Jueves, 28 de noviembre 2024, 13:52
El ‘caso Umbra’, la supuesta mayor trama de corrupción institucional desmantelada hasta el momento en la Región, llegará a juicio cerca de dos décadas después de que se abrieran diligencias. La Audiencia Provincial acaba de señalar para diciembre de 2027 el arranque de esta vista, que arrastrará al banquillo a quienes durante largos años fueron los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, con el exconcejal Fernando Berberena a la cabeza. La Sección Segunda tenía que buscar encaje para este macrojuicio y, dada la saturada agenda del órgano, no ha encontrado hueco antes de los días 13, 15, 16 y 17 de diciembre de 2027, cuando están previstas las cuestiones previas de esta causa, según dicta una diligencia a la que LA VERDAD ha tenido acceso.
Las diligencias del ‘caso Umbra’ se abrieron en 2008 para investigar supuestos tratos de favor desde la Gerencia de Urbanismo de Murcia a promotores de grandes proyectos inmobiliarios en este municipio. Unas operaciones que incluyeron la controvertida rehabilitación del Casino de Murcia. La Fiscalía Anticorrupción reclama penas globales de casi treinta años de cárcel para los antiguos integrantes de la cúpula de Urbanismo municipal, además de varias decenas de años más de prisión para una serie de empresarios, asesores e intermediarios que presuntamente medraron en torno a esos altos funcionarios sospechosos de corrupción.
El escrito de acusación atribuye a quien fue el omnipotente concejal de Urbanismo en varios gobiernos de Miguel Ángel Cámara, Fernando Berberena, un delito de prevaricación en concurso ideal con otro de fraude, por los que afronta la petición ya mencionada de dos años y nueve meses de prisión. El fiscal le atribuye haber infravalorado a conciencia el 10% de aprovechamiento que unos promotores de la zona norte del municipio debían haber abonado al Ayuntamiento. Más fortuna ha tenido con el delito de cohecho por el que también estaba acusado, al haber recibido el supuesto regalo de dos relojes -valorados en 27.000 euros- por parte del intermediario urbanístico Renato del Noce, pues el Ministerio Público elude pedirle penas de cárcel por este asunto al considerar que el delito ha prescrito.
El exconcejal Berberena afronta una petición de dos años y nueve meses de prisión; y Guerra, exdirector de la Gerencia, otros diez años y medio
Las peticiones de condena más elevadas entre los antiguos responsables de Urbanismo las concentra quien fue el director de la Gerencia, Alberto Guerra Tschuschke, para quien reclama diez años y medio de prisión por presunto delito continuado de cohecho, otro delito de cohecho en concurso ideal con tráfico de influencias e inducción a la malversación de caudales públicos. Presuntamente, Alberto Guerra participó en negocios privados con impulsores de planes urbanísticos en Murcia, a la vez que tenía que adoptar decisiones sobre tales proyectos, lo que le habría reportado grandes beneficios -hasta 1,3 millones en una sola operación- junto a su esposa, Isabel Fernández Guerras, también alta funcionaria municipal y para quien el fiscal pide tres años y tres meses de cárcel.
Otro antiguo jefe de Urbanismo, Ángel Lajarín, afronta una solicitud de seis años y medio de prisión como acusado de un delito de inducción a la malversación de caudales públicos, por sus decisiones aparentemente ilegales en el convenio que permitió rehabilitar el Casino de Murcia. En concreto, habría aceptado la inclusión en el acuerdo con los promotores de una partida de diez millones de euros para la restauración del histórico inmueble, sin informe de valoración alguno sobre el coste de esas obras y «a sabiendas de que incluía partidas inaceptables», como unos pagos de 2,5 millones de euros al intermediario Del Noce.
El exjefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver (d.) con su abogado defensor, Raúl Pardo Geijo Ruiz, en una declaración.
Vicente Vicéns / AGM
Por lo que respecta al exjefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, la Fiscalía Anticorrupción eleva su petición de penas hasta los siete años de cárcel por presuntos delitos de falsedad en documento público y cohecho. En concreto, se le acusa de haber estado recibiendo pagos de promotores a través de un despacho de arquitectura de su familia, que es lo que explica que también esté perseguido por cohecho su hermano Francisco José Peñalver, a quien se le piden dos años y medio de prisión.
La solicitud de penas de cárcel más elevada está dirigida al presunto conseguidor Renato del Noce, un ingeniero de origen italiano que presuntamente se dedicaba a favorecer y hacer cuadrar los intereses de grandes promotores a través de sus contactos con la cúpula de Urbanismo en el Consistorio murciano. Este intermediario afronta una petición de 18 años y 9 meses de prisión como acusado de delitos de cohecho y malversación de caudales, además de tres supuestos delitos fiscales en concurso con falsedad documental. Presuntamente habría defraudado a la Hacienda Pública cerca de 800.000 euros entre los años 2004 y 2005, lo que habría conseguido mediante la aparente presentación de facturas falsas para deducir gastos ficticios.
Igualmente elevadas son las penas que la Fiscalía reclama para el letrado Higinio Pérez, asesor en varios grandes planes parciales al norte del municipio de Murcia, a quien se le atribuye haber metido a Alberto Guerra en algunos de los negocios urbanísticos que impulsaba con carácter particular y que le habrían reportado ganancias millonarias. La petición de cárcel en el caso del asesor legal asciende a 13 años y 3 meses de prisión.
Por último, el fiscal Lozano reclama penas de entre seis y siete años de prisión para impulsores de planes urbanísticos como Alfonso Ramírez Huguet (siete años), Juan Sabater Borja (seis años y nueve meses) y José Sánchez Fernández (seis años), además de dos años y tres meses de prisión para el arquitecto Jesús Zafra Serrano.
La tardanza a la hora de fijar fecha para el juicio de la ‘Umbra’ abre la puerta, no obstante, a la posibilidad de que las defensas señalen la existencia de dilaciones indebidas en la causa que, en todo caso, podrían suponer una rebaja de una plausible condena.
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Enlace de origen : La Audiencia aún tardará tres años en sentar en el banquillo a la vieja cúpula de Urbanismo de Murcia por la 'trama Umbra'
