Lunes, 9 de diciembre 2024, 00:27
La ‘Operación Deltaka Aspid’, que la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron de forma conjunta el pasado mayo y que consiguió volver a meter entre rejas a Pedro Sánchez Guirao, ‘El Karateca’, podría acabar costándole un dinero al Ministerio de Interior. Concretamente 2.087 euros. Ese es el importe que reclaman al Ministerio de Interior los arrendadores que tenían alquilada una planta baja en la calle Obispo de Bullas a este traficante de drogas, uno de los más conocidos y carismáticos de la Región.
Esta vivienda se hizo tristemente famosa el pasado mayo cuando los agentes tiraron abajo la puerta para detener de nuevo a El Karateca en esta ocasión acusado de liderar una red de venta de cocaína. Forjado en el cultivo y venta de marihuana, presuntamente había dado un salto de nivel en los últimos tiempos y ahora se llenaba los bolsillos surtiendo de cocaína a ‘garitos’ de media región. Su fotografía abandonando la casa con una sonrisa de oreja a oreja copó numerosas portadas. La operación -que recibe ese nombre por el acrónimo ‘detener al Karateca’ (Deltaka) y en alusión, con áspid, a una continuación de la ‘Operación Pitón’- ha finalizado recientemente dejando tras de sí más de setenta detenciones.
Agentes hallan dinero debajo de una de las camas en el registro.
CNP
Una entrada sorpresiva
Los agentes, al tratar de sorprender al traficante en el registro de la vivienda, causaron daños en las puertas y rompieron varios colchones de la casa en busca de un dinero que, tal y como se comprobó finalmente, el ‘narco’ ocultaba bajo los colchones. En un escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, los dueños de la casa, que está siendo representado por el abogado Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín, inciden en los daños que causaron los investigadores y exigen que el Estado le compense por ellos. Unos daños de los que aportan fotografías y facturas y cuyo valor estima concretamente en 2.807 euros, más los intereses legales.
Los caseros demandan 2.087 euros porque los agentes destrozaron la puerta, colchones, somieres y un sofá
Estos caseros especifican que, según le explicó un vecino, los policías y guardias civiles utilizaron un mecanismo similar a un martillo para fracturar la puerta de acceso a la vivienda -la rapidez en este tipo de operaciones es crucial para evitar que los acusados tengan tiempo de destruir pruebas-. Esa puerta, remarcan los demandantes, tuvo que ser sustituida en su totalidad, al quedar la cerradura forzada e inutilizada. Además, especifican estos vecinos, los agentes «rompieron somieres, colchones, sofás y demás mobiliario».
En su escrito el abogado de estos propietarios sostiene que los destrozos producidos por esta macroperación «son unos daños que un arrendador no tiene el deber jurídico de soportar». Esta parte entiende que se ha producido «un daño evaluable y excesivo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y reclama que Interior costee los daños de volver a poner la casa a punto.
El Karateca se encuentra a día de hoy en prisión provisional, así que esa vivienda tendrá que buscar nuevo inquilino.
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Enlace de origen : La caída de El Karateca puede que salga cara
