Martes, 3 de diciembre 2024, 10:35
La Asamblea Regional exigió este martes a la Comunidad que elabore un plan de choque para reducir a un máximo de seis meses el plazo para el reconocimiento del grado de discapacidad en la Región de Murcia, reduciendo y acelerando la tramitación de expedientes.
Lo hizo a través de una moción aprobada con los votos de los partidos de la oposición, que suman 24 escaños. La propuesta inicial presentada por el PSOE obtuvo el voto a favor de Vox y Podemos, tras incluir sus aportaciones. El PP se abstuvo, al señalar que no es realista comprometerse a reducir los plazos sin que el Gobierno de España aporte la financiación necesaria para reducir los tiempos de espera.
La diputada socialista Toñi Abenza señaló en la tribuna que la Región de Murcia «acumula un retraso medio de 16 meses para la obtención de la valoración del grado de discapacidad, la sexta mayor cifra por comunidades autónomas», según un informe del Cermi.
«Una dilación inadmisible que causa un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y sus familias, al ser la valoración de la discapacidad la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las administraciones públicas», relató la diputada.
La propuesta del PSOE no hablaba de plazos concretos, pero se incluyó una enmienda de Podemos que fijaba en seis meses el tiempo máximo para resolver las solicitudes, «como marcan los baremos del Real Decreto 898/2022», según recordó María Marín, quien denunció que «una región que tiene dinero para flores y cohetes y no para atender a los ciudadanos que más lo necesitan, es una región fallida».
La diputada de Vox María José Ruiz apoyó la propuesta, introduciendo en la misma una enmienda para solicitar la simplificación de trámites. «Si en algo ha demostrado ser eficaz el PP en la Región de Murcia es en generar listas de espera», destacó.
El parlamentario popular y vicepresidente de la Asamblea, Miguel Ángel Miralles, defendió que la Consejería de Política Social está tomando medidas para reducir las listas de espera, «que han aumentado en todas las comunidades autónomas como consecuencias de los nuevos baremos aplicados por el Gobierno de España».
En ese sentido, se ha contratado a 21 profesionales, «exclusivamente con fondos de la Comunidad Autónoma» y se han complicado los trámites. «No puede ser el ‘yo invito y tú pagas’, no se pueden establecer estos baremos sin aportar la financiación necesaria para no causar desigualdades territoriales».
El PSOE acusa a la Comunidad de bloquear obras de la CHS para prevenir riadas
Por otro lado, la Asamblea Regional volvió a exigir este martes al Gobierno de España la ejecución de las obras pendientes para prevenir inundaciones y avenidas en la Región de Murcia, entre ellas las presas de laminación en las ramblas de Béjar, La Torrecilla y Nogalte, así como otras actuaciones en las ramblas de La Maraña, Cobatillas, La Higuera, El Albujón, El Miedo y La Carrasquilla.
La Cámara aprobó una moción del PP solo trece días después de haber sacado adelante una propuesta de Podemos en el mismo sentido. Sin embargo, a diferencia de la iniciativa popular, la moción de la formación morada reclamaba también al Gobierno de la Región de Murcia la elaboración del plan territorial contra inundaciones o el plan de ordenación de la cuenca vertiente del Mar Menor. La moción de Podemos se aprobó por unanimidad. La presentada este martes por el PP, solo con los votos de sus diputados, gracias a la abstención de Vox.
No obstante, durante el debate, la diputada del PSOE Carmina Fernández acusó al Ejecutivo regional de obstaculizar la ejecución de estas obras por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), «por haber cambiado de criterio en plena tramitación y exigir ahora nuevas autorizaciones ambientales a dichas actuaciones».
En concreto, Fernández señala que proyectos como las presas de laminación de las ramblas de Béjar y La Torrecilla ya cuentan con el proyecto redactado por parte de la CHS, que incluso facilitó a la Comunidad realizar sus aportaciones, que fueron incluidas. «Pero, de pronto, la Administración regional aprueba el decreto 47/2022, que hace necesario realizar una consulta a la Unión Europea y, en definitiva, reiniciar el procedimiento ambiental».
La misma situación, según Fernández, afecta a la conexión Béjar-Viznaga y a la actuación prevista en la rambla de La Maraña. «Son ustedes unos hipócritas», denunció la diputada socialista. El diputado popular Víctor Martínez-Carrasco respondió que lo único que hay paralizado es el Plan de Vertido Cero del Mar Menor por parte del Gobierno de España.
Una terna para el TSJ con Vox abandonando el Pleno
Asimismo, la Asamblea ha propuesto una terna de nombres para la plaza del magistrado autonómico del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). Según se acordó en el Pleno de este martes, la fiscal Candelaria Martínez Sánchez, el abogado del Estado Nicolás Valero y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia Fernando Castillo Rigabert son los aspirantes a cubrir la plaza que dejó vacante Enrique Quiñonero tras su jubilación en el año 2022. El acuerdo se enviará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que designe a uno de los tres candidatos propuestos por el Parlamento autónomo.
La terna fue acordada por los grupos parlamentarios mayoritarios, PP y PSOE. Entre ambos suman 34 diputados, más de un tercio de la Cámara, justo los votos que se pronunciaron a favor de la candidatura en la votación, que fue nominal y secreta. Hubo dos votos en blanco, mientras que nueve diputados no emitieron papeleta. Fueron los parlamentarios de Vox, que abandonaron el Pleno y no participaron en la votación. Su presidente, José Ángel Antelo, ya se pronunció en contra del acuerdo alcanzado por populares y socialistas, criticando que «el reparto político» del poder judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha calificado de «magnífica noticia» la aprobación este martes por el Pleno de la Asamblea Regional de la terna de candidatos a la plaza de magistrado por el turno autonómico de la Sala Civil y Penal del TSJMU.
«Es una decisión buena en tres sentidos», ha dicho el presidente del TSJ. «Primero, porque inicia el trámite para poner fin a una grave anomalía generada por la falta de provisión en plazo de dicho puesto, que llevaba vacante más de dos años, tras la jubilación del anterior magistrado del turno autonómico. Segundo, porque se trata de una terna consensuada, en la que ha primado la búsqueda de los mejores perfiles profesionales sobre intereses partidistas. Y, en tercer lugar, por el acierto en la selección de los propuestos: tres magníficos candidatos, profesionales acreditados y reconocidos sin vínculos ideológicos ni partidistas». «En cualquiera de los casos, y sea cual sea quien finalmente resulte elegido como nuevo miembro de la Sala Civil y Penal, ésta se completará con un magnífico jurista», expresó Pasqual del Riquelme.
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