La rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales propuesta por Feijóo para que los jóvenes adquieran vivienda no tendría efecto en la Región

La rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales propuesta por Feijóo para que los jóvenes adquieran vivienda no tendría efecto en la Región

Martes, 14 de enero 2025, 10:53

PP y PSOE han decidido abordar, a corto plazo, el problema de acceso a la vivienda por la vía de las medidas fiscales y los estímulos económicos. En la Región, los técnicos de Hacienda, por el contrario, las ven como medidas «complementarias», mientras que los promotores inmobiliarios mantienen que es necesario que las iniciativas ayuden a construir vivienda nueva y satisfacer así la demanda actual de mercado.

En lo que se refiere a la rebaja del tipo impositivo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), propuesta por Núñez Feijóo para la adquisición de vivienda en las comunidades del PP, reduciría al 4% lo que tendrían que tributar los jóvenes. Así lo anunció el líder popular anunció en la cumbre de este fin de semana en Asturias con sus barones, adelantando una medida en la que, en el documento original, no se especifica el límite concreto de edad. Sin embargo, en la Región esa bonificación es aún superior en el caso de los menores de 40 años. Desde Ejecutivo autonómico, destacan que ese 4% en el ITP ya se aplica a la compra de VPO, y que llega a ser todavía más bajo, quedándose en un 3%, en el caso de los menores de 40 años que compren vivienda habitual, familias numerosas y personas con discapacidad superior al 65%.

Los datos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Regional elevan (aún de forma provisional) a 209 millones de euros la recaudación durante 2024 por el tributo de transmisiones patrimoniales. Hasta noviembre, con las medidas de bonificación de la Comunidad, 7.915 jóvenes habían ahorrado 28,5 millones de euros, muy por encima de los 20 millones que inicialmente se habían contemplado en los Presupuestos.

Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), «es fundamental rebajar la fiscalidad, que actualmente supone el 16% del precio de la vivienda», en palabras de su presidente, José Ramón Blázquez. En este apartado incluyen también el impuesto de actos jurídicos documentados, sobre todo en el caso de la obra nueva, donde asegura que se llega a gravar hasta cinco veces un inmueble de nueva construcción.

Sin embargo, desde Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, su secretario general, José Mª Mollinedo, considera que medidas como la bonificación del ITP tienen un alcance social limitado. Además, recuerda que este tributo es uno de los que el Estado cede a la administración regional para su financiación propia. «El coste de la rebaja tendrían que asumirlo las arcas autonómicas, que están temblando. No tiene sentido que posteriormente el Gobierno regional se queje de problemas de infrafinanciación», sostiene Mollinedo.

Según el estudio que realiza el Consejo de Economistas sobre el Panorama de Fiscalidad Autonómica y Foral 2024, la Región se encuentra en lo que podría considerarse un ‘tramo medio’ entre las autonomías que cuentan con un tipo impositivo más alto y las que lo tienen más reducido. En este primer grupo se encuentran Madrid y Navarra, con un 6%, seguidas de Canarias, con un 6,5%, y Andalucía, La Rioja y País Vasco, con un 7%. Junto a Murcia, también Galicia lo grava con un 8%. Tras ellas, Castilla-La Mancha y Cantabria, con un 9%. En Aragón, Asturias y Castilla y León aplican tarifas con varios tramos que, partiendo del 8%, llegan hasta el 10%. En Extremadura, del 8% al 11%. Cataluña y Comunidad Valenciana tienen dos tipos, 10% y 11%, y Baleares, del 8% al 13%.

Medidas sobrevaloradas

Tanto de las propuestas de la Comunidad Autónoma como de la Administración General del Estado que ayer adelantó por su parte Pedro Sánchez, cree Mollinedo que «las medidas fiscales están sobrevaloradas» porque señala que, «en realidad, deberían ser complementarias de las acciones principales para poner vivienda en el mercado». A pesar de eso, sí ve posible que tengan un efecto positivo en el mercado del alquiler cuestiones anunciadas por Sánchez como la aprobación de una nueva exención fiscal del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los propietarios que alquilen su vivienda de acuerdo al índice de precios de referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas o el cambio de régimen fiscal de las Socimi para que solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible.

Núñez Feijóo también apostó el domingo por el aval joven, una medida implantada en la Región desde 2021, y por ampliarlo también hasta los 40 años. El pasado 7 de enero el Consejo de Ministros autorizó al Gobierno murciano a la concesión de avales para la compra de vivienda de jóvenes este año 2025 por 16.250.000 euros. Estos avales se conceden a través de la entidad pública empresarial Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), que es el que otorga la garantía y los beneficiarios de esos avales son personas de hasta 40 años, que reciben hasta el 20% del coste de la vivienda. Antes de que acabara el 2024, el 26 de diciembre, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó la ampliación de esta medida. Ese 20% que se financia corresponde al porcentaje que muchas entidades bancarias no cubren con la firma de créditos y que, según el Ejecutivo murciano, supone una barrera para muchos jóvenes a la hora de adquirir un piso o una casa, ya que no disponen de ahorros aunque sí puedan afrontar el pago de la hipoteca. También se amplió el importe máximo que se puede solicitar, que será para viviendas de hasta 220.000 euros.

Hasta el 30 de noviembre del pasado año, se habían realizado 600 avales por un importe de 11 millones de euros. Esto servía para sostener préstamos hipotecarios por casi 60 millones de euros.

El PSOE acusa al PP de «hacer negocio con los problemas de la gente»

Para el PSOE, las medidas del PP en materia de vivienda «demuestran que sigue haciendo negocio con los problemas de la gente», en palabras de su portavoz regional Carmina Fernández, que exige al Ejecutivo popular de López Miras que cumpla con la ley estatal de vivienda. La socialista remarca que la administración autonómica «no regula los precios del alquiler en las zonas con los alquileres más disparados, lleva ocho años sin construir vivienda pública y se queda con el dinero que envía el Gobierno de España para ayudas al bono alquiler joven». Por otro lado, apunta que la bajada del impuesto de transmisiones a los menores de 40 años al 3% aprobada por el Gobierno regional solo ha beneficiado a 200 personas en toda la Región.

Desde el PP, por el contrario, cree su diputada nacional Miriam Guardiola que dan «soluciones a la emergencia de la vivienda, que lleva 7 años abandonada por el Gobierno de Sánchez». Defiende que las medidas propuestas para ayudar a jóvenes y familias contribuirán a «aumentar la oferta y proteger a los ciudadanos de la ocupación ilegal». Para ella, son «iniciativas de éxito» que son aplicadas por el Ejecutivo murciano. Además, se pregunta «dónde están las 180.000 viviendas que prometió en campaña electoral Pedro Sánchez».

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