Permítanme ustedes que les quite unos minutos de su tiempo en esta hora familiar. Y que sea para hablarles de un tema siempre enojoso: la economía. Pero ustedes saben que a los temas enojosos hay que hacerles frente y cuanto antes mejor». Con esa contundencia y franqueza se dirigió a los españoles en 1977 el economista Enrique Fuentes Quintana. No había pasado ni una semana desde su nombramiento como vicepresidente del Ejecutivo de Adolfo Suárez, y en horario televisivo de máxima audiencia, Fuentes Quintana quiso, en una ya histórica alocución de casi diecisiete minutos, exponer con toda claridad a los ciudadanos la grave situación económica que atravesaba España, con una inflación disparada, como consecuencia sobre todo de la crisis internacional del petróleo de 1973, pero también de enraizados desequilibrios estructurales en nuestro sistema económico.
Aquella intervención televisiva, que se puede encontrar en YouTube, fue el preludio de los Pactos de la Moncloa, en los que, con el apoyo de casi todos los grupos con representación parlamentaria, de los empresarios y de los sindicatos, se aprobaron los acuerdos económicos, políticos y sociales que impulsaron la Transición a la democracia por la vía del consenso. Entre otros acuerdos auspiciados por este economista, recordado estos días en distintos actos porque se cumplen cien años de su nacimiento, figuraba la reforma fiscal que propiciaría la aparición del impuesto sobre la renta de las personas físicas, bajo los principios de equidad y progresividad, que acabó con el caduco e injusto sistema tributario del franquismo.
En los actuales tiempos de antipolítica, populismo, polarización y veleidades autocráticas, la intervención de Fuentes Quintana se erige como un revisitable hito en el camino hacia nuestra democracia, hoy claramente en franco retroceso, como sucede en otros países occidentales. En esa clase magistral televisada de buen juicio y sabiduría económica, Fuentes Quintana dejó para la historia ideas cruciales. Una de ellas es que «las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas, sino políticas». Los Pactos de la Moncloa dieron la razón a quien esa noche dijo que los problemas de país solo se superan con el esfuerzo y la colaboración de todos, incluidos los ciudadanos, como él pidió.
Sus palabras cobran especial fuerza esta semana. Tres años después de la última Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez y los líderes autonómicos debatieron el viernes sobre financiación autonómica, vivienda e inmigración. Auténticos problemas enojosos a los que hay que hacer frente y cuanto antes mejor, pensaría hoy Fuentes Quintana, quien en esa alocución confesó que no tenía vocación política (estuvo siete meses en el cargo) y que si asumió el encargo de Suárez fue por sentido del deber ante una misión «difícil, dura y desagradable».
El escenario hoy es igual de complejo, pero los protagonistas son bien diferentes. Quien ocupa la vicepresidencia que desempeñó Fuentes Quintana es María Jesús Montero, que no es economista sino licenciada en Medicina, aunque lo suyo sí es la política activa, que no dejó de ejercer desde que hace 22 años se convirtió en consejera andaluza de Salud. La gran diferencia entre aquel entonces y este ahora es que ni Montero, ni Sánchez, ni cualquiera de los presidentes autonómicos parecen dispuestos a tomar decisiones «difíciles, duras y desagradables» para los problemas de España. Y ya no digamos permanecer en los cargos no más tiempo del necesario para resolverlos.
A lo máximo que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes fue, sin una propuesta basada en documentos, al compromiso de abordar la quita de la deuda a todas las comunidades, tal como le prometió a ERC para Cataluña. No descarto que, llegado el caso y por vía tributaria, termine por plantearse la posibilidad de incrementar todos los fondos que perciben las autonomías. Pero de lo que no tengo duda es de que ningún dirigente tendrá los arrestos, como no los tuvo Rajoy y ahora Sánchez, para acabar con la inequidad del sistema y el discutible hecho de que un cántabro reciba casi mil euros más que un murciano para mantener su sanidad, educación y dependencia.
Aunque Sánchez prometió empezar a debatir en enero un nuevo modelo (López Miras pidió que esté en el plazo de un año) parecen improbables posibles cambios que supongan retrocesos para algunos territorios y avances para otros. Más aún sabiendo que hoy la más perjudicada es la Región de Murcia y no otra comunidad de mayor peso electoral. La desigualdad territorial tiene visos de enquistarse, con el consiguiente perjuicio para los murcianos. Desde hace más de una década no ha habido inversiones autonómicas de relevancia en nuestra Comunidad y las tensiones de tesorería, esa falta de liquidez para todo tipo de pagos autonómicos, tenderán a manifestarse antes cada año. La promesa de una quita de deuda supondría un alivio para la administración autonómica si la asume el Estado central, aunque de sobra ya sabemos que las deudas se pagan y quiénes son los paganos. Fuentes Quintana no lo ocultaría. Saldría, daría la cara y nos contaría esa enojosa cuestión.
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