El principal órgano asesor de la laguna aspira a poner paz en la ‘guerra’ del Mar Menor

Miércoles, 20 de noviembre 2024, 00:20

| Actualizado 01:36h.

Las estrategias, normativas y actuaciones que tengan como protagonista al Mar Menor deberán ser sometidas a partir del próximo año a la valoración de los 35 miembros que formarán parte del organigrama del nuevo órgano asesor para la gestión de la laguna salada. El decreto que regula la estructura y las funciones del Consejo del Mar Menor, al que ha tenido acceso LA VERDAD, permitirá a los integrantes poner encima de la mesa iniciativas propias encaminadas a la protección del Mar Menor, y estas deberán ser estudiadas y votadas por el resto de componentes con el fin de que existan acuerdos entre todas las partes.

El Consejo del Mar Menor nacerá con el reto de ser el nuevo punto de encuentro entre los intereses económicos, sociales y vecinales que rodean a la laguna para alcanzar esa ansiada recuperación ecológica. Desde antes de la aprobación de la ley ambiental para la laguna en 2020, los choques entre unos y otros han sido constantes, llegando a alcanzar posiciones irreconciliables en temas como el modelo de agricultura intensiva en el Campo de Cartagena, la ganadería, la navegación, el urbanismo, la protección de especies o el propio cumplimiento de la legislación regional.

No son vinculantes

Tanto el Consejo del Mar Menor como el Comité de Asesoramiento Científico de la laguna son los dos órganos de gobernanza pendientes de ponerse en marcha. La Consejería de Medio Ambiente elevará ambos decretos al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva antes de terminar el año, previa revisión del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (Carma) el próximo lunes. El nuevo órgano consultivo para el ecosistema tendría su primera reunión a principios de 2025, puede que en enero, pero dependerá de la rapidez a la hora de elegir los representantes de cada colectivo.

Los dictámenes que salgan del Consejo no serán vinculantes, por lo que tanto el Gobierno regional como el Ministerio para la Transición Ecológica (las dos cabezas tractoras a nivel administrativo en lo que atañe a la laguna y su cuenca) podrán o no tener en cuenta las aportación de los miembros. Sin embargo, las sugerencias de cada sector podrían llegar a reformular los proyectos que una administración u otra presenten para su debate, si existe una mayoría de consenso.

Ese escenario de acuerdos y pactos es el que más gustaría para la Comunidad Autónoma y el Ministerio, según trasladan fuentes de ambas instituciones. Las dos han mostrado mucha sintonía en el último año. Incluso en momentos de alta tensión, cuando se anunció una posible reforma de la ley del Mar Menor o por los atascos en los expedientes para alguna actuación clave, decidieron no comenzar un fuego cruzado.

Este escenario ha permitido rematar este 2024 los textos legislativos de los dos órganos que llevaban embarrados en trámites más de cuatro años. Otro punto que preocupa es la percepción que se tendrá sobre la objetividad del Consejo. Desde la Consejería de Medio Ambiente trasladan que este órgano se ha tejido para salvaguardar «la independencia» del mismo. Se pretende evitar la imagen que se produjo en los inicios del primer comité científico, con la dimisión en cascada de varios expertos tras denunciar falta de autonomía y transparencia.

Votos y miembros

El Consejo del Mar Menor tendrá 35 miembros repartidos entre las administraciones estatal, regional y locales, los científicos y los colectivos sociales y empresariales. La presidencia y vicepresidencia rotará cada año entre el Ministerio y la Comunidad. El secretario del organismo será un funcionario designado que se encargará de la parte más técnica, pero no tendrá derecho a voto. Habrá al menos una convocatoria al año, que también servirá para revisar y votar el informe anual sobre el grado de ejecución de las medidas de la Ley del Mar Menor.

Los tres eslabones principales del organigrama contarán con un tercio de los votos, hasta llegar a un total de 45, lo que permitirá un reparto igualitario en las deliberaciones. Cualquier empate lo dirimirá el voto de calidad del presidente del órgano. Los gobiernos central y regional y los diez ayuntamientos de la cuenca del Mar Menor tendrán 15 representantes (los consistorios elegirán a cinco portavoces por consenso).

El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor estará representado por cinco expertos designados por el propio órgano (al menos tres de ellos serán de universidades, colegios profesionales o centros de investigación públicos de la Región de Murcia). Los votos de cada uno de ellos contará por tres, para así alcanzar la quincena. La sociedad civil tendrá otros quince votos.

Los colectivos que estarán presentes son las plataformas ciudadanas vinculadas a la defensa del Mar Menor (un representante), asociaciones de vecinos (1), organizaciones ecologistas (2) Croem (1), COEC (1), Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (1), asociaciones de agricultores y ganaderos (2), Cofradía de pescadores del Mar Menor (1), Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena (1), Federación Regional de empresarios de hostelería y turismo (1), Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (1) y sindicatos (2).

Ningún miembro de la Comisión cobrará por participar en ella y podrán estar durante dos años, con opción una renovación por otros dos.

El grupo de expertos que asesora a nivel científico sobre el Mar Menor al Gobierno regional seguirá funcionando como hasta ahora, pero el decreto permitirá institucionalizar aún más sus funciones y ampliará la representación entre centros de investigación. Habrá 14 miembros para el personal científico y técnico propuestos: Universidad de Murcia (cuatro integrantes), Universidad Politécnica de Cartagena (2), Universidad Católica de Murcia (1), Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (1), Instituto Español de Oceanografía (1), Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (1), mientras que otros cuatro serán seleccionados por su reconocido prestigio y a propuesta de otras universidades y centros de investigación nacionales e internacionales y de los colegios profesionales de la Región de Murcia.

La Consejería ha optado, en este caso, por no realizar el proceso de participación abierto a través de la Fundación Séneca. Además, habrá vocales técnicos de la Comunidad (3), el Ministerio (2) y de los ayuntamientos (2). El Comité, que contará con un mandato de cinco años con opción a un segundo, podrá crear grupos de trabajo, además de proponer programas o actuaciones y estudios de investigación relacionados con los problemas ambientales del Mar Menor y de su cuenca vertiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica afronta la recta final en la tramitación de sus dos humedales seminaturales en torno al Mar Menor tras lograr una declaración de impacto ambiental favorable para este eslabón de su cinturón verde. Estas infraestructuras estarán en la bocarrambla del Albujón y en San Pedro del Pinatar.

Con el visto bueno ambiental, el Ministerio acelera los pasos para adquirir cuanto antes los terrenos donde se ubicarán ambos ‘tapones’ contra los arrastres y los vertidos de nitratos y fosfatos a la laguna vía superficie. La Oficina Técnica del Mar Menor ha mantenido ya una serie de contactos con los dueños de las fincas para estudiar qué opción es mejor.

Transición Ecológica baraja para algunos casos la compra directa de las parcelas, pero también la expropiación o un pago ambiental para acometer los proyectos con el consentimiento de los titulares. Tras este proceso, se preparará la licitación de las obras y se sacarán a concurso, previsiblemente, en el primer semestre de 2025.

William Abrego

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