El Gobierno obligará a las tres aseguradoras que prestan en la actualidad los servicios sanitarios a más de un millón de funcionarios adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles (Muface) –Adeslas SegurCaixa, Asisa y DKV– a seguir atendiendo «en las mismas condiciones» a este colectivo más allá de que expire el actual contrato, que vence el 31 de enero de 2025 (en realidad, vence el 31 de diciembre, pero el contrato ya contempla una prórroga retribuida de un mes). Así se lo prometió ayer el Ministerio de Función Pública a los sindicatos tras la primera reunión que mantuvieron después de la crisis desatada al quedar desierto el concurso para dar cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de empleados públicos (de los que casi medio millón ya están acogidos a la sanidad pública por voluntad propia) durante los próximos dos años.
«Tanto la secretaria de Función Pública como la directora general de Muface insisten en que el Gobierno, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene los mecanismos necesarios para ir prorrogando esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto», explicó Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios, después del encuentro.
El Gobierno quiso lanzar así un mensaje de tranquilidad a los sindicatos y a ese millón y medio de personas cuya sanidad está en el aire tras un hecho insólito que no había sucedido en el más de medio siglo de vida de Muface: que ninguna compañía haya querido renovar el concierto ni apuntarse de nuevas– para prestarles la asistencia sanitaria. Así, insistió en que tiene los «mecanismos suficientes» conforme a la ley de contratos públicos para «garantizar» la asistencia sanitaria a este colectivo «en las mismas condiciones que actualmente se viene prestando a los mutualistas de Muface», aunque no llegaron a concretar cuáles son esas herramientas y qué puntos de la ley puede basarse para obligar a las aseguradoras a prestar esos servicios . Por ello, desde CSIF consideran que estas explicaciones son «insuficientes» y denunciaron que «la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad».
Asimismo, la directora de la mutualidad y la secretaria de Estado de Función Pública, Myriam Pallarés y Clara Mapelli, respectivamente, informaron de que se está realizando un nuevo informe de viabilidad económico/financiero para presentar una nueva licitación. En este sentido, aseguró a los representantes de los trabajadores que trabajan contrarreloj para presentar una nueva licitación que sea «más atractiva» para las compañías aseguradoras, según señaló UGT.
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