A punto de terminar 2024, en la sesión del Consejo de Gobierno del 26 de diciembre, y antes de que se prorrogara el Presupuesto con el inicio del nuevo año, el Ejecutivo autonómico aprobó hasta trece modificaciones presupuestarias por valor de 44 millones de … euros. Este trámite corriente y común en las administraciones públicas no podría haberse llevado a cabo con las cuentas prorrogadas, una medida que finalmente apareció publicada en el BORM al día siguiente, el 27 de diciembre.
De entre esas modificaciones, destaca por lo elevado del montante una de 30,2 millones de euros, procedentes del fondo de recursos presupuestarios de la Comunidad, y que se destinará a que el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (Icref) pueda seguir manteniendo la línea de financiación a pequeñas y medianas empresas, según aclaran fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, cuyo titular es Luis Alberto Marín.
Este departamento lo atribuyen a «la voluntad del Gobierno regional de apoyar al tejido empresarial» mediante la concesión de financiación con condiciones ventajosas a las empresas, autónomos y organizaciones con fin social que lo soliciten». «El objetivo final es obtener mejores condiciones financieras para que puedan ser más competitivos», añade la Consejería.
Al redotar al Icref con estos más de 30 millones, esta entidad podrá ampliar la aportación de fondos a líneas en vigor que hayan agotado la dotación inicial como consecuencia de la aceptación y desarrollo de las mismas. La Consejería detalla que es algo que ha ocurrido en el caso concreto de la Línea Icref Financia 100 y la Línea Icref+Agro.
También podrá implementar nuevos instrumentos de financiación y apoyar a sectores que se estén viendo afectados por acontecimientos coyunturales (desde la dana de 2019 a la sequía de 2023), mantener otras líneas como la de anticipos al tercer sector de acción social y también disponer de fondos propios para la instrumentación de la cofinanciación necesaria del 40% de fondos propios en la aplicación de los fondos del programa FEDER 2021-2027 asignados al Icref.
Cambios «habituales»
Sobre el resto de modificaciones presupuestarias de ese 26 de diciembre, fuentes de la Consejería de Hacienda aclaran que «suele ser habitual todos los años» ya que la previsión de gasto se realiza sobre el mes de septiembre antes de que se apruebe el Presupuesto. Es por eso que «puede detectarse la necesidad de ejecutar un gasto mayor o menor en alguno de los 3.200 proyectos que contiene el Presupuesto frente a lo estimado quince meses antes». También por eso, cuando se aproxima el cierre del ejercicio, «se evalúa priorizar el gasto de algunas partidas que puedan ofrecer un mejor servicio al ciudadano».
Estos cambios, en todo caso, recuerdan que son habituales y que permiten ajustes en el presupuesto aprobado «para adaptarlo a nuevas necesidades o circunstancias que surjan durante su ejecución». Pueden ser movimientos de fondos entre partidas presupuestarias dentro del mismo capítulo o entre capítulos distintos, «sin aumentar el gasto total», dice la Consejería de Hacienda. También se puede dar para recuperar créditos no gastados en ejercicios anteriores para ser utilizados en el actual, o cuando requiere una aprobación específica.
Así, entre los cambios que se realizaron antes de que acabara 2024, se autorizó también una modificación de crédito por 10 millones para la prestación del servicio de menores tutelados a través el Instituto Murciano de Acción Social (Imas).
La ley de simplificación administrativa se tramitará vía decreto
Aprobar la cuarta ley de simplificación administrativa era uno de los objetivos que se marcó el Gobierno regional en 2024 y, sin embargo, no verá la luz hasta 2025. Y no lo hará como proyecto ni proposición de ley a la Asamblea Regional, sino que se tramitará vía decreto, como confirmó el portavoz parlamentario del PP en el parlamento autonómico, Joaquín Segado. A pesar de que esta formación ha sido especialmente crítica con el PSOE de Pedro Sánchez por el recurso a los decretos como alternativa a la tramitación legislativa, mantiene que el objetivo es que «tenga efectos legales desde su aprobación y una vez que entre en vigor». Cuando se produzca esa aprobación por parte del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo dispondrá de 30 días para someterla al trámite de convalidación en la Asamblea. En ese caso, la norma puede ser rechazada si no encuentre apoyos pero también, aunque se convalide, puede ser que a petición de algún grupo se tramite como proyecto de ley.
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Enlace de origen : La Comunidad inyecta 30 millones para seguir financiando pymes en 2025
