El fiscal general declara hoy como investigado por primera vez en la historia judicial española

García Ortiz llega al Supremo solo horas después de que este mismo tribunal haya avalado por unanimidad su nombramiento al frente de la Fiscalía General del Estado, después de la que Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazara el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2023, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.

Ese recientísimo y esperado aval del Supremo, sin embargo, no va a dulcificar en absoluto el trago amargo de someterse a las preguntas del instructor y de las partes, si no se acoge a su derecho a no declarar. Preguntas que no van a girar solo sobre su supuesta participación en la filtración del famoso correo que acabó publicándose íntegramente la mañana del 14 de marzo, sino sobre los motivos que llevaron al fiscal general a borrar todos los mensajes de su móvil y a cambiar de terminal el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al margen del borrado, para el juez instructor Ángel Hurtado, los indicios contra el máximo responsable del Ministerio Público están «apuntalados». Se apoya en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unos documentos confeccionados a partir de los registros que tuvieron lugar el pasado 30 de octubre en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, citada este jueves también como investigada por el mismo delito. Los agentes intervinieron sus dispositivos electrónicos y los correos corporativos.

«Participación preeminente»

En uno de esos análisis posteriores, los investigadores señalaron «la participación preeminente del fiscal general en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración» del correo, fechado a 2 de febrero de 2024. En esa línea, se ha aportado «información de peso» con indicios de que los imputados -posteriormente se sumó a la lista el fiscal Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz- «se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su cargo y no deberían haber sido divulgados».

Pero Hurtado, además, justificó en el auto de citación que hubo un trasvase del citado correo desde la Fiscalía General hasta Presidencia de Gobierno (Moncloa). Un mail en el que el abogado de González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales de su cliente y se abría a un acuerdo. El juez estableció esta conexión a partir de la línea de investigación abierta tras la testifical de Juan Lobato. El exlíder de los socialistas madrileños dimitió tras llevar ante notario un intercambio de mensajes sobre este correo con una asesora de Moncloa, aunque en su auto Hurtado no detalló ningún indicio que le llevara a esta conclusión.

Ante este escenario, la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, considera que el juez «ha omitido elementos de esencial relevancia» que exculpan a los investigados y sostiene que la instrucción ha destapado «múltiples contraindicios», como que los secretos supuestamente revelados por el fiscal general ya eran de conocimiento público mucho antes.

«Bulo»

Varios periodistas a los que Hurtado no ha dado credibilidad testificaron que conocieron el correo antes de que el fiscal general se lo reclamara con urgencia a sus subordinados, la noche del 13 de marzo de 2024, para elaborar la nota de prensa que desmintió el «bulo» lanzado en redes sociales por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, sobre el ofrecimiento del pacto a la defensa de González Amador por parte de la Fiscalía, cuando en realidad fue al revés. En suma, la Abogacía considera que la investigación está sesgada y coloca a García Ortiz «en una situación de indefensión».

Buena parte de esos argumentos de la defensa ya fueron rechazados el pasado lunes por el propio juez Hurtado, quien rechazó la petición del máximo responsable del Ministerio Público de que se retrasara su comparecencia para antes realizar una serie de diligencias, entre ellas escuchar al propio Alberto González Amador.

También rechazó el instructor la petición de la defensa del fiscal general de tener el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, a quien se acusa, además de haber propagado el bulo de que había sido la Fiscalía la que había propuesto el pacto a la pareja de la presidenta, de haber difundido otro mail de la defensa de González Amador.