Miércoles, 20 de noviembre 2024, 18:10
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la ley estatal que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca al rechazar el recurso presentado por Vox en 2023, como adelantó LA VERDAD. La decisión ha sido adoptada por siete votos a favor y cinco en contra en el Pleno del órgano de garantías constitucionales celebrado este miércoles. La decisión de los magistrados respalda esta novedosa legislación ambiental en España, cuya promotora es la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, Teresa Vicente. La norma salió adelante con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados y del Senado en 2022. La laguna se convirtió entonces en el primer ecosistema en Europa con entidad jurídica propia.
El partido de Santiago Abascal impugnó la Ley 19/2022 al poco de aprobarse, ya que consideraban que los derechos adscritos al Mar Menor podían vulnerar las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente. El recurso, que fue presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara Baja, fue admitido por el TC en febrero del pasado año. La batalla judicial contra la iniciativa también se justificó porque «no especifica qué conductas concretas infringen los ‘derechos del Mar Menor’ generando así una situación de incertidumbre».
En el momento de la presentación de ese recurso, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, llegó a calificar esta iniciativa como «una ley comunista que atenta contra la libertad de empresa, contra aquellos que nos pagan el sueldo», en referencia al sector agroalimentario. Para Antelo, la identidad jurídica del Mar Menor «acaba con la propiedad privada en el entorno» de la laguna. A su juicio, es una «aberración jurídica» que «acaba con la propiedad privada» en el entorno de la laguna salada y genera «un ente paralelo que será quien decida qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer».
El estudio del recurso cayó en manos de la magistrada María Luisa Segoviano, quien en su ponencia se mostró partidaria de mantener la ley como está. El Constitucional deberá ahora elaborar la sentencia, donde se prevé que puedan aparecer reparos al texto original de los derechos del ecosistema y la opinión de los cinco magistrados que emitirán un voto particular. La lectura de dicha ponencia y la votación definitiva se iban a producir el 7 de octubre, pero el veredicto se aplazó para analizar más en profundidad el iniciativa.
A la espera del reglamento
Descartadas las pretensiones de Vox con la decisión del Constitucional, el visto bueno de los magistrados supondrá desbloquear la puesta en marcha del reglamento de la personalidad jurídica por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento que hasta ahora ha dirigido Teresa Ribera, nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, paralizó el documento a la espera de la decisión del TC.
El Consejo de Estado ya valoró, cuando la ley y su reglamento se sometieron a un dictamen de este órgano consultivo del Gobierno, que se debía reformar para evitar, precisamente, problemas de inconstitucionalidad. La institución llegó a subrayar como «dificultades» de la norma la «indefinición de la naturaleza jurídica» de la laguna y «el régimen jurídico aplicable» a ella y a la cuenca.
«La Ley debería ser completada antes de que se aprobase la regulación proyectada; o lo que es lo mismo, las Cortes Generales, como representantes del pueblo español, deberían definir la clase de persona jurídica que es el Mar Menor y los elementos nucleares de su régimen jurídico, para que el Gobierno pudiese ejercer su potestad de desarrollo reglamentario en un marco normativo claro y preciso, dotado de cierta garantía de estabilidad jurídica», sostuvo el Consejo de Estado.
Ese «vacío normativo» visto en la ley «no trata ni expresa ni implícitamente» qué tipo de persona jurídica es la laguna, lo que puede poner en «peligro», advirtió en enero de este año el Consejo de Estado, «el principio de seguridad jurídica constitucionalmente consagrado y la propia eficacia de esta novedosa técnica de protección de la naturaleza». El Ministerio no ha aclarado hasta ahora, casi un año después, si esa texto sufrirá modificaciones en base a esas sugerencias del órgano de consultas, o si lo hará ante las indicaciones del TC.
Una ILP con más de 600.000 firmas
La ley fue impulsada por una histórica Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió casi 640.000 firmas. Fue a través del grupo promotor de la ILP, impulsado por la directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, Teresa Vicente. Su éxito residió en una enorme movilización social que llevó la propuesta hasta distintos países extranjeros.
Según recoge en su preámbulo, el objetivo de la ley «es otorgar personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor para poder dotarlo, como sujeto de derecho, de una carta de derechos propios, con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras».
Detalla que «los motivos por los que se aprueba esta ley son dos: Por un lado, la grave crisis que en materia socio-ambiental, ecológica y humanitaria viven el Mar Menor y los habitantes de sus municipios ribereños; por otro lado, la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras e instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años».
Dos recursos de Vox que caen en saco roto en el TC
El rechazo del recurso contra la personalidad jurídica del Mar Menor no es el primer batacazo que se pega Vox en el Tribunal Constitucional. En 2021, el pleno de magistrados que velan por el cumplimiento de la Carta Magna ya decidieron desestimar la impugnación de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional en julio de 2020.
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