso, Juan Antonio Roca, Valero Garcerán y Francisco Javier Garcerán.
Como adelantó este diario hace siete años —los recursos, la rotación de magistrado en el juzgado y el colapso de este órgano han ido demorando la causa–, la petición de condena más alta de la Fiscalía se dirige contra Mariano Ayuso: tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita; cinco por cohecho continuado; cinco por falsedad documental; seis por malversación; y uno y medio por blanqueo, además de una multa por negociaciones prohibidas. Para el exalcalde Escudero, el Ministerio Público y el Consistorio reclaman seis años de cárcel por malversación; y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El Ayuntamiento también pide que los acusados le indemnicen con unos 4 millones de euros y que se anule la escritura de venta de la parcela Las Claras del Mar Menor, una de las afectadas por los presuntos manejos de la trama.
La Fiscalía solicita 67 años de prisión y 6,5 millones en indemnizaciones; está procesado Juan Antonio Roca, cerebro de ‘Malaya’
La supuesta trama delictiva habría estado liderada por el arquitecto municipal, a quien la Fiscalía acusa de haber constituido un gran entramado societario y de testaferros, a través del que habría logrado «controlar todo el mercado inmobiliario y de proyectos arquitectónicos del municipio de Los Alcázares». Esa presunta actividad delictiva la habría desplegado desde su doble condición de máximo responsable técnico del urbanismo local y de administrador en la sombra del despacho de arquitectos Gyps Fulvus, a nombre de su hermano.
Academia del regidor socialista
Según el Ministerio Público, un grupo de arquitectos presuntamente prestaba su firma a Mariano Ayuso para que este pudiera intervenir en proyectos urbanísticos que tenía vetados al ser un alto funcionario. Las empresas del promotor Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier resultaron adjudicatarias de la inmensa mayoría de las grandes obras municipales: Casa Consistorial y aparcamiento público, Centro Cultural, Cuartel de la Policía Local y Protección Civil, piscina climatizada, residencia de ancianos y consultorio médico.
La Fiscalía atribuye a Ayuso haberse apoderado de dos parcelas municipales, que se adjudicó a través de testaferros y que le dieron relevantes beneficios. Una de ellas, que vendió a Roca, le supuso un pelotazo de 3,5 millones, de los que 2,4 los considera el fiscal «un regalo o dádiva» de Roca por los «servicios prestados». Uno de ellos habría sido el permitir que un hotel de cuatro estrellas, que Roca promovía en pleno centro de Los Alcázares, tuviera una planta más de lo legalmente permitido. Ayuso habría acumulado un patrimonio multimillonario, entre inmuebles, fincas, vehículos y cuentas en Andorra.
Escudero habría cargado parte del coste de la reforma de una academia de enseñanza de su propiedad, unos 184.000 euros, al presupuesto de las obras de la Casa Consistorial. Las partidas presuntamente infladas habrían ascendido a 3,7 millones.
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Enlace de origen : Abren juicio por el presunto saqueo del Ayuntamiento de Los Alcázares 17 años después
