La infrafinanciación y la falta de inversión lastran el despegue de la obra pública

Los proyectos de obra pública tienen un efecto tractor sobre el desarrollo económico, social y urbano de cualquier territorio. No son un gasto, sino una inversión crucial y necesaria con múltiples beneficios. Mejoran la infraestructura física, como la red de carreteras, hospitales y centros educativos, y también suponen un revulsivo para el empleo, las economías locales y la calidad de vida de las personas del entorno. A esto se suma su fortaleza para la integración territorial, facilitando el acceso a servicios básicos y fomentando la movilidad y conectividad entre zonas. Por todo ello, es condición ‘sine qua non’ que haya una correcta planificación y ejecución para garantizar que todos los recursos se empleen de forma eficiente, así como un mantenimiento de estas infraestructuras en el tiempo, para sacarle el máximo beneficio.

Con el objetivo de radiografiar el estado de la obra pública, LA VERDAD y la Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) organizaron ayer un desayuno informativo al que asistió un grupo de especialistas de la Región para abordar la situación actual, los retos y las perspectivas. El encuentro, moderado por el periodista de LA VERDAD Zenón Guillén, especializado en economía, se celebró en la sede del diario y reunió a Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras; José Juan González, presidente de Acomur; Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia; Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del Grado en Ingeniería Civil y director del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UCAM, y Antonio Moreno, letrado y secretario de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

El presidente de Acomur inició su intervención desgranando la situación de la obra pública, cuya tendencia se repite en Europa, España y la Región de Murcia: «Las inversiones decaen en favor del gasto social», señaló, incidiendo en que la tendencia a nivel regional «todavía es más decreciente». Tampoco rema a favor, según su juicio, el sistema de financiación autonómica, que sitúa la Comunidad a la cola en la financiación efectiva por habitante, con «el nivel de inversión per cápita más bajo del país».

El consejero García Montoro también culpó a la infrafinanciación «crónica» que padece la Región como principal obstáculo en la carrera de la obra pública, pese a que la Comunidad -presumió- encabeza las previsiones de crecimiento económico en España para este año (según el ‘Observatorio Regional’ de BBVA Research). Se mostró partidario de la puesta en marcha de infraestructuras, reconociendo que «queda mucho trabajo por hacer», y concretó que la inversión actual está más concentrada en el sector ferroviario.

«¿Qué inversión más social hay que las infraestructuras?», se preguntó el vicedecano Pedro de los Santos Jiménez, quien animó a «no seguir llorando con la infrafinanciación y adaptarnos a lo que tenemos» para crecer en obra pública. También lamentó que el Gobierno regional no haya construido ni un kilómetro de nuevas autovías de titularidad autonómica en los últimos treces años y que los grandes fondos de inversión, por la escasez de ventajas de rentabilidad, se hayan trasladado a otros países, como Perú y Australia.

El economista Ramón Madrid compartió su preocupación por el mantenimiento de las infraestructuras, porque si no se cumple periódicamente, a la larga sale caro; y además ahondó en la mala conexión por AVE de la Región de Murcia con el resto de España: «Solo tenemos dos frecuencias directas al día con Madrid que merecen la pena». Por su parte, el letrado Antonio Moreno indicó que la financiación de los ayuntamientos necesita ser abordada en profundidad, pese a que la deuda pública local se ha reducido en 40.000 millones de euros desde 2012 hasta 2020, informó. Además, expuso que la licitación ejecutada por todos los organismos públicos de España hasta el pasado mes de agosto sobrepasó los 19.000 millones de euros, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), con un papel predominante por parte de los ayuntamientos (7.391 millones de euros), seguidos por la administración general y las comunidades autónomas.

Otro de los asuntos que debatieron los expertos fue la vivienda pública, una de las demandas históricas de muchos jóvenes y familias de la Región de Murcia. En este sentido, García Montoro adelantó que la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha transferido más de 27 millones de euros de fondos europeos a los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura para la construcción de 555 viviendas asequibles. En el caso de Molina de Segura, los 52 hogares estarán ubicados en suelo público regional, ubicado en el barrio de Los Vientos. De igual modo, el titular del ramo afirmó que ya está disponible la ayuda regional de 10.000 euros a la compra de la vivienda protegida y de la ampliación de crédito del ‘Aval Joven de la Región de Murcia’ para que más población joven pueda beneficiarse de esta medida.

El vicedecano del Grado en Ingeniería Civil mencionó Austria como modelo de vivienda accesible, ya que en Viena una de cada cuatro viviendas es social. Sin embargo, en España este parque inmobiliario se sitúa en el 2,5% frente a la media europea que sobrepasa el doble dígito. Al hilo, el decano del Colegio de Economistas propuso dar confianza al sector privado para incentivar las colaboraciones; una visión que compartió Antonio Moreno, asegurando que el empresario hoy en día no está interesado en lo público por la falta de rentabilidad.

José Juan González habló de la necesidad de habilitar más suelo industrial para que las empresas no se topen con la limitación de espacio cuando deciden ampliar su superficie ni se vean abocadas a trasladarse de municipio. Porque esta fuga empresarial repercutiría negativamente en los polígonos de origen, ya que las grandes compañías ejercen un efecto tractor en el entorno.

Aprovechó su turno de palabra el presidente de Acomur para dirigirse al consejero de Fomento e Infraestructuras y recordarle que hay fórmulas como la colaboración público-privada que «no se han explorado lo suficiente», para así impulsar el sector de obra civil. «Si realmente las infraestructuras son una prioridad para el Gobierno regional, tiene que demostrarlo», sentenció. A lo que Jorge García Montoro le respondió que «no tenemos que olvidar las infraestructuras y trabajamos para hacer rentable cada euro que invertimos», para a continuación agregar que «no descartamos ninguna fórmula de colaboración para el desarrollo en la Región». En concreto, se está trabajando ya en la colaboración público-privada para el desarrollo del desdoblamiento de la carretera de Mazarrón.

Acto seguido, mencionó la inversión regional dotada con más de 50 millones de euros y casi 100 actuaciones para mejorar las infraestructuras y reparar los daños registrados en la DANA de 2019, como las obras dependientes de la Consejería de Agua; y también puso sobre la mesa el nuevo Plan de Carreteras de su departamento, cuya redacción está a punto de salir a licitación y permitirá planificar la redacción de proyectos, obtención de los terrenos y solicitud de autorizaciones.

Sobre el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, al que están adheridas más de 40 entidades sociales de la Comunidad, Pedro de los Santos Jiménez pidió reavivarlo, pero con una condición: «Sería interesante que lo liderase alguien que no esté relacionado con un partido político para evitar enfrentamientos, puesto que la idea caló y se pueden plantear protocolos de actuación, prioridades, obras…». Este gran ‘acuerdo social’, además de reivindicar las obras que dependen del Gobierno central (como los arcos, tercer carril…), reclama la máxima urgencia para llevar a cabo las obras hidráulicas de defensa y contención de competencia estatal (Ministerio/CHS), para prevenir las inundaciones en la Región de Murcia, y que están valoradas en 770 millones de euros.

William Abrego

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