El desmantelamiento de la fallida dársena deportiva Puerto Mayor y la regeneración de su entorno marítimo y terrestre, proyecto estrella del Gobierno de España para La Manga del Mar Menor, sigue acusando la lentitud de los trámites burocráticos. Y todo apunta a que … hasta 2026 no empezarán las obras de desmontaje de la infraestructura portuaria, ubicada en la vertiente mediterránea y cuya construcción quedó a medias al caducar los permisos otorgados por las administraciones públicas (el Consejo de Ministros en 1975 y la Comunidad Autónoma posteriormente) a la promotora Puerto Mayor SA, una empresa vinculada al fallecido empresario Tomás Maestre.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tiene pendiente publicar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de «retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las mismas, declarado de interés general del Estado y que incluye la mejora de la playa o Caleta del Estacio. LA VERDAD preguntó al departamento que dirige Sara Aagesen por el estado de tramitación y por sus previsiones respecto a la fecha de inicio de las obras. Fuentes de la Oficina Técnica del Mar Menor señalaron que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio ultima la elaboración de la DIA, para publicarla en los primeros días de febrero y avanzar en la tramitación administrativa. Y, según fuentes estatales, si no hay contratiempos, todo estará listo para que la obra empiece en 2026.
El presupuesto asignado por el Ejecutivo central es de 23,2 millones de euros y el plazo de ejecución, de dieciocho meses. En principio, la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2025 no será un impedimento para llevar a cabo la contratación de las obras, ya que la prórroga de las Cuentas facilita al Ministerio emplear fondos para este proyecto, indicaron las citadas fuentes.
Esta iniciativa, de interés general del Estado, incluye retirar las tablestacas y el traslado de tierras con metales pesados
El proceso administrativo aún por completar incluirá la adaptación del proyecto para cumplir con las observaciones que recoja la Declaración de Impacto Ambiental; el examen del expediente por parte de la Abogacía y de la Intervención General del Estado, cuya autorización es necesaria; y, finalmente, la licitación del proyecto de obras. Solo este último paso, indicaron las fuentes consultadas, implica un proceso de al menos seis meses.
Cabe recordar que la tramitación se empantanó a raíz de una decisión clave adoptada hace un año por el Ministerio: someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria, y no a una más sencilla. Esta variación obedeció a la presencia de metales pesados en los materiales de relleno del puerto y la posible afección de las obras de retirada de las tablestacas y otras tareas a espacios marinos y terrestres protegidos por la Unión Europea, a través de la Red Natura 2000.
Ribera confiaba en 2025
La exministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, llegó a afirmar en abril de 2023, durante una visita a la zona, que el proyecto podría estar «listo y preparado» en 2025. Ribera reconoció que el proceso de información pública del expediente podría «retrasar» estas previsiones. En todo caso, puso el acento en que se trataba de una iniciativa «emblemática», cuya finalidad era acabar con años de un «espacio cerrado» y preservar «un ecosistema particularmente sensible» por su carácter de «salida natural al Mediterráneo desde el Mar Menor».
El Gobierno tendrá muy difícil repercutir los 23,2 millones de inversión a la promotora de la dársena, que carece de fondos
Sobre el momento actual, las fuentes consultadas indicaron que se espera el visto bueno de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental al proyecto diseñado desde la Demarcación de Costas en la Región de Murcia sin grandes modificaciones, más allá de las habituales en este tipo de expedientes. Estas variaciones, que en cualquier caso obligarán a adaptar el proyecto para cumplir con las exigencias técnicas y legales, no afectarían a una de las cuestiones más sensibles: el manejo de 90.000 toneladas de suelos contaminados por metales pesados.
Traslado de residuos mineros
Se trata de materiales de relleno del puerto que presentan concentraciones de plomo y arsénico, de origen minero. El proyecto plantea extraerlos del fondo marino y trasladar en camiones a un vertedero de residuos peligrosos situado en el municipio de Alhama de Murcia. Otra alternativa es mantener estas tierras en el mar y encapsularlas, una opción que habría quedado descartada.
Teresa Ribera (dcha.), en Puerto Mayor en 2023. A su lado, el exlíder del PSRM José Vélez y Francisca Baraza, comisionada del Ministerio.
Pablo Sánchez/ AGM
La citada Dirección General trabaja en la DIA desde el pasado mes de agosto, cuando dispuso de todos los informes sectoriales, entre ellos los de la Comunidad Autónoma. El año pasado, el Gobierno central apremió al regional para que le entregara los suyos y pusiera fin a lo que consideraba una serie de demoras que estaban frenando este importante proyecto para la mejora de la costa murciana.
Pocos días después de que este diario se hiciera eco del retraso, la Consejería de Medio Ambiente remitió al Ministerio los documentos con el parecer de sus técnicos, que dieron el visto bueno al proyecto bajo ciertas condiciones. Entre ellas, están la vigilancia sobre el transporte de los materiales con metales pesados y la inspección de las praderas de ‘Posidonia’ y ‘Cymodocea’ en el entorno. Las tablestacas presentan corrosión y hay unos fragmentos rotos y otros hundidos.
Más de 900 amarres
En el plano económico, el Ministerio tendrá «casi imposible» recuperar la inversión de 23,2 millones imputando los gastos a Puerto Mayor SA. Así lo indicaron a este diario fuentes de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), en referencia a que ha salido a la luz la situación de «insolvencia» de esta empresa.
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Explicaron que la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha comunicado a Anse que la compañía no dispone de fondos con los que afrontar las costas judiciales (unos 5.200 euros) del pleito interpuesto en 2005 contra la empresa por el entonces Ministerio de Medio Ambiente. En esa causa, donde Anse ejerce la acusación particular, el Tribunal Supremo confirmó la caducidad de la concesión administrativa y las prórrogas otorgadas a la promotora para ocupar el Mediterráneo con más de 900 amarres para barcos de recreo.
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Enlace de origen : La larga tramitación amenaza con retrasar el desmontaje de Puerto Mayor a 2026
